PNL/000757-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de diciembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000754 a PNL/000758.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de diciembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española atribuye al Estado "la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas".

Del citado precepto se deriva la igualdad de derechos de los asegurados cualquiera que sea el lugar donde residan y por su sola condición de tal, puesto que tales derechos se ejercen frente a un único titular, el Estado, obligado a aplicar el principio de solidaridad financiera, no discriminando por razón del territorio. Ligado directamente con lo anterior, en el propio artículo 149 de la Constitución Española se recoge de forma implícita el principio de Unidad de Caja, contemplado de forma expresa en el artículo 21 de la Ley de Seguridad Social cuando establece que la Tesorería es la "caja única del sistema" y, también, en el artículo 74 cuando se establecen los principios de "solidaridad financiera y caja única".

Normas que deben interpretarse a la luz de la doctrina constitucional, que en numerosas sentencias (124/89, 195/1996, 16/2013, entre otras) expresa que "el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social, en todo el territorio nacional, con independencia de que ese titular exclusivo (el Estado) pueda utilizar distintos entes recaudadores y registradores"; lo que significa, lisa y llanamente, que trabajadores y empresarios cotizan, y esa cotización va a un fondo común que, posteriormente, se reparte con un doble criterio: respetando una cierta proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido, y dejando un margen para que el Gobierno tome sus propias decisiones en el marco de las políticas públicas que considere oportunas.

Según el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el principio de unidad de caja debe entenderse como la voluntad del Estado de racionalizar en el tiempo y en la totalidad del territorio nacional la distribución de fondos de la Seguridad Social, para responder de forma universal y solidaria al conjunto de necesidades que deben ser protegidas.

Tras las elecciones del 23 de julio, y la suscripción, recientemente, del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, la posible transferencia del régimen económico de la Seguridad Social vuelve a ser objeto de debate público, lo cual no resulta novedoso, toda vez que ya fue una de las condiciones pactadas por los representantes del PSOE y del PNV para investir a Pedro Sánchez en 2019, y acordaron negociar la misma antes de 2021. Compromiso que desde el Gobierno se dio por cumplido con la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Traspaso que fue duramente criticado no solo por el Partido Popular y otras fuerzas políticas, sino también por las organizaciones sindicales y empresariales, los letrados e interventores de la Seguridad Social, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y otros colectivos, al igual que sucede hoy con el acuerdo anteriormente reseñado, por entender, todos ellos, que la citada transferencia supone la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Este acuerdo choca frontalmente con la Constitución Española, rompe la solidaridad del sistema y la igualdad entre todos los españoles. Permitir que sean las Comunidades Autónomas las que puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, incapacidades, subsidios, etc.) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social.

La Seguridad Social es el gran proyecto común de todos los españoles, el principal sistema de protección social del Estado, y con el acuerdo alcanzado por estos dos partidos se hace, más que nunca, necesario poner de manifiesto la relevancia que dentro de la Seguridad Social y del Pacto de Toledo adquiere la caja única como pilar para sostener el sistema público de pensiones.

La caja única de la Seguridad Social es uno de los principales mecanismos de garantía del bienestar social y un importantísimo eje vertebrador de la cohesión económica y social en España, de manera que su ruptura provocaría un grave e irreparable desequilibrio.

Por todo cuanto antecede, el GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR propone la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, sobre la consideración de que la unidad del sistema de la Seguridad Social es imprescindible para garantizar la eficacia del principio de solidaridad y para la igualdad de los españoles, y reafirmando que el régimen económico de la Seguridad Social, basado en el principio de caja única, es un elemento esencial para preservar la unidad del sistema y el cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes, insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a que, dentro del marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, garantice el mantenimiento del principio de caja única de la Seguridad Social como un pilar fundamental de nuestro sistema de protección social, evitando, en todo caso, realizar cualquier acción o negociación que implique su ruptura o transferencia, quebrando con ello los principios de solidaridad e igualdad entre todos los españoles".

Valladolid, 12 de diciembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano