PL/000009-03

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 11 de marzo de 2024, ha admitido a trámite las enmiendas a la totalidad, con devolución del texto del proyecto de ley a la Junta, presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, PL/000009.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de marzo de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 110.3 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas remitido a la Cámara junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2024, como en años anteriores, se nos presenta a modo de ley Ómnibus utilizando de manera inapropiada y sin atender a la lógica jurídica este proyecto de ley para modificar hasta 13 leyes, obviando que muchas de ellas, en su momento, fueron objeto de negociación y consenso entre el Gobierno de Castilla y León y la oposición, rompiendo así con acuerdos anteriores y pretendiendo además la modificación de leyes que regulan materias de carácter no tributario y que no guardan relación alguna con los ingresos y gastos de la Comunidad Autónoma. Todas estas modificaciones son fruto de la absoluta arbitrariedad del Gobierno de Castilla y León de manera que, no sólo han dejado al margen al resto de grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, sino que han eludido la participación de la sociedad argumentando de manera falaz que dicha participación está avalada por la propia Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León cuando lo cierto es que no es así, pues son objeto de regulación por esta ley que ahora debatimos otras materias administrativas que no guardan relación alguna con la ley de presupuestos a la que acompañan.

Arbitrariedad que tal vez esté justificada en ese afán del Gobierno actual de Castilla y León de favorecer a los colectivos que más ganan dejando de lado a la mayoría de la sociedad castellana y leonesa, evitando la adopción de medidas que aumenten la recaudación mediante el incremento del gravamen de las rentas y del patrimonio de aquellas personas que más tienen, que más ganan y más heredan; algo fácilmente comprobable ante el escaso número de ciudadanas y ciudadanos de esta Comunidad Autónoma que obtienen beneficios fiscales con sus medidas; por ejemplo, en la deducción por nacimiento o adopción en entidades locales menores, sólo se beneficiarán 115 contribuyentes, en el mejor de los casos.

El Gobierno de España ha entregado a Castilla y León 1.199 millones de euros más que el año pasado, en concreto son 9.334 millones los ingresos procedentes del modelo de financiación autonómica, es evidente que no se destinan a gasto social y, por tanto, no llegan a la mayoría de la ciudadanía.

Pero no solo no aprovechan adecuada y correctamente los miles de millones que el Gobierno de España nos ingresa por el modelo de financiación autonómica; es que, a mayores, cercenan a esta Comunidad Autónoma su capacidad de gasto y lo hacen con hechos tan graves como el que tuvo lugar en el Pleno del Senado del pasado 6 de marzo, donde con los votos del Partido Popular se rechazaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, votaron en contra de la senda de déficit planteada por el Gobierno de la Nación para el periodo 2024-2026, en la que se contemplaba para Castilla y León el 0,1 % de déficit por importe de 70,7 millones de euros para nuestra Comunidad Autónoma, lo cual afecta y perjudica a las cifras de este presupuesto autonómico para 2024.

De este modo, observamos lo poco que interesa al Gobierno de Castilla y León el bienestar de la mayoría de los castellanos y leoneses: no invierten en gasto social la totalidad de lo que le Gobierno de España destina a esta tierra en financiación autonómica, rechazan los 70,7 millones destinados a gasto, mediante déficit, por el Gobierno de España para Castilla y León y nos presentan unos presupuestos donde se adoptan medidas discriminatorias, como las de acotar bienes comunales para destinarlos a otros objetivos distintos de los originales, de manera que se transforma el principal uso previsto para el coto no beneficiando al conjunto de los vecinos y vecinas o medidas como los incentivos en función de la proximidad del territorio a la capital de provincia, sin ofrecer una definición clara y concisa de municipio rural, llevando a contradicciones y a desigualdades entre los castellanos y leoneses a la hora de poder beneficiarse de las posibles deducciones fiscales, sin considerar que la despoblación hay que combatirla mediante inversiones y actuaciones coordinadas que permitan, de verdad, la igualdad de acceso a los servicios esenciales en cualquier territorio de la Comunidad Autónoma o mediante estímulos económicos, financieros y una verdadera fiscalidad diferenciada que supongan atractivo suficiente para que nuestros jóvenes puedan elegir permanecer o trasladarse a zonas escasamente pobladas.

En definitiva, esta ley contempla una serie de medidas que son fruto de la falta de consenso y del afán de ofrecer beneficios fiscales elitistas alejando, cada vez más, a esta Comunidad Autónoma del espacio de las Comunidades más avanzadas, dejando de invertir en esta tierra los millones que desde el Gobierno de España recibimos para ese avance y progreso, despreciando la Agenda 2030 con un sentimiento antieuropeísta que, probablemente, sea fruto de la influencia de la extrema derecha en el Gobierno, a sabiendas de que ello contribuirá, más aún, a afianzar el retraso de nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, se solicita la devolución del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 11 de marzo de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández