PNL/000876-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de abril de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000875 a PNL/000877.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de abril de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Una democracia no puede permitir "tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años y no saber dónde están enterrados los muertos". Así presentaba el Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

La Constitución española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española con el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la Segunda República elegido democráticamente, al que siguieron la cruenta guerra y cuarenta años de dictadura y una durísima represión franquista.

La España democrática de derechos y libertades en la que hoy vivimos fue posible gracias al esfuerzo y sacrificio de muchos demócratas.

Reparar la memoria de las víctimas de la dictadura franquista es un deber democrático esencial. Ese deber democrático se plasmó el 28 de julio de 2006, cuando el Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Con fecha 31 de octubre de 2007 las Cortes Generales aprobaron la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y que popularmente es conocida como la Ley de Memoria Histórica.

Según declara el preámbulo de la misma, "El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora".

La Junta de Castilla y León con el Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, reconocía la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Un decreto con el que, según las palabras del propio Presidente Juan Vicente Herrera, "se honra a quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la Dictadura Franquista...".

Un decreto que, según la Junta de Castilla y León en 2018, tenía como objetivo fundamental "colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la guerra civil para que sus familiares los puedan enterrar".

De esta manera la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconocía, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tenía y tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.

Frente a ello, el actual Gobierno de Castilla y León, con Mañueco a la cabeza, hace alarde de su cara más ultraderechista y, en un ejercicio de absoluto desprecio a la democracia, a la Constitución española y a las víctimas del golpe de Estado de 1936, pretende eliminar un Decreto que fue consensuado por todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y Léon, y que tiene por objeto el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, tal y como se recoge en el artículo uno.

Las democracias avanzadas reconocen y recuerdan a aquellos hombres y mujeres que lucharon por su consecución, que la defendieron de quienes se oponían a su consolidación y que se esforzaron por su recuperación.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León, condenando el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista, y rechazando cualquier revisionismo histórico que justifique o que trate de rehabilitar regímenes antidemocráticos, instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Mostrar su solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y a quienes padecieron persecución, violencia o muerte durante ese oscuro periodo de nuestra historia que fue la dictadura franquista, así como al reconocimiento de la dignidad de las víctimas del franquismo, colaborando con sus familias a fin de que sus restos reciban el destino digno que merecen contribuyendo a la restitución y mantenimiento de su memoria y a celebrar un acto institucional el 31 de octubre de cada año en recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura, tal y como dispone el artículo 7 de la Ley de Memoria Democrática.

2.- Colaborar con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica para promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitar los procesos de exhumación durante la dictadura, así como actuaciones de sensibilización de la sociedad castellana y leonesa.

3.- Potenciar la investigación histórica de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y la Transición en el actual territorio de Castilla y León, fomentando los convenios con las universidades públicas de la Comunidad Autónoma y con el Centro Documental de la Memoria Histórica ubicado en la ciudad de Salamanca, así como convocando becas y subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos competitivos en materia de memoria histórica democrática en Castilla y León.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández