PNL/000877-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de abril de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000875 a PNL/000877.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de abril de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La Ley 22/2009 regula el Sistema de Financiación de las comunidades autónomas de régimen común, entre las que se encuentra Castilla y León, estableciendo un modelo en el que la equidad y la suficiencia financiera constituye uno de sus ejes básicos, para garantizar el conjunto de competencias autonómicas que se instrumentaliza a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Su transferencia a las comunidades autónomas o, lo que es igual, su participación en el mismo tiene como finalidad asegurar que las diferentes comunidades autónomas reciben los mismos recursos por unidad de necesidad, para financiar los servicios públicos esenciales del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación o Servicios Sociales, aplicando para ello variables de reparto, con una ponderación establecida en la propia ley.

La población, con un 30 %; la población protegida equivalente, con el 38 %; o la población menor de 16 años, con el 20,5 %, son las variables que aglutinan el grueso de los fondos a transferir. Frente a las mismas, la superficie, con tan sólo un 1,8 %; o la población mayor de 65 años, con un 8,5 %, se quedan en una posición irrelevante en este reparto.

Se pone de manifiesto, con ello, la penalización que el actual modelo de financiación representa para Castilla y León y la necesidad de acometer, de forma urgente, como ya venimos reclamando desde hace tiempo, también en estas Cortes, la reforma del actual modelo de financiación autonómica.

Una cuestión vital para esta Comunidad, que enfrenta año a año, con un gran esfuerzo económico, la adecuada prestación de sus servicios públicos esenciales, con un déficit de financiación anual de 395 millones de euros y una infrafinanciación acumulada desde el año 2009 próxima a los 6.000 millones de euros. Aun así, Castilla y León sigue avanzando en la calidad de sus servicios públicos, estando a la cabeza de los mejores de España, como así lo acreditan informes externos independientes.

Reseñar, una vez más, que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, también una de las tres más extensas de Europa, con una superficie de 94.226 km2, con 2.248 municipios y 2.227 entidades locales menores; con una densidad de población media de 27 habitantes por kilómetro cuadrado y una población mayor de 65 años del 26,8 %.

Características singulares que legitiman y dan fuerza a nuestros argumentos, con los que defendemos y reclamamos un modelo de financiación autonómico justo para Castilla y León, que tenga en cuenta con mayor relevancia el territorio, el poblamiento y su dispersión, la tasa de envejecimiento. Porque los servicios públicos se prestan, con gran esfuerzo económico, para llegar a todos los habitantes, en igualdad de condiciones, vivan donde vivan.

Una demanda que, una vez más en estas Cortes, manifestamos y defendemos, ahora incluso con mayor fuerza, para salvaguardar los principios de igualdad entre todos los españoles, de solidaridad y de cohesión territorial de nuestra Comunidad con el resto de España.

Principios estos que, como todo el mundo sabe, están siendo puestos en serio peligro por el Gobierno de España. El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, suscrito al principio de legislatura entre el PSOE y ERC, incluyó ya una condonación del 20 % de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); 15.000 millones de euros, además de 1.300 millones de intereses. Cuestión que este Grupo Parlamentario Popular ya trajo a esta Cámara en forma de Proposición no de Ley el 22 de noviembre de 2023, siendo aprobada por el Pleno de la Cámara con el voto sorprendentemente en contra del Grupo Socialista.

Una resolución que expresaba textualmente:

"Las Cortes de Castilla y León, ratificando en su totalidad el contenido del acuerdo del Pleno de las Cortes de Castilla y León adoptado en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2023, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000616, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y que contó con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, y denunciando que los acuerdos suscritos entre el PSOE y ERC y entre el PSOE y Junts, para la investidura de Pedro Sánchez, quebrantan dicha PNL así como los principios recogidos en el acuerdo suscrito entre la Junta de Castilla y León y todos los Grupos Parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León el día 13 de abril de 2016 en materia de financiación autonómica, así como los principios que constan en la Declaración Institucional firmada el 19 de febrero de 2018 por la Junta de Castilla y León con los gobiernos de Aragón, Galicia y Asturias, así como en la Declaración de Santiago de 23 de noviembre de 2021, en la que a los anteriores se unieron los gobiernos de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Instan a la Junta de Castilla y León a que traslade al Gobierno de España su compromiso inquebrantable con la unidad de nuestra nación y la solidaridad entre los territorios, manifestando, como siempre ha sucedido cuando los principios y valores constitucionales se han visto amenazados, su firme voluntad de defender la Constitución Española, como referencia fundamental de nuestro estado social y democrático de derecho, y como consecuencia de ello exprese su oposición a los acuerdos suscritos entre el PSOE y ERC y entre el PSOE y Junts, para la investidura de Pedro Sánchez, por cuanto los mismos:

1. Fracturan el Sistema de Financiación Autonómica, generando desigualdades interterritoriales en la financiación de los servicios públicos fundamentales.

2. Condicionan la capacidad financiera de la Administración general del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas.

3. Obvian la necesaria concurrencia y consenso multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

4. Condonan a una comunidad autónoma, al margen del resto, una deuda de nada menos que 15.000 millones de euros, vulnerando el principio de igualdad de trato entre todas las Comunidades de régimen común.

5. Quiebran el principio de lealtad constitucional en el diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas, vulnerando el orden constitucional".

Pero las exigencias de los socios independentistas de Pedro Sánchez no se han detenido en la condonación de la deuda a Cataluña, el pasado 20 de marzo el presidente de la Generalidad hizo pública su propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña, según el cual éste recaudaría el 100 % de los impuestos que se ingresan en Cataluña, sobre los que además tendría capacidad normativa. La propuesta incluye una transferencia al Estado para financiar los servicios y las inversiones que ejecute en Cataluña y, además, establece que la contribución de Cataluña al fondo de solidaridad interterritorial sería "fijada bilateralmente" con el Ejecutivo central y "sometida a unos objetivos y limitada en el tiempo".

El planteamiento resulta a todas luces inconstitucional. Además, como señala la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, dividiría la Agencia Tributaria, perjudicaría la lucha contra el fraude fiscal, acarrearía un importante recorte de los servicios públicos al atacar el actual Sistema de Financiación Autonómico basado en la solidaridad entre territorios, y, por supuesto, beneficiaría a Cataluña logrando un estatus de privilegio en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Es decir, quebraría por completo el principio de igualdad que propugna nuestra Constitución, además haría imposible la efectividad del principio de solidaridad interterritorial.

De salir adelante el "cupo catalán", el Sistema Tributario español contaría con menos recaudación, y en consecuencia se quebraría la caja única de la que salen los recursos para financiar los servicios esenciales que se prestan en todos los territorios.

Además de la contundente respuesta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, muchas han sido las reacciones desde todos los rincones de España contrarias a esta atrocidad, líderes políticos, asociaciones, instituciones, gobiernos autonómicos, también socialistas. Sin embargo, ha sorprendido la tibieza, cuando no el silencio del Gobierno de España, que públicamente se ha limitado a señalar que se trata de una propuesta "oportunista, para confrontar con el PSC", eludiendo un posicionamiento contrario a la barbaridad planteada.

Este silencio cómplice del Gobierno para con las exigencias de sus socios no es, ni muchos menos, nuevo, y desgraciadamente sabemos que esconde una predisposición a ceder a las presiones de sus socios radicales.

Los intereses de Castilla y León, entre tanto, vuelven a ponerse en riesgo por la debilidad y deslealtad inconstitucional del Gobierno de Sánchez. La reivindicación de una financiación sin privilegios, negociada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la participación de todas las Comunidades Autónomas, con la garantía de la salvaguarda de los principios de igualdad y solidaridad, exigen un posicionamiento contundente del Gobierno de España ante la propuesta de ruptura de la Generalidad, una respuesta que no deje lugar a duda alguna sobre el compromiso de salvaguarda de los principios que rigen el Sistema de Financiación en España. Un compromiso que habrá de formalizarse ante todos los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes.

También es necesario que desde Castilla y León lancemos un mensaje contundente de unidad frente a este auténtico ataque a nuestra autonomía. Es importante que volvamos a los tiempos en los que la defensa de los intereses de Castilla y León primaba sobre los intereses políticos de los partidos políticos representados en las Cortes, y que se rompió, esperemos que no de forma definitiva, cuando el Partido Socialista, el 22 de noviembre de 2023, votó en contra de la PNL presentada en defensa de la unidad de nuestra nación y la solidaridad entre los territorios, y votó a favor de la condonación de la deuda a Cataluña.

Por ello, y en base a lo expuesto en estos antecedentes, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, reiterando su compromiso inquebrantable con la unidad de nuestra nación y la solidaridad entre los territorios, manifiestan su oposición radical a la propuesta de financiación singular para Cataluña, e instan a la Junta de Castilla y León para que requiera al Gobierno de España a que:

1. De forma inequívoca y contundente exprese que, en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, aceptará nunca una financiación singular para Cataluña, ni tampoco negociará nunca con la Generalidad de Cataluña, ni con ningún partido o grupo parlamentario de esa Comunidad Autónoma, cualquier acuerdo que implique o pueda implicar la fractura del Sistema de Financiación Autonómica, o que pueda condicionar la capacidad financiera de la Administración general del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, o que condone a esa Comunidad Autónoma una parte de su deuda.

2. Convoque de forma urgente la Conferencia de Presidentes para que formalice ante ellos la oposición del Gobierno de España a la propuesta de financiación singular de Cataluña; y les garantice que cualquier modificación en el Sistema deberá ser exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y nunca de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma, ni tampoco de un acuerdo entre partidos o grupos parlamentarios".

Valladolid, 2 de abril de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano