PNL/000975-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de junio de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000962 a PNL/000982.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de junio de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Diego Moreno Castrillo, Fernando Pablos Romo, Nuria Rubio García, Javier Campos de la Fuente y Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

En los últimos años, varios colegios públicos de León han manifestado síntomas evidentes de deterioro debido, principalmente, a un proceso normal de envejecimiento de sus edificios, que acumulan más de 60 años de antigüedad y que, en todo ese tiempo, no han sido objeto de las inversiones necesarias para prolongar su vida útil.

Esta situación no es fruto de la casualidad: la Junta de Castilla y León ha estado permanentemente ocupada en promocionar la enseñanza concertada, descuidando muchos aspectos de la educación pública, entre otros, sus infraestructuras. Imágenes de pasillos recorridos por multitud de grietas o aulas anegadas por las goteras desgraciadamente son habituales en estos centros, nos dan muestras de que el deterioro de estas infraestructuras, en algunos casos, es de tal magnitud que no solo condiciona la calidad de la enseñanza, sino que compromete seriamente el bienestar, incluso la seguridad, del alumnado.

Desgraciadamente, la Junta de Castilla y León no parece estar dispuesta a asumir su responsabilidad. En las numerosas ocasiones en las que el Partido Socialista ha planteado públicamente el problema, la Junta ha tirado balones fuera, pretendiendo derivar el problema hacia las Administraciones locales. Sin embargo, la renovación de las infraestructuras educativas es una competencia exclusiva de la Junta. Por tanto, es a la Consejería de Educación a quien compete tanto la construcción de los colegios como la ejecución de aquellas inversiones necesarias para la renovación de las instalaciones que han agotado su vida útil y cuya funcionalidad no puede recuperarse con tareas de simple mantenimiento.

Tal y como ha explicado en numerosas ocasiones el actual alcalde de León, José Antonio Díez, desde el Ayuntamiento se puede mejorar el mantenimiento y la limpieza de estos edificios públicos, pero, cuando se manifiestan problemas que afectan a la cubierta o a la propia estructura del edificio, no se pueden abordar limpiando canalones ni tapando grietas. En estos casos, se hace necesario llevar a cabo una actuación de mayor calado, para lo que un ayuntamiento no cuenta ni con la dotación presupuestaria ni con las competencias legales para llevarla a cabo.

Desde el Grupo Socialista comprendemos perfectamente el enfado y el hartazgo de los padres y madres que tienen que ver cómo, día tras día, sus hijos e hijas acuden a centros que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, sin que ninguna Administración tome cartas en el asunto. Es comprensible, incluso, que sus protestas se dirijan hacia los responsables municipales puesto que son quienes más cerca están de los ciudadanos y de sus problemas y, en ocasiones, especialmente en esta Comunidad Autónoma, se les considera omnicompetentes.

Sin embargo, es responsabilidad de este Parlamento dirigir esta justa reclamación de la comunidad educativa de León hacia la Administración realmente competente y que dispone de las competencias y de los recursos necesarios para renovar las infraestructuras educativas de la provincia, que no es otra que la Junta de Castilla y León.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

- Realizar urgentemente un estudio exhaustivo del estado de los edificios de los colegios públicos de la ciudad de León, recabando los informes de los técnicos municipales y de la delegación provincial de educación de León en el que se detallen, además, las intervenciones necesarias para recuperar el desarrollo normal de la actividad lectiva en estos centros y garantizar la seguridad y el bienestar de profesores y alumnos.

- Aprobar de forma inmediata un plan especial de inversiones prioritarias educativas para la provincia de León en el que se contemplen las actuaciones reflejadas en el anterior informe y se actúe con urgencia en aquellos colegios e institutos públicos que estén sufriendo de forma más intensa problemas estructurales, como los CEIP La Palomera, San Claudio, Quevedo, Puente Castro y Antonio González de Lama de la ciudad de León, los CEIP Trepalio y Teodoro Martínez Garañón y el parvulario Antonio Valbuena de San Andrés del Rabanedo, el CEIP Santa María de Arbás en Villamanín y los IES Álvaro de Mendaña y Europa de Ponferrada, así como el CEIP La Cortina de Fabero, entre otros".

Valladolid, 24 de mayo de 2024.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo, Fernando Pablos Romo, Nuria Rubio García, Javier Campos de la Fuente y Yolanda Sacristán Rodríguez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández