M/000039-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de julio de 2024, ha admitido a trámite la moción, M/000039, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de despoblación, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 13 de junio de 2024.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de julio de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000039, relativa a "Política general de la Junta en materia de despoblación":

ANTECEDENTES

El reto demográfico, y particularmente la lucha contra la despoblación, es el gran desafío de Castilla y León.

Nada tiene más impacto en el día a día de sus habitantes y en su calidad de vida, y muy especialmente en la de quienes viven en el medio rural, por lo que implica de igualdad efectiva de derechos en todo su territorio. Y nada va a condicionar más nuestro futuro, que en muchas zonas de Castilla y León ya es presente, que el cambio demográfico, en términos de envejecimiento, masculinización, necesidad de población inmigrante o baja natalidad, por lo que puede suponer de incapacidad para mantener la actividad económica y prestar los servicios necesarios en nuestro territorio.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones en los últimos 37 años, a pesar de que debería tener la lucha contra la despoblación entre sus prioridades, derivadas de las competencias que establecen los art. 16.8 y 16.9 del Estatuto de Autonomía.

La inacción del Gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León en materia demográfica tiene consecuencias dramáticas. La Comunidad ha perdido más de 150.000 habitantes desde 2010; esta tendencia se mantiene también desde 2018, cuando Castilla y León tiene una evolución negativa mientras el país aumenta su población en más de 2 millones de habitantes. Incluso en los periodos de equilibrio o mínima recuperación de la población, nuestra Comunidad Autónoma pierde peso demográfico en España, y parece que la situación va a mantenerse, a la vista de las proyecciones demográficas publicadas por el INE en un horizonte de 2035.

Además, para hacer frente al reto demográfico, esta acción debe ser transversal porque en la última década nuestra Comunidad ha perdido 20 centros de enseñanza de Bachillerato, 5.940 empresas al por menor y en el último lustro 400 sucursales bancarias han echado el cierre.

Una lucha que es imprescindible porque en 2023 Castilla y León fue la segunda Comunidad Autónoma que más empresas vio marcharse de nuestra tierra, solo en este primer trimestre ya se han ido 62, de hecho, el 75 % de los castellanos y leoneses cree que no es fácil emprender en Castilla y León.

La importancia del reto demográfico y la lucha contra la despoblación se manifiesta en la relevancia que la Unión Europea, el Gobierno de España y la mayoría de las Comunidades Autónomas han dado a este tema, lo que se ha traducido no solo en estrategias y planes sobre la materia, sino en legislación específica. Desde 2021, se han aprobado leyes de dinamización demográfica o de lucha contra la despoblación en Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana o Asturias.

Pero Castilla y León no cuenta aún ni con legislación, ni con estrategia ni con planes específicos de lucha contra la despoblación.

Esta pasividad e inacción del Gobierno de la Junta del Sr. Fernández Mañueco choca con las acciones de otros Gobiernos autonómicos y sobre todo con el Gobierno de España, que desde el año 2021 que aprobó el decálogo de 130 medidas frente al reto demográfico, el primer documento serio y con financiación que se ha hecho realidad gracias a un Gobierno progresista y al presidente Pedro Sánchez, ha hecho posible que más de 1.250 millones de euros hayan llegado a Castilla y León para la lucha contra la despoblación.

Las previsiones para Castilla y León es que en el 2035 se hayan perdido otros 239.000 habitantes, no hay tiempo que perder y se deben dar respuestas claras, contundentes y con urgencia y con la financiación, por parte de todas las Administraciones, suficiente y adecuada.

Por ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las siguientes actuaciones en materia de demografía y población:

1. Iniciar el procedimiento para la aprobación de una Ley integral que aborde los problemas demográficos de Castilla y León, con una participación ciudadana impulsada de forma proactiva y buscando el consenso político en las Cortes de Castilla y León, que pueda estar concluida en el plazo de un año.

2. Someter a la aprobación de estas Cortes, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de Autonomía para el Plan Plurianual de Convergencia Interior, un plan de acción o estrategia de lucha contra la despoblación coherente con los principios rectores de las políticas públicas del artículo 16 del Estatuto de Autonomía y con la Ley a que se hace referencia en el punto anterior.

3. Proponer un modelo de ordenación del territorio de la Comunidad, en el que se definan áreas y niveles de prioridad demográfica, a partir de las desventajas estructurales y la evolución histórica, y que responda a los criterios de garantía y sostenibilidad de los servicios públicos, equilibrio en las infraestructuras y proyecto de desarrollo, fomento de la actividad y el empleo para cada comarca o área funcional, coherente con sus fortalezas y potencialidades territoriales.

4. Garantizar con financiación adecuada y suficiente, y dotación de medios técnicos y personales, la prestación de servicios básicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) de titularidad autonómica en todos los territorios, con criterios de equidad. Para ello se elaborará un mapa público que será actualizado periódicamente, con la dotación de infraestructuras, equipos técnicos y personal en el territorio.

5. Realizar e impulsar las actuaciones necesarias para la implantación de una verdadera fiscalidad diferenciada, con rebajas, deducciones y bonificaciones fiscales para empresas, autónomos y trabajadores en aquellas comarcas de la Comunidad con densidad de población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

6. Impulsar medidas de dinamización demográfica, económica y social en los pequeños municipios de Castilla y León, bien directamente o a través de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales, mediante la convocatoria específica de ayudas, la bonificación o reducción de cuotas o aportaciones o el establecimiento de beneficios fiscales en los tributos autonómicos en municipios con densidad de población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, con la finalidad de fomentar actividades que cumplan una función social en la población y contribuyan a la cohesión social y a la mejora en la calidad de vida de sus vecinos.

7. Establecer bonificaciones o ayudas equivalentes, por parte de la Junta de Castilla y León en el marco de sus competencias, que complementen a las ayudas de funcionamiento puestas en marcha por el Gobierno de España en virtud de las Directrices sobre las Ayudas Estatales de Finalidad Regional para las provincias (NUTS-3) con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

8. Hacer público y mantener permanentemente actualizado un mapa con la dotación de infraestructuras, equipos técnicos y personal en el territorio de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. En dicho mapa se hará público el horario diario de atención al público, así como los procedimientos de acceso.

9. Aprobar, mediante la negociación con los representantes sindicales, un plan de inmediata aplicación de incentivos eficaces para la ocupación de plazas de difícil cobertura en Atención Primaria de salud, y para la estabilización de equipos en aquellos hospitales con dificultades a este efecto.

10. Dada su prioridad, aprobar con carácter de urgencia un plan autonómico de impulso de la vivienda rural, pactado con los municipios, y dotado con financiación suficiente -al menos igualando los fondos estatales-, con tres objetivos prioritarios:

1.- Creación de parques públicos de vivienda social en los municipios con más demanda.

2.- Rehabilitación de inmuebles en pequeños núcleos.

3.- Incentivando la transmisión de viviendas para la creación de nuevas familias y unidades de convivencia procedentes de los propios municipios o de nuevos pobladores.

11. Con la misma prioridad, aprobar un plan de acogida e inclusión laboral y social de personas inmigrantes, tanto en el medio rural como urbano, acordado con los municipios para facilitar la reposición de efectivos en los sectores económicos y fijar población en nuestra Comunidad.

12. Incorporar un informe de evaluación de impacto demográfico en todos los procedimientos de elaboración de normas, incluidas las leyes de presupuestos y de medidas de acompañamiento a los mismos, así como en la elaboración de cuantos planes, estrategias, programas y directrices se tramiten por la Administración autonómica de Castilla y León.

13. Establecer la comparecencia semestral en estas Cortes del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para informar de las propuestas, decisiones, financiación, fondos y proyectos, etc., asociados a la designación de Castilla y León como región piloto en materia de políticas demográficas, por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea".

Valladolid, 18 de junio de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández