PNL/001018-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de septiembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001017 y PNL/001018.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno de Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicada de Catalunya (ERC) han acordado, a cambio del apoyo al candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, una financiación singular para Cataluña que supondrá su salida del Sistema de Financiación Autonómica, la ruptura de la caja común y un agravio para el resto de CC. AA.

Este acuerdo tiene como objetivo último mejorar sustancialmente sus recursos financieros en detrimento de las demás Comunidades Autónomas. Se considera inadmisible por suponer un atentado directo a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y cohesión interterritorial, con las siguientes consecuencias:

- Quiebra el necesario diálogo multilateral previsto en la LOFCA a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pactando una negociación bilateral con el Estado y creando una comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado en relación al modelo de financiación.

- Cede el 100 % de los tributos que se generen en Cataluña con plena capacidad normativa, lo que supone:

● Disminución de la capacidad financiera del Estado y de los recursos disponibles para el resto de las CC. AA., incluso mediante la cesión a Cataluña de tributos actualmente no cedidos, como el impuesto de sociedades, detrayendo aún mayores recursos a la Administración General del Estado y al resto de las CC. AA.

● Ventaja competitiva de Cataluña sobre el resto de las CC. AA, derivada de su plena capacidad normativa sobre los tributos, que podría afectar a la unidad de mercado y dar lugar a la deslocalización de empresas.

● Desmantelamiento de la AEAT y traspaso a la Agencia Tributaria Catalana de los correspondientes recursos humanos, materiales y tecnológicos, obteniendo una ventaja adicional sobre el resto de CC. AA., y generando efectos negativos sobre la eficiencia del Sistema Tributario y, en particular, sobre el control del fraude y la seguridad jurídica de los contribuyentes, cuestión que rechaza totalmente la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

- Mercadea inversiones para Cataluña a puerta cerrada, con una financiación específica que no otorga al resto.

En definitiva, el acuerdo entre ERC y PSC supone la quiebra del sistema de financiación autonómica actual y atenta directamente contra la igualdad del resto de los españoles que, a pesar de pagar los mismos impuestos que un ciudadano de Cataluña, porque se pagan en función de su capacidad económica, no va a poder recibir los mismos servicios públicos en educación, sanidad y servicios sociales, estableciendo privilegios económicos y sociales prohibidos por nuestra Constitución.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 2 la "indisoluble unidad de la Nación española, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Este precepto fundamental, contemplado además en los artículos 138 y 139 de la Constitución, subraya el principio de igualdad, estableciendo que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas deben tener los mismos derechos y obligaciones en el marco del Estado.

Asimismo, el artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y no discriminación, garantizando que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Sin embargo, hace tan sólo unas semanas, la publicación en el BOE de la Ley de Amnistía y su consecuente entrada en vigor materializó el camino emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles independientemente del lugar en el que vivan, y su clara intención de enterrar el actual Estado de las Autonomías.

A todo ello, hay que añadir las últimas dos concesiones del Gobierno de España a los partidos independentistas en Cataluña para conservar la Moncloa y lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Mientras que ERC ha exigido al Gobierno una "financiación singular" para Cataluña, Junts ha arrancado el compromiso de Sánchez de incluir "una cláusula catalana" en todos los proyectos de ley que presente el Gobierno, a cambio de apoyarlos con sus votos en sede parlamentaria. La intención de los partidos independentistas es clara, diferenciar a la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre otras apoyándose en una supuesta singularidad que no reconoce la Constitución Española de 1978 y que supondrá aún más avances en la ruptura de la unidad de España y de la igualdad entre todos los españoles.

Además, el artículo 138 de la Constitución Española garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 antes mencionado "velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español" y enfatiza en que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Por lo tanto, esta pretendida independencia fiscal de Cataluña no está contemplada en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Es decir, no sería constitucional y el Gobierno estaría poniendo fin a la solidaridad entre los distintos territorios, un principio fundamental que nos une como país.

Este trato desigual de unos territorios frente a otros alcanzará y afectará negativamente a la financiación de los entes locales de las Comunidades Autónomas no privilegiadas por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez, al establecer la propia CE en su artículo 142 que las haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Además, debemos considerar que el Tribunal Constitucional establece que "son los Estatutos de Autonomía las normas llamadas a fijar las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, articulándose así el sistema competencial mediante la Constitución y los Estatutos de autonomía" (STC 76/83).

Hay que señalar que este acuerdo ha sido duramente criticado desde distintas instancias, entre las que podemos destacar:

- Todos los presidentes de las CC. AA. de régimen común, con independencia de ideologías y signos políticos.

- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión y ex Secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, que lo ha calificado claramente de concierto, en contra de lo manifestado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda.

- La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

- La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) advierte que conllevará aparejado menores prestaciones o mayores impuestos en el resto de las CC. AA., aumentará los costes de gestión tributaria y reducirá la eficacia de la AEAT y supondrá un cambio cualitativo en la naturaleza del Estado.

- La agencia de calificación crediticia FITCH, que concluye que liberar a Cataluña de realizar aportaciones a los mecanismos de solidaridad entre territorios reducirá inevitablemente los fondos disponibles para el resto con criterios equitativos.

Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el Gobierno de España ya ha exculpado los delitos cometidos vinculados a la declaración de independencia de Cataluña deslegitimando el Estado de Derecho, ha blanqueado la sedición y ha reducido las penas por malversar fondos públicos, entre otros. Todo ello, en lugar de velar por la igualdad de todos los españoles. Ahora no debe ni puede asumir esta imposición competencial, ni una "singularidad financiera" y, tampoco, la condonación de la deuda que la Administración Catalana mantiene con el Estado español.

La nueva medida negociada por el Gobierno de Pedro Sánchez no puede ser más regresiva e insolidaria, perjudicando especialmente a las Comunidades Autónomas con menor renta y generando una pugna entre territorios. Estaríamos ante una nueva forma de corrupción política y económica, en la que los españoles estaríamos subvencionando el secesionismo, en menoscabo de la calidad de los servicios públicos que las Administraciones Autonómicas prestan en cada territorio.

En este contexto, no podemos dejar de denunciar que este chantaje continuo al que los independentistas someten al actual Gobierno de España genera una enorme inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones y proyectos empresariales, nos hace menos competitivos como país y perjudica a todos los territorios de nuestro país.

Consideramos que es imprescindible reafirmar el compromiso del Estado con la igualdad de todos los españoles y con la homogeneidad en el ejercicio de las competencias autonómicas, evitando cualquier disposición legislativa que beneficie de manera singular a una Comunidad Autónoma en detrimento de las demás y la pretensión de los partidos independentistas de condicionar el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre cualquier materia. Esta estrategia política nos llevará al fin de los principios de equilibrio territorial y de unidad de país que todos los españoles acordaron y construyeron en 1978.

El alto precio que el Gobierno de Pedro Sánchez va a pagar en nombre de todos los españoles profundiza aún más en la brecha abierta por su Gobierno, diferenciando entre ciudadanos de primera y de segunda. No debemos olvidar que aquello que se otorgue a un territorio frente a otros lo pagaremos el resto de los españoles. Además, implicará una merma en el derecho de todos los españoles a acceder a unos servicios públicos de calidad y en igualdad de condiciones.

Por tanto, expresamos el firme compromiso con la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, de la justicia, en el marco de una Constitución que garantiza la unidad y la solidaridad de nuestra nación.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León manifiestan su apoyo a cuantas iniciativas legales emprenda el Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco en defensa de la igualdad entre todos los españoles y de los intereses de los castellanos y leoneses, y a su vez instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que solicite:

1. Que no ponga en práctica el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC en materia de financiación autonómica, dado que:

a. Rompe los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas y entre ciudadanos.

b. Perjudica los intereses de Castilla y León y del conjunto de España.

c. Pone en riesgo la financiación de los servicios públicos fundamentales que prestan las Comunidades Autónomas creando ciudadanos de primera y de segunda.

d. Resta capacidad financiera al Estado en el ejercicio de sus competencias, detrayendo recursos que corresponderían al conjunto de los ciudadanos.

2. Reafirmar el compromiso con el principio de igualdad entre todos los españoles recogido en la Constitución Española, basado en los siguientes principios:

a. Garantizar que ninguna disposición legislativa incluya cláusulas o disposiciones que favorezcan a una Comunidad Autónoma sobre otras, fomentando la transparencia y participación de todas en los procesos legislativos que afecten al marco competencial autonómico, asegurando que sus intereses se articulen de manera justa y equitativa.

b. Velar por el equilibrio económico y social y el crecimiento cohesionado y justo entre las diversas partes del territorio español, conforme a lo establecido en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución.

c. Impulsar un diálogo constructivo y solidario en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica buscando un reparto equitativo y justo de los recursos, que preserve la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, el principio de coordinación con la hacienda estatal y la solidaridad entre todos los españoles con la finalidad de alcanzar el necesario equilibrio interterritorial y garantizar que todos los españoles accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos con independencia del territorio en el que residan, principios que se ponen en riesgo con el pacto PSC y ERC.

d. Promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica, que garantice los principios de igualdad, justicia social, solidaridad y equidad, y en la que se tengan en cuenta criterios como las características sociodemográficas, la dispersión, la despoblación, las formas de asentamiento de la población y los costes reales de los servicios públicos básicos o la importancia del territorio en la protección del medio ambiente y del patrimonio natural.

e. Revisar y, en su caso, modificar cualquier Proyecto de Ley que contenga cláusulas que puedan ser interpretadas como discriminatorias o que atenten contra la igualdad entre todos los españoles, asegurando que todas las iniciativas legislativas respeten los principios constitucionales de unidad, igualdad y solidaridad".

Valladolid, 3 de septiembre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares