PNL/001062-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001055 a PNL/001074.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia:

ANTECEDENTES

Cuando hablamos de incendios forestales hay una máxima que todo el mundo repite, excepto los responsables de la Junta de Castilla y León en Medio Ambiente: "los incendios se apagan en invierno". Nos gustaría que en la conciencia colectiva ciudadana se añada otra máxima que creemos necesario se una a esta: "los incendios son tarea y responsabilidad de todos".

La noticia política más importante del año 2022 en Zamora fue la enorme devastación sufrida por los incendios forestales que van a condicionar el futuro social, económico y medioambiental de más de 40 pueblos de las comarcas de la Carballeda, Aliste, Tábara, Alba y los Valles principalmente.

Sólo en dos meses se calcinaron más de 60.000 hectáreas, la mayoría de monte arbolado, destacando la superficie quemada en los dos incendios más grandes de la historia de España, según algunas fuentes. Zamora contaba con 245.503 ha de superficie arbolada, según datos del tercer inventario forestal nacional, eso supone que el 25 % de la superficie forestal de esta provincia se quemó en sólo dos meses.

Estos hechos cambiaron la conciencia colectiva de los zamoranos y de los castellanos y leoneses y hoy, dos años más tarde, podemos decir que si se volvieran a dar las mismas o parecidas circunstancias podría pasar lo mismo.

El fracaso total de la política de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León es notorio y la sociedad exige cambios radicales: equipos profesionales permanentes, bien formados, dotados de equipos y servicios de comunicación modernos, abandonar las reforestaciones de pinares continuos, etc...

Uno de los hechos que más han alarmado a la población es la total falta de previsión y planificación para que los incendios no puedan afectar a las viviendas y puntos críticos de los pueblos (gasolineras, almacenes, naves ganaderas...).

El 1 de septiembre de 2022 los vecinos de Terroso de Sanabria y San Martín del Terroso denunciaban que habían solicitado a la Junta desbrozar el perímetro de arbolado y arbustos alrededor de los pueblos para garantizar que los incendios no afecten a las viviendas como había ocurrido en las localidades de Otero de Bodas, Ferreras de Abajo, Villardeciervos, Villar de Farfón y Junquera de Tera, por citar algunas. Es significativa la falta de respuesta a las reiteradas peticiones de permiso de los vecinos para el desbroce.

Este hecho y otros hechos parecidos abonan la sensación de que el monte, un recurso público de mucha importancia en la cultura rural, ha sido apropiado por la Junta de Castilla y León sin tener en cuenta las opiniones de los vecinos que son los que lo viven y conocen, provocando una desafección que hay que evitar. El primer principio de toda la política de protección de los espacios naturales y de prevención de incendios debe ser escuchar la opinión de los vecinos y garantizar su participación en las decisiones.

Los incendios se han transformado en un problema social que nos afecta a todos y todos somos responsables de que este problema se resuelva en el futuro:

Los ciudadanos debemos tomar conciencia de las acciones diarias que no debemos realizar para evitar los incendios. Todos las conocemos, pero las Administraciones tienen que aprovechar los recursos que tienen para evitar que existan grandes incendios en una época de claro cambio climático.

Los ayuntamientos tienen ayudas para limpiar los entornos de los pueblos en terrenos de titularidad pública y competencias para exigir la limpieza de las tierras de propiedad privada a través de las ordenanzas.

Los vecinos tienen la obligación de mantener sus parcelas limpias y pueden tener ayudas reguladas en el Programa de Desarrollo Rural con fondos FEADER y de los Presupuestos Generales y de la Comunidad.

Las Diputaciones tienen subvenciones anuales directas de la Junta para garantizar la contratación de cuadrillas de trabajadores que limpien las parcelas públicas de los entornos de los pueblos y los caminos. Tienen equipos operativos cercanos para la prevención y extinción de incendios y muy especialmente para mantener limpios los "interface" de los pueblos garantizando la seguridad de vecinos y naves.

La Junta de Castilla y León tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, desarrollo rural, agricultura y ganadería, tratamiento especial de las zonas de montaña... y competencias de desarrollo normativo y de ejecución en protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y prevención y extinción de incendios y que recibe fondos europeos con estos fines.

Convoca ayudas quinquenales (de entre 5.000 y 15 mil euros anuales), poco utilizadas, para prevenir daños a los bosques para titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado mayores de 1 ha, financiadas con cargo a los fondos europeos, del Estado y de la Comunidad en el Programa de Desarrollo Rural.

También concede subvenciones anuales directas a las Diputaciones para contratar cuadrillas con el objeto de tener limpios de maleza los entornos de los pueblos para evitar los peligros de los incendios.

Y pone en marcha el operativo anual de prevención y extinción de incendios con críticas constantes desde hace muchos años.

Y por su parte el Gobierno Central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe asegurar la llegada regular de las ayudas de los fondos FEADER comunitarios a las Comunidades Autónomas exigiendo a cambio un esfuerzo para conseguir un equipamiento, una formación, una estabilidad y unas condiciones equiparables entre todas las CC. AA. para garantizar una acción coordinada y eficaz y poner aviones ligeros de carga de agua en las provincias para apoyar una acción inmediata.

La Junta de Castilla y León ha anunciado cambios en la política relacionada con los incendios forestales pero nada se ha puesto en marcha todavía que suponga un incremento del personal o la auténtica profesionalización de una actividad crítica que debería orientarse a la prevención. Se han ampliado los contratos de algunos grupos, se garantiza la estabilidad de los fijos discontinuos pero la realidad es que a falta de estabilidad real los operativos se llenan de operarios inexpertos.

Dos años más tarde, y a pesar de la urgencia en extraer los pinares quemados para evitar la propagación de plagas, quedan hectáreas de pinos quemados sin sacar, no se conoce el plan de reforestación incluyendo especies autóctonas más resistentes a los incendios, las sacas han provocado el destroce de los caminos y carreteras y todo va con una lentitud pasmosa.

Las Diputaciones que tienen servicios propios de prevención y extinción de incendios y reciben anualmente subvenciones directas de la Junta para contratar cuadrillas cuyo objetivo principal es la eliminación o aclareo de la vegetación de parcelas y montes públicos, adecuación de riberas, caminos y sendas que estén situadas en una franja de hasta 400 m de los núcleos urbanos de todos los pueblos.

Dos años más tarde la situación del "interface", como lo llaman los técnicos, es la misma. Puede un incendio entrar en el 95 % de los pueblos y en las localidades de Toro, Benavente y Zamora (hace pocos días estuvo a punto de quemarse el bosque de Valorio) porque las ayudas siguen sin contribuir a la limpieza de esos espacios críticos, no se han revisado los hidrantes (bocas de riego) de los pueblos para garantizar su operatividad, no se han hecho simulacros para coordinar los operativos de la Junta de Castilla y León y de las Diputaciones en caso de incendios de nivel 2, los equipos provinciales del Consorcio no tienen emisoras modernas que garanticen la comunicación con otros equipos, etc.

Es evidente el fracaso de la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios entre las Diputaciones y la Junta de Castilla y León.

Es evidente la ineficacia de las subvenciones directas de la Junta a las Diputaciones para contratar cuadrillas que limpien los terrenos públicos del entorno de los pueblos no sólo por el escaso presupuesto en años de cambio climático, sino porque se convocan tarde (junio habitualmente), se resuelven muy tarde y cuando se desbroza vale para poco: termina en marzo y en abril y mayo crece nueva vegetación y reaparece el peligro.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Modificar la Orden FYM/402/2015, de 12 de mayo, sobre ayudas para la prevención de daños en los bosques del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, incluyendo como beneficiarios a las Mancomunidades, que tienen estructura y recursos para realizar la tarea de limpieza de las parcelas privadas y de titularidad patrimonial de las entidades locales del entorno de los pueblos en colaboración con los ayuntamientos, garantizando presupuestos anuales para cumplirla.

2.- Duplicar en los próximos presupuestos las subvenciones directas a las Diputaciones por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para contratar cuadrillas que limpien el entorno de los pueblos, agilizar los plazos de convocatoria, incluir los meses de abril y mayo para la realización de los trabajos de limpieza y aclareo de las parcelas de titularidad pública el entorno de los pueblos antes del verano.

3.- Mejorar el trabajo de coordinación de todas las Administraciones, especialmente la efectiva y rápida activación de los equipos de prevención y extinción de la Junta de Castilla y León y los Parques de Bomberos de las Diputaciones Provinciales, cuando ocurre algún incendio cercano garantizando que el servicio de estos Parques de las Diputaciones quede cubierto.

4.- Abrir cauces para asegurar la participación de los vecinos de los pueblos en los programas de desarrollo económico y de protección de los bosques de los incendios forestales, plagas y otros desastres naturales asegurando que se escuchen sus opiniones en la puesta en marcha y evaluación de los programas de Desarrollo Rural y en la organización de los operativos de extinción de incendios.

5.- Incorporar los siguientes cambios básicos en la política de lucha contra los incendios forestales: formación interdisciplinar y de calidad en todo el operativo, avanzar en la gestión pública con equipos trabajando todo el año y apostar por garantizar, como mínimo, un operativo permanente en cada comarca formado por una carroceta y un equipo de actuación de 5 componentes (conductor, manguerista y tres operarios forestales) con garantías de relevo en sus permisos, vacaciones y libranzas.

Valladolid, 4 de septiembre de 2024.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Ángel Ceña Tutor