PNL/001073-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001055 a PNL/001074.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El considerando (1) del Reglamento (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, dice lo siguiente:

"Las tecnologías de la información y la comunicación ya no son un sector específico, sino el fundamento de todos los ecosistemas económicos y sociedades innovadores modernos. Los datos electrónicos se encuentran en el centro de esos sistemas y pueden generar un gran valor cuando se analizan o combinan con servicios y productos".

El Código de conducta de la UE sobre intercambio de datos agrícolas mediante acuerdo contractual (2018), al que haremos referencia más abajo, indica en su Introducción lo siguiente:

"Los datos se han convertido en algo valioso y muchos expertos consideran que los megadatos (o big data en inglés) son el próximo gran vector de las ganancias en productividad en la agricultura".

La Economía del Dato está incluida como uno de los ejes principales de España Digital 2025, el plan diseñado para impulsar la transformación digital de España, que aborda la necesidad de convertirla en un referente aprovechando las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o los servicios en la nube.

Según el informe Future of jobs (2023) del World Economic Forum, el impacto esperado de la tecnología en el mercado de trabajo en el sector agrícola es el de un incremento del 41,3 %.

El informe Economic Value of Data Flows (2023) de la Comisión Europea concluye que el valor económico de los servicios en la nube en los 27 Estados miembros de la UE en 2022 es de 2.200 millones de euros, y que en 2030 se prevé que el valor de los servicios en la nube aumente más del triple (16,8 % TACC) hasta 7.800 millones de euros en 2030 (a precios de 2022).

Si nos centramos en el sector agrario de Castilla y León, hay que llamar la atención sobre una característica diferenciada, que es la mayor participación de la agricultura y la ganadería en el Valor Añadido Bruto regional (cerca del 6 %), más del doble e incluso el cuádruple de la UE.

Si tenemos en cuenta que las industrias representan el 22,1 % del VAB de Castilla y León, y que la industria agroalimentaria representa el 29,2 % del total del sector industrial, se constata que el sector agroalimentario (agrario y agroindustrial) en la región representa en torno al 12,3 % del VAB regional.

Castilla y León cuenta hoy con cerca de 3.000 empresas agroalimentarias (2.867 empresas), la mayoría PYMES asentadas en el medio rural, que facturan más de 14.000 millones de euros y que emplean a 43.925 personas. De este modo, a nivel nacional, el sector agroalimentario de Castilla y León ocupa el tercer puesto en el ranking autonómico, por detrás de Cataluña y Andalucía.

En clave internacional, las exportaciones de la industria agroalimentaria de la Comunidad alcanzaron en 2023 un valor de 3.368 millones de euros, un 9,2 % más que en 2022. Y las ventas de los productos agroalimentarios al exterior suponen aproximadamente el 20 % de las ventas totales de la Comunidad en el exterior.

Bajo esta perspectiva, en la que el dato se revela como un insumo productivo, como la auténtica materia prima de la nueva economía, la protección y la administración del dato agrícola en Castilla y León debe ser una prioridad vital desde múltiples puntos de vista: la soberanía alimentaria, la justicia y la equidad, innovación y el conocimiento, el empleo, el medioambiente, la salud y, en general, la calidad de vida. Desde la problemática propia del medio rural, además, no se puede pasar por alto el valor estratégico del dato agrícola para el equilibrio del medio rural y el medio urbano y, por tanto, para combatir el problema de la despoblación.

En Castilla y León, en concordancia con todo lo expuesto, desde el punto de vista de la naturaleza del dato agrícola, hay que subrayar dos aspectos. Primero, la riqueza de los datos generados: ubicación, climatología, consumo de energía, suelo, uso del agua, fitosanitarios, evolución de los cultivos y el ganado, producción, cosechas, precios, dispositivos, comportamiento humano. Y segundo, teniendo a la vista los distintos tipos de actores implicados (originadores, proveedores, usuarios y terceros), dos grandes bloques de necesidades: primero, las relativas a la carencia de una infraestructura técnica que dé soporte al sector; y segundo, las relativas a la ausencia de una normativa clara y eficaz que proteja los intereses de las partes. En este respecto, merece una consideración particular la posición de los productores y los usuarios frente a la ventaja en la que, por razones obvias, se encuentran las grandes tecnológicas. Nuestra propuesta, por el contrario, está orientada a hacer partícipes de esa cadena de valor a los habitantes del territorio, siendo conscientes de que existe en estos momentos tecnología que permite que dicho valor pueda repercutir directamente en los bolsillos de los ciudadanos.

Desde el punto de vista de la gobernanza, sobresalen los retos que plantea el almacenaje, el uso, la interoperabilidad, la gestión y la aplicación de los beneficios emergentes de los datos, hoy por hoy como decimos al margen de las posibilidades de los productores. Se sigue de ello la exigencia de adoptar un enfoque centrado en el usuario, a partir del cual reforzar el poder de los generadores del dato como grupo cohesionado, contrarrestando así los riesgos de invasión de la privacidad, el uso indebido o la opacidad. Se trata, en suma, de mejorar las oportunidades y los mecanismos para compartir datos, contrarrestar su fragmentación, aumentar su calidad, potenciar la investigación y la innovación, mejorar la seguridad y, finalmente, fomentar la confianza de las partes interesadas (productores, gestores, investigadores y usuarios finales).

Desde el punto de vista de la gestión propiamente dicha, los puntos críticos son también numerosos. Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden enumerar los siguientes: normalización, formato de datos, protocolos estandarizados que permitan la compatibilidad, la integración y el intercambio, derechos de acceso, permisos, acuerdos de propiedad y cuestiones derivadas de la consideración del dato agrícola como secreto industrial. Todo lo cual, a su vez, remite a la importancia del dato agrícola desde el punto de vista estratégico y de la soberanía, según los principios de transparencia, equidad y seguridad.

Hasta el día de hoy, la gestión se ha regido exclusivamente mediante acuerdos contractuales y códigos de conducta, voluntarios y autorreguladores, entre los que destaca el Código de conducta de la UE sobre intercambio de datos agrícolas mediante acuerdo contractual (2018).

Por todo lo anterior, llama la atención más aún si cabe la ausencia de una normativa clara y específica sobre derechos de propiedad y uso del dato agrícola, lo que tiene sin duda un efecto negativo directo sobre la interoperabilidad, la generación confianza y, en definitiva, la creación de un entorno favorable para la prosperidad de nuestra economía.

De ahí que, de forma paralela al concepto tecnológico y de gestión de "enfoque centrado en el usuario", es imprescindible desarrollar el concepto de "soberanía del dato agrícola", en virtud del cual la gobernanza y la rentabilidad de los datos atienda al derecho e interés legítimo de los titulares, públicos o privados, de las explotaciones agropecuarias y de las instalaciones industriales agroalimentarias en las que se originen.

Por último, para completar el análisis de las perspectivas de tratamiento del dato agrícola en Castilla y León, es fundamental llamar la atención sobre la existencia de unos actores privilegiados que, por su experiencia, capacidad y reputación, están sin duda llamados a desempeñar un papel decisivo en la gobernanza y la gestión del dato agrícola: las cooperativas. Las empresas cooperativas agrarias son pieza clave para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos y, por ende, para la fijación de población en nuestras provincias. Entendemos por ello que la Junta de Castilla y León debe proteger y fomentar la función de las cooperativas en la economía del dato, impulsando su papel también en este ámbito como vertebradoras del tejido económico y social de la Comunidad.

Ciertamente, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, está ya activamente implicado en la transformación digital del sector, como ponen de manifiesto las diversas acciones del Servicio de Formación Agraria, las acciones y proyectos del ITACYL, las ayudas gestionadas desde la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, la Dirección General de la PAC o la Dirección General de Desarrollo Rural. Ahora bien, la situación descrita en las páginas precedentes exige dar pasos decisivos y específicos para que el despegue de la economía del dato agrícola no tenga lugar al margen de las capacidades e intereses en juego en Castilla y León, quedando relegadas, en esta como en tantas ocasiones, las legítimas expectativas de las personas, las familias y las empresas de nuestra tierra.

Recapitulando todo lo anterior, podemos afirmar que quedan sentadas cuatro premisas de las que se sigue la necesidad urgente de poner las bases para el desarrollo de un marco tecnológico y normativo coherente de la economía del dato agrícola de Castilla y León:

1. El desarrollo vertiginoso de la economía del dato y el valor del dato agrícola como insumo productivo.

2. La importancia del volumen y las características del sector agropecuario y la industria agroalimentaria de Castilla y León desde el punto de vista de la economía del dato.

3. Las carencias desde el punto de vista de la gobernanza, de la gestión y, en definitiva, del tratamiento normativo del dato agrícola, especialmente en la perspectiva del principio de "soberanía del dato" tal y como ha sido expuesto arriba.

4. La potencialidad y el valor de las empresas cooperativas agrarias como sujeto privilegiado e idóneo para el desarrollo de la economía del dato agrícola en Castilla y León.

A partir de estas premisas, y teniendo como objetivo último hacer partícipes de la cadena de valor del dato agrícola a los generadores del mismo y, por consiguiente, promover el desarrollo económico, social y humano de nuestra Comunidad, se formula la siguiente

PROPUESTA

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Impulsar el desarrollo de la economía del dato agrícola mediante las acciones que sean precisas desde el punto de vista normativo, así como mediante cualquier tipo de medidas de información, formación, asesoramiento y apoyo a la inversión. En todas estas acciones se tendrá siempre en cuenta el papel fundamental de las cooperativas, así como el principio de soberanía del dato, con vistas a garantizar tanto el valor del dato desde el punto de vista estratégico, la innovación y el conocimiento como la calidad y la seguridad en los tratamientos de que es susceptible, y el derecho de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas productoras de dato a los ingresos pasivos proporcionales generados.

En Valladolid, a 11 de septiembre de 2024.

Fdo.: Javier Bernardo Teira Lafuente

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan García-Gallardo Frings