PNL/001076-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001076-01


Sumario:

Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a cumplir la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; a construir en los próximos dos años un parque público de vivienda en alquiler asequible dotado de 5.000 viviendas; a consignar en los próximos presupuestos 150 millones de euros destinados a la creación de un parque de 2.000 viviendas en alquiler asequible; a declarar las zonas de mercado residencial tensionado de conformidad con las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; y a crear la empresa pública de vivienda para gestionar, coordinar y desarrollar las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001075 a PNL/001077.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El artículo 47 de la CE consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y nuestro Estatuto de Autonomía en su art. 70, amparado en la Carta Magna, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de vivienda.

Pero lejos de ofrecer medidas que palien el problema de escasez de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León carece de una política de vivienda propia, y ello pese a que el grave problema de despoblación que padecemos requiere de este gobierno la adopción de medidas eficaces que garanticen la prestación de los servicios esenciales, faciliten oportunidades de empleo y posibiliten el acceso a una vivienda digna, los tres pilares fundamentales para hacerle frente al reto de revertir dicho problema con eficacia.

De esta manera, Castilla y León han perdido más de 200.000 habitantes durante los 37 años de Gobierno del Partido Popular mientras el resto de España ganaba en población, siendo el dato más lacerante la pérdida de 30.000 jóvenes en los últimos 20 años.

Esta falta de planificación y de medidas convierte a la Junta de Castilla y León en la única responsable del agravamiento de la despoblación y del éxodo masivo de nuestra juventud como consecuencia del desmantelamiento de los servicios públicos, la falta de infraestructuras, la ausencia de políticas de vivienda, son síntoma de la falta de un proyecto de Comunidad que aproveche sus oportunidades.

Así el Gobierno de Castilla y León, lejos ejercer la competencia exclusiva en materia de vivienda que nuestro Estatuto de Autonomía le confiere, circunscribe su acción únicamente al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, en virtud del cual, y fruto del convenio firmado entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, el Estado invierte 121,2 millones de euros en políticas de vivienda para Castilla y León, frente a los 24 que la Junta de Castilla y León destina a tal fin.

De este modo nos encontramos con medidas eficaces implementadas por el Gobierno de España como el Bono Joven, con una dotación íntegra del Gobierno de España a Castilla y León de 21,6 millones de euros que llegó a 3.827 jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma.

Y frente a todo ello, en nuestra Comunidad Autónoma al inicio de la presente legislatura la Junta de Castilla y León no construyó ni una sola vivienda de promoción pública propia, a la vez que se publican órdenes para fijar la referencia del precio de venta y alquiler en Castilla y León, que han permitido un incremento de los precios desde 2022 entre un 30 y un 58 %.

En definitiva, el Presidente Mañueco, lejos de tener política de vivienda pública propia, desde la Junta con el Partido Popular se convierte en el principal especulador en materia de vivienda en Castilla y León.

Afortunadamente, frente a esta nefasta gestión, el Gobierno de España impulsa la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, primera ley estatal de vivienda en democracia, y que tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a las personas que tienen serias dificultades para hacerlo en condiciones de mercado, poniendo especial énfasis en los y las jóvenes, familias con hijos a cargo y colectivos vulnerables, promoviendo una oferta amplia a precios asequibles y adaptada a las demandas y realidades de nuestros pueblos y ciudades.

Una ley que, preservando el carácter competencial exclusivo que la Constitución otorga a las comunidades autónomas en materia de vivienda, entre otras, incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Tras la aprobación de esta Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se ha hecho manifiesta la oposición frontal desde la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, al cumplimiento de lo prevenido en la misma, lo que, unido a su nula gestión también en materia de vivienda, nos lleva a formular la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Cumplir la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

2. Construir en los próximos dos años un parque público de vivienda en alquiler asequible de titularidad de la Junta de Castilla y León dotado con 5.000 viviendas. Así mismo se garantizará como precio máximo de alquiler de estas viviendas el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y a que no serán descalificadas como vivienda de alquiler asequible de forma permanente durante toda su vida útil.

3. Consignar en los próximos presupuestos 150 millones de euros destinados a la creación, en el plazo de dos años, de un parque de 2.000 viviendas en alquiler asequible, en el marco de la colaboración público-privada, de titularidad privada, debiéndose garantizar como precio máximo de alquiler de estas viviendas el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y a que no serán descalificadas como vivienda de alquiler asequible de forma permanente durante toda su vida útil.

4. Declarar las zonas de mercado residencial tensionado de conformidad con las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

5. Crear la empresa pública de vivienda que gestione, coordine y desarrolle las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 1 de octubre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001076-01

CVE="BOCCL-11-010110"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 32674-32676
BOCCL nº 333/11 del 8/10/2024
CVE: BOCCL-11-010110

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001076-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a cumplir la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; a construir en los próximos dos años un parque público de vivienda en alquiler asequible dotado de 5.000 viviendas; a consignar en los próximos presupuestos 150 millones de euros destinados a la creación de un parque de 2.000 viviendas en alquiler asequible; a declarar las zonas de mercado residencial tensionado de conformidad con las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; y a crear la empresa pública de vivienda para gestionar, coordinar y desarrollar las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001075 a PNL/001077.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El artículo 47 de la CE consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y nuestro Estatuto de Autonomía en su art. 70, amparado en la Carta Magna, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de vivienda.

Pero lejos de ofrecer medidas que palien el problema de escasez de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León carece de una política de vivienda propia, y ello pese a que el grave problema de despoblación que padecemos requiere de este gobierno la adopción de medidas eficaces que garanticen la prestación de los servicios esenciales, faciliten oportunidades de empleo y posibiliten el acceso a una vivienda digna, los tres pilares fundamentales para hacerle frente al reto de revertir dicho problema con eficacia.

De esta manera, Castilla y León han perdido más de 200.000 habitantes durante los 37 años de Gobierno del Partido Popular mientras el resto de España ganaba en población, siendo el dato más lacerante la pérdida de 30.000 jóvenes en los últimos 20 años.

Esta falta de planificación y de medidas convierte a la Junta de Castilla y León en la única responsable del agravamiento de la despoblación y del éxodo masivo de nuestra juventud como consecuencia del desmantelamiento de los servicios públicos, la falta de infraestructuras, la ausencia de políticas de vivienda, son síntoma de la falta de un proyecto de Comunidad que aproveche sus oportunidades.

Así el Gobierno de Castilla y León, lejos ejercer la competencia exclusiva en materia de vivienda que nuestro Estatuto de Autonomía le confiere, circunscribe su acción únicamente al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, en virtud del cual, y fruto del convenio firmado entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, el Estado invierte 121,2 millones de euros en políticas de vivienda para Castilla y León, frente a los 24 que la Junta de Castilla y León destina a tal fin.

De este modo nos encontramos con medidas eficaces implementadas por el Gobierno de España como el Bono Joven, con una dotación íntegra del Gobierno de España a Castilla y León de 21,6 millones de euros que llegó a 3.827 jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma.

Y frente a todo ello, en nuestra Comunidad Autónoma al inicio de la presente legislatura la Junta de Castilla y León no construyó ni una sola vivienda de promoción pública propia, a la vez que se publican órdenes para fijar la referencia del precio de venta y alquiler en Castilla y León, que han permitido un incremento de los precios desde 2022 entre un 30 y un 58 %.

En definitiva, el Presidente Mañueco, lejos de tener política de vivienda pública propia, desde la Junta con el Partido Popular se convierte en el principal especulador en materia de vivienda en Castilla y León.

Afortunadamente, frente a esta nefasta gestión, el Gobierno de España impulsa la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, primera ley estatal de vivienda en democracia, y que tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a las personas que tienen serias dificultades para hacerlo en condiciones de mercado, poniendo especial énfasis en los y las jóvenes, familias con hijos a cargo y colectivos vulnerables, promoviendo una oferta amplia a precios asequibles y adaptada a las demandas y realidades de nuestros pueblos y ciudades.

Una ley que, preservando el carácter competencial exclusivo que la Constitución otorga a las comunidades autónomas en materia de vivienda, entre otras, incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Tras la aprobación de esta Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se ha hecho manifiesta la oposición frontal desde la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, al cumplimiento de lo prevenido en la misma, lo que, unido a su nula gestión también en materia de vivienda, nos lleva a formular la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Cumplir la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

2. Construir en los próximos dos años un parque público de vivienda en alquiler asequible de titularidad de la Junta de Castilla y León dotado con 5.000 viviendas. Así mismo se garantizará como precio máximo de alquiler de estas viviendas el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y a que no serán descalificadas como vivienda de alquiler asequible de forma permanente durante toda su vida útil.

3. Consignar en los próximos presupuestos 150 millones de euros destinados a la creación, en el plazo de dos años, de un parque de 2.000 viviendas en alquiler asequible, en el marco de la colaboración público-privada, de titularidad privada, debiéndose garantizar como precio máximo de alquiler de estas viviendas el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y a que no serán descalificadas como vivienda de alquiler asequible de forma permanente durante toda su vida útil.

4. Declarar las zonas de mercado residencial tensionado de conformidad con las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

5. Crear la empresa pública de vivienda que gestione, coordine y desarrolle las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 1 de octubre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001076-01

CVE="BOCCL-11-010110"



Sede de las Cortes de Castilla y León