PNL/001077-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001075 a PNL/001077.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en su primer año de aplicación, ha generado una serie de efectos negativos que agravan los problemas de acceso a la vivienda en España. Contrariamente a las promesas del Ejecutivo, no solo no se ha reducido el precio de la vivienda nueva ni se ha conseguido un aumento significativo en la oferta de viviendas en alquiler, sino que los problemas se han intensificado de manera alarmante.

Según los datos proporcionados por el sector inmobiliario y estudios independientes, el precio del alquiler ha experimentado aumentos importantes en diversas ciudades y Comunidades Autónomas de España, haciendo que el acceso a la vivienda se vuelva aún más inalcanzable para gran parte de la población, en especial para los jóvenes que cada vez tardan más en salir del hogar familiar. Esta situación ha generado un desplazamiento de personas hacia formas de alojamiento menos estables, como el alquiler de habitaciones, el uso de caravanas o incluso la convivencia en condiciones de hacinamiento.

El fracaso de la Ley de Vivienda también se manifiesta en la incapacidad del Gobierno para cumplir sus promesas en materia de construcción de viviendas. El anuncio de la puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales nunca se materializó, lo que no solo ha decepcionado a miles de familias que esperaban acceder a una vivienda asequible, sino que también ha socavado la confianza en las políticas del Ministerio en esta área.

A este panorama desolador se suma la amenaza del Gobierno central de restringir la financiación a aquellas Comunidades Autónomas que, según su criterio, no están implementando adecuadamente la Ley de Vivienda, particularmente en la declaración o no de zonas tensionadas, que es una opción que hace que se cumpla la ley tanto por las Comunidades Autónomas que las declaran como las que no las declaran. Esta medida resulta profundamente arbitraria e inadmisible, ya que traslada la responsabilidad de un texto legal fallido a las Administraciones autonómicas, que no tuvieron suficiente voz ni voto en la redacción del mismo. En particular, Castilla y León ha sido señalada por su supuesto bajo compromiso con la ley, en el cumplimiento de aspectos que, además, son voluntarios, como la declaración de zonas tensionadas. La imposición de una política de vivienda, que es una competencia de las Comunidades Autónomas y no del Estado, por la vía de la amenaza ante lo que son cumplimientos de la ley.

El Gobierno de España amenaza con recortar los ya escasos recursos financieros de esta Comunidad, en un tema tan sensible y prioritario como es la política de vivienda y el enorme esfuerzo presupuestario que está realizando el ejecutivo autonómico en una Comunidad infrafinanciada, como lo es Castilla y León. Durante esta legislatura se han puesto en marcha en nuestra Comunidad programas específicos para incrementar el parque público de vivienda, facilitando el acceso a las mismas a familias, a población vulnerable, y especialmente a los jóvenes.

Por todo ello, es imprescindible que el Gobierno de España se coordine con las Comunidades Autónomas en temas fundamentales para los ciudadanos, como lo es el acceso a la vivienda, abandone esta política de amenazas, y adopte una postura de diálogo y consenso con las Comunidades Autónomas. Solo mediante un esfuerzo conjunto y consensuado se podrá desarrollar tanto un nuevo marco normativo como un nuevo plan de vivienda, que, lejos de agravar los problemas actuales, ofrezca soluciones reales, efectivas y duraderas para mejorar el acceso a la vivienda de toda la población, y en especial a las familias, a los jóvenes y colectivos más vulnerables.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España con objeto de:

1. Derogar la actual Ley de Vivienda e iniciar la tramitación de otra norma que la sustituya, contando con la participación y el consenso de las Comunidades Autónomas.

2. Incrementar la financiación a Castilla y León, en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, de acuerdo con su peso poblacional, la extensión territorial y dispersión y atomización de los núcleos de población; y del esfuerzo presupuestario que, en política de vivienda, ejecuta esta Comunidad Autónoma.

3. Abandonar la senda de la imposición y la amenaza a las Comunidades Autónomas por la de coordinación con estas, como puede ser el programa bono de alquiler joven, nunca coordinado con los Gobiernos autonómicos.

4. Ejecutar el anuncio de puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales anunciadas por el presidente del Gobierno de España".

Valladolid, 1 de octubre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares