PNL/001111-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de octubre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001110 a PNL/001113.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de octubre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La pobreza es considerada una lacra que se ha de combatir, reducir y superar, estando las Administraciones públicas obligadas a tomar las medidas necesarias para ello. En Castilla y León nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 70.10 determina que es competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma la asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario, la Promoción y atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores, la Prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social y la Protección y tutela de menores.

Recientemente hemos conocido los resultados del informe 2023 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Unos resultados abrumadores y muy preocupantes, que cifran en más de medio millón las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla y León, en concreto 533.421, es decir un 22,4 % del total de la población de la Comunidad, lo que supone un aumento del 0,3 % respecto al año anterior, es decir, 11.000 castellanos y leoneses más han cruzado el umbral de la pobreza, creciendo además en intensidad, ya que ha aumentado la privación material y social severa pasando del 5 % al 6,4 %.

Esta situación, según el informe presentado, se debe fundamentalmente al aumento de la brecha de género, ya que las leves variaciones del indicador sólo afectan a las mujeres de manera que, en 2023, según el citado informe, la tasa AROPE aumentó en 0,7 puntos en las mujeres, alcanzando el 23,6 %, frente al 21,2 % en la población masculina; con lo que la brecha entre género aumentó hasta los 2,4 puntos.

Por otra parte, las zonas rurales presentan una tasa AROPE más alta que la de las zonas urbanas en 2023, siendo de un 30 % en las primeras y de un 18,4 % en las segundas; una diferencia que vuelve a ampliarse hasta los 11,6 puntos, debido al mayor envejecimiento, mayor número de mujeres con menores pensiones y marcha de los jóvenes, según el informe.

En cuanto a la vivienda, en los últimos quince años se ha duplicado el número de personas que han tenido que retrasar los pagos de alquiler o hipoteca, son ya 266.000, el doble que la media nacional, liderando además Castilla y León el ranking de retraso de pagos no relacionados con la vivienda, en concreto son 242.000 y es la segunda Comunidad Autónoma, tras Andalucía, con más porcentaje de personas en la horquilla de las rentas o ingresos más bajos.

Además, los hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en invierno han pasado del 6 % en 2015 al 14,4 % de 2023.

En Castilla y León se implementó en el año 2010 la Renta Garantizada de Ciudadanía dirigida a personas que no tienen recursos y en el año 2021 se puso en marcha por el Gobierno de España el Ingreso Mínimo Vital.

El descenso continuado en el número de titulares de Renta Garantizada de Ciudadanía a partir de 2020 tiene su reflejo directo en el presupuesto destinado a esta prestación en los años posteriores. El presupuesto en la Junta de Castilla y León, según consta en el Informe del CES del año 2023, ha pasado de 79 millones de euros en 2019 a 18 millones de euros en 2023. Este ahorro de recursos autonómicos no se ha traducido en un incremento en otras prestaciones sociales para los castellanos y leoneses en riesgo de pobreza o exclusión social.

En Castilla y León recibieron en el año 2023 las ayudas correspondientes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) 95.260 personas, es decir, no llega ni al 4 % del total de la población de nuestra Comunidad Autónoma y un 55 % de los hogares que podrían ser beneficiarios de la prestación en Castilla y León no la han solicitado.

Actualmente, se contabilizan en Castilla y León 106.700 hogares monoparentales, de los cuales el 79 % los encabeza una mujer; hay que recordar que la pobreza afecta más intensamente a las familias con menores y un solo integrante adulto que, mayoritariamente, es mujer: familias "monomarentales". Así, 84.400 mujeres en nuestra Comunidad sacan adelante a sus familias sin más ayuda que ellas mismas.

Las mujeres en este tipo de familias se ven afectadas por altas tasas de empleo parcial, precariedad, temporalidad y desempleo en buena medida por tener que compatibilizar la actividad laboral con el cuidado de sus hijas e hijos. De hecho, según las conclusiones del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, se estima que 7 de cada 10 mujeres castellanas y leonesas con responsabilidades familiares no compartidas y en situación de desempleo se identifican con pobreza y exclusión social.

Frente a tan alarmantes cifras, debe tenerse en cuenta que, desde el año 2019 y gracias al Gobierno progresista de España con el presidente Pedro Sánchez, a Castilla y León han llegado 24.000 millones de euros más que en los años de Gobierno de Rajoy y el Partido Popular.

Para el año 2025 solo de entregas a cuenta del modelo de sistema de financiación llegarán a Castilla y León 8.913 millones de euros (casi el 10 % más que el año anterior).

Recursos e ingresos más que suficientes para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León. Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de esta proposición no de ley, la pobreza y el riesgo de exclusión social desde que Mañueco es presidente de esta tierra ha aumentado considerablemente, afectando ya casi a 1 de cada 4 castellanos y leoneses.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de establecer medidas urgentes tendentes a reducir la desigualdad y las situaciones de pobreza a la que han tenido que hacer frente las familias más vulnerables en Castilla y León y una estrategia clara y contundente de lucha contra la pobreza; así lo ha pedido también la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Elaborar y poner en marcha una Estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social que contenga el conjunto de medidas necesarias para combatir la pobreza, poniendo el acento en la prevención de situaciones de vulnerabilidad y desarrollando políticas destinadas a:

a) Prevenir y proteger de la pobreza a las personas más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo de exclusión.

b) Apoyar a los menores y sus familias, invirtiendo en la mejora de su educación y formación a fin de garantizar su inserción y permanencia en el mercado laboral como herramienta esencial para su desarrollo personal e inclusión social.

c) Proteger a las personas y a las familias, apoyarlas en su proceso de inclusión social poniendo especial énfasis en las prestaciones sanitarias, los servicios sociales y de dependencia, así como en las relacionadas con la vivienda y el territorio.

2.º- Aprobar y dotar un fondo económico por importe de 200 millones de euros anuales en los próximos cuatro años para desarrollar y aplicar la estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social".

Valladolid, 22 de octubre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández