PNL/001113-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de octubre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001110 a PNL/001113.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de octubre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El artículo 124 de la Constitución Española señala que el Ministerio Fiscal tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales, y ejercerá sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. Siguiendo estos principios la vigente Ley 50/1981, de 30 de diciembre, regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde se establece también su forma de nombramiento y cese.

En la mañana del pasado día 16 de octubre se hacía público un hecho insólito en la historia de la democracia española: el Tribunal Supremo decidía por unanimidad abrir una investigación en el orden jurisdiccional penal contra la persona que ostenta la Fiscalía General del Estado, D. Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Es esta una situación impactante para la sociedad, anómala para el ámbito judicial e inédita en un régimen democrático.

Tan anómala como ha sido la ejecutoria del Sr. García Ortiz desde que fue nombrado Fiscal General por el gobierno de Pedro Sánchez en el verano de 2022. El señor García Ortiz ha sido siempre acusado de mantener una relación de sumisión al Gobierno socialista y esta sumisión ha generado críticas por parte de la oposición y de numerosos sectores de la sociedad, que consideran que la independencia del Ministerio Público podría estar en riesgo.

La imparcialidad y la autonomía de la Fiscalía son principios fundamentales en un Estado de derecho y cualquier percepción de influencia política puede socavar la confianza pública en esta Institución.

Hagamos un breve repaso de su trayectoria. Desde su aterrizaje en la más alta institución de la Fiscalía española, lugar al que llegó sustituyendo a Dolores Delgado, de su mano, y en agradecimiento al trabajo realizado siendo titular de la Secretaría Técnica para ella, muchas han sido las polémicas que han envuelto su proceder.

Algunas de ellas empezaron ya antes de ser Fiscal General, como, por ejemplo, las actuaciones que sirvieron para retirar al Fiscal anticorrupción Ignacio Stampa de la instrucción del Caso Tándem (o caso Villarejo), cuando los descubrimientos de este apuntaban a la relación, nunca aclarada, entre el comisario y Dolores Delgado y la pareja de esta, el exjuez Baltasar Garzón, juez inhabilitado por prevaricación. Las acciones legales llevadas a cabo por Stampa en la defensa de su honor y diligencia profesional han supuesto ya varias sentencias condenatorias contra García Ortiz en el orden contencioso administrativo por ocultar información y poner trabas a las acciones de Stampa.

En lo que respecta a la ya citada especial relación que mantiene con Dolores Delgado, se tiene que recordar que García Ortiz devolvió el favor que ésta le había hecho al nombrarle secretario técnico de la Fiscalía General (puesto que supone el ascenso a fiscal de sala, máxima categoría de la carrera fiscal) y después ungirle como su sucesor, al proponer al Gobierno el nombramiento de ella como fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El Gobierno la nombró, pero con el informe contrario del Consejo Fiscal (máximo órgano de representación de la profesión), lo que supuso la impugnación del nombramiento por otro candidato. El Tribunal Supremo lo anuló de manera contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder", que calificó de "innegable", al ascender a Delgado por haber sido Fiscal General del Estado. "Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público", dijo el alto Tribunal. La desviación de poder es, en el ámbito del derecho administrativo, una calificación jurídica sumamente grave.

La postura de García Ortiz respecto a la Ley de Amnistía ha sido otro foco de controversia. Los fiscales de sala del Supremo, profesionales del máximo prestigio en la carrera fiscal, se opusieron a acatar la orden de amnistiar de todos los delitos a los líderes independentistas catalanes. Esta orden había sido dada por el Fiscal General, que hizo una vez más de correa de transmisión del Gobierno del Sr. Sánchez. Según el criterio profesional de los fiscales del Supremo la amnistía dejaba fuera la malversación por entender que esta era improcedente y contraria a las leyes. La Junta de Fiscales de Sala (en la que se reúnen los nombrados mayoritariamente por García Ortiz) decidió por una mínima mayoría que la Ley debía aplicarse a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos del procés. Tras ello, el Fiscal General acordó que su lugarteniente hiciera los informes, quitando esta competencia a los fiscales que habían llevado el caso desde el inicio en el Tribunal Supremo.

Esta ruptura con el criterio profesional de los fiscales de sala del Supremo, además de anómala, deja bien a las claras que las acciones del Sr. Ortiz siempre han sido tendentes a satisfacer, no el interés general y el cumplimento de la Ley, sino el interés del Gobierno que lo ha nombrado.

Las diversas polémicas y controversias que han surgido durante el mandato de García Ortiz han llevado a diversas reprobaciones y peticiones de dimisión. Diversos sectores de la sociedad y del ámbito político han solicitado su renuncia, argumentando que su gestión ha sido perjudicial para la independencia y la credibilidad de la Fiscalía:

- El Consejo General del Poder Judicial lo declaró inidóneo para el cargo.

- El Tribunal Supremo, ya lo hemos dicho, lo condenó por desviación de poder y ahora lo está investigando personalmente en un proceso penal.

- El Senado lo ha reprobado.

- La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han pedido en reiteradas ocasiones su dimisión.

- Siete miembros de Consejo Fiscal, de los 11 que lo componen, hace pocos días, han pedido su dimisión para evitar un daño irreparable a la Institución, a lo que el Fiscal General respondió con un comunicado falso, manifestando que el Consejo respalda su gestión. Hasta este punto llega la falta de deontología esencial del Fiscal y la dependencia política del actual Gobierno que necesita un fiscal dócil y obediente para sortear el peligro que corre de ser imputado, el propio número 1, de la corrupción que acosa al Gobierno de la Nación.

A ello hay que sumar el espectáculo, que puede calificarse de bochornoso, de la defensa cerrada que ha tenido en la semana de su imputación por buena parte de los miembros del Gobierno, a la cabeza de los cuales hemos visto al Sr. Sánchez. Hasta el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dado la cara por él. Nos encontramos, sin lugar a duda, ante el que el Gobierno socialista considera su ministro número 23.

La investigación que sobre su persona ha acordado ahora el Tribunal Supremo va a suponer la disyuntiva de que fiscales sometidos a su jerarquía tengan que realizar o proponer actos de investigación y acusación contra él, que es su jefe, estando sujetos además a sus directrices y ordenes, principio esencial de funcionamiento de la Fiscalía, lo que constituye un contrasentido jurídico en un Estado de derecho como en el que vivimos.

En resumen, el mandato de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado ha estado marcado por una serie de controversias y tensiones con diferentes instituciones y figuras políticas. Estas polémicas están generando un clima de incertidumbre, y han puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la Fiscalía en su labor de garantizar la justicia y la legalidad en España.

Esta situación a la que se ha llegado en el caso del Fiscal General del Estado no es la única producida por la colonización de las instituciones del Estado, es una más en el empeño del Presidente del Gobierno de modelar el régimen democrático y el orden constitucional a imagen y semejanza de los intereses partidistas del Gobierno del PSOE y sus socios.

Con la intención de evitar esta deriva autocrática y autoritaria del Presidente Sánchez, el Partido Popular presentó el pasado mes de enero el "Plan de Calidad Institucional" como texto básico para la negociación de la necesaria regeneración democrática, con medidas tendentes a evitar que nunca nadie pueda socavar las instituciones, ni los sistemas de control democráticos que garantizan la pluralidad, la imparcialidad y el sometimiento al imperio de la ley como única garantía de la igualdad de todos los españoles.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España:

1. El cese inmediato de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado por el desprestigio que sus actuaciones ocasionan en una Institución, que debe ser imparcial e independiente.

2. El respeto a la independencia e imparcialidad de las que debe gozar la Fiscalía General de Estado, como órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.

3. La dignificación de las instituciones del Estado y, en concreto, de la Fiscalía General del Estado, garantizando sus funciones de 'promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social' ".

Valladolid, 22 de octubre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares