4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002665-2
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002480, PE/002494, PE/002539, PE/002553, PE/002607, PE/002630 a PE/002632, PE/002634 a PE/002636, PE/002641, PE/002642, PE/002645, PE/002648 a PE/002653 y PE/002655 a PE/002682.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de noviembre de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta escrita P.E. 2665, formulada por Dª Alicia Gallego González, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA YA, sobre la valoración de la Junta de Castilla y Leon sobre la atención a las personas solicitantes de valoración de la dependencia y las medidas previstas para acortar el plazo de resolución de las solicitudes de dependencia.
El sistema de atención a la dependencia se implantó en todo el territorio nacional mediante la aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Para que el ejercicio de este derecho pueda garantizarse en condiciones de igualdad y no discriminación, es preciso, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, tramitar un procedimiento administrativo mediante el que se asegure que son reconocidas en situación de dependencia aquellas personas que, solicitándolo, cumplen los requisitos formales y materiales exigidos por la ley.
Ahora bien, la verificación de dichos requisitos y el cumplimiento de los trámites exigidos en el procedimiento para reconocer el derecho de acceso a las prestaciones derivadas de la situación de dependencia (la aplicación del baremo que determina el grado de dependencia, la realización del informe social, la valoración económica, etc.) conlleva necesariamente que el acceso a las prestaciones no pueda producirse de manera inmediata tras la solicitud.
De hecho es la propia ley estatal la que establece un plazo de seis meses para que las administraciones autonómicas puedan cumplir todos estos trámites y dictar la resolución de reconocimiento de la prestación que corresponda.
No obstante, esta Administración, consciente de las necesidades que existen, viene poniendo medios para reducir los tiempos de espera, de forma que se puedan reconocer esos derechos y activar las prestaciones en el plazo más corto posible.
Castilla y León se encuentra a la cabeza de todas las comunidades autónomas en el cumplimiento de dicho plazo, como avalan las estadísticas oficiales publicadas por el IMSERSO. Según la última estadística publicada, a 30/09/2024, el promedio en Castilla y León está en 126 días mientras que la media nacional se sitúa en 329 días.
No solo en Castilla y León se resuelvan las prestaciones mucho antes que en todas las demás comunidades autónomas, sino que además se resuelven con carácter retroactivo desde los dos meses siguientes a la solicitud, mientras que la normativa estatal no contempla la retroactividad de las prestaciones hasta transcurridos seis meses.
Esto significa que una persona puede empezar a recibir los servicios para los que cumpla requisitos incluso antes de que se reconozca el derecho, con lo que se pueden ver atendidas sus necesidades desde muy pronto.
A ello se añade la tramitación de urgencia, que permite acortar los plazos a la mitad, tal como prevé la Ley de procedimiento administrativo, y la tramitación prioritaria contemplada específicamente para el procedimiento de dependencia cuando exista valoración técnica de la situación de urgencia social o especial vulnerabilidad.
No obstante, la Junta de Castilla y León es consciente de que es preciso seguir trabajando en la atención de las personas sin que el trámite de reconocimiento de los derechos y prestaciones que les correspondan suponga una limitación.
En este sentido, interesa destacar algunas líneas de actuación: se siguen desarrollando mejoras en los sistemas de gestión para reducir aún más los tiempos de tramitación y se han incorporado sistemas de información que permiten modificar de oficio las prestaciones económicas y su consiguiente abono inmediato; a esto se añaden acciones como el establecimiento de protocolos de atención continuada tras la estancia en unidades de convalecencia sociosanitaria, o el desarrollo proyectos innovadores de atención inmediata a personas con cuidados paliativos.
Valladolid, a 7 de octubre de 2024.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
PE/002665-2
CVE="BOCCL-11-010606"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 33825
BOCCL nº 349/11 del 15/11/2024
CVE: BOCCL-11-010606
4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002665-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León sobre la situación de una persona mientras se resuelve su solicitud de ayuda por dependencia, así como si se tienen medidas previstas para acortar el plazo entre la solicitud de la dependencia, su concesión y el momento en que se hace efectiva, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 329, de 30 de septiembre de 2024.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002480, PE/002494, PE/002539, PE/002553, PE/002607, PE/002630 a PE/002632, PE/002634 a PE/002636, PE/002641, PE/002642, PE/002645, PE/002648 a PE/002653 y PE/002655 a PE/002682.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de noviembre de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta escrita P.E. 2665, formulada por Dª Alicia Gallego González, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA YA, sobre la valoración de la Junta de Castilla y Leon sobre la atención a las personas solicitantes de valoración de la dependencia y las medidas previstas para acortar el plazo de resolución de las solicitudes de dependencia.
El sistema de atención a la dependencia se implantó en todo el territorio nacional mediante la aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Para que el ejercicio de este derecho pueda garantizarse en condiciones de igualdad y no discriminación, es preciso, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, tramitar un procedimiento administrativo mediante el que se asegure que son reconocidas en situación de dependencia aquellas personas que, solicitándolo, cumplen los requisitos formales y materiales exigidos por la ley.
Ahora bien, la verificación de dichos requisitos y el cumplimiento de los trámites exigidos en el procedimiento para reconocer el derecho de acceso a las prestaciones derivadas de la situación de dependencia (la aplicación del baremo que determina el grado de dependencia, la realización del informe social, la valoración económica, etc.) conlleva necesariamente que el acceso a las prestaciones no pueda producirse de manera inmediata tras la solicitud.
De hecho es la propia ley estatal la que establece un plazo de seis meses para que las administraciones autonómicas puedan cumplir todos estos trámites y dictar la resolución de reconocimiento de la prestación que corresponda.
No obstante, esta Administración, consciente de las necesidades que existen, viene poniendo medios para reducir los tiempos de espera, de forma que se puedan reconocer esos derechos y activar las prestaciones en el plazo más corto posible.
Castilla y León se encuentra a la cabeza de todas las comunidades autónomas en el cumplimiento de dicho plazo, como avalan las estadísticas oficiales publicadas por el IMSERSO. Según la última estadística publicada, a 30/09/2024, el promedio en Castilla y León está en 126 días mientras que la media nacional se sitúa en 329 días.
No solo en Castilla y León se resuelvan las prestaciones mucho antes que en todas las demás comunidades autónomas, sino que además se resuelven con carácter retroactivo desde los dos meses siguientes a la solicitud, mientras que la normativa estatal no contempla la retroactividad de las prestaciones hasta transcurridos seis meses.
Esto significa que una persona puede empezar a recibir los servicios para los que cumpla requisitos incluso antes de que se reconozca el derecho, con lo que se pueden ver atendidas sus necesidades desde muy pronto.
A ello se añade la tramitación de urgencia, que permite acortar los plazos a la mitad, tal como prevé la Ley de procedimiento administrativo, y la tramitación prioritaria contemplada específicamente para el procedimiento de dependencia cuando exista valoración técnica de la situación de urgencia social o especial vulnerabilidad.
No obstante, la Junta de Castilla y León es consciente de que es preciso seguir trabajando en la atención de las personas sin que el trámite de reconocimiento de los derechos y prestaciones que les correspondan suponga una limitación.
En este sentido, interesa destacar algunas líneas de actuación: se siguen desarrollando mejoras en los sistemas de gestión para reducir aún más los tiempos de tramitación y se han incorporado sistemas de información que permiten modificar de oficio las prestaciones económicas y su consiguiente abono inmediato; a esto se añaden acciones como el establecimiento de protocolos de atención continuada tras la estancia en unidades de convalecencia sociosanitaria, o el desarrollo proyectos innovadores de atención inmediata a personas con cuidados paliativos.
Valladolid, a 7 de octubre de 2024.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
PE/002665-2
CVE="BOCCL-11-010606"
