PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001155 a PNL/001157.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2024.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
La violencia contra las mujeres, entendida ésta como todas las violencias que, con carácter sistemático, reciben las mujeres por el hecho de serlo; bien sea física, psicológica, sexual, económica, laboral o digital, supone la consecuencia más grave del machismo que, aún hoy, sigue permeando las sociedades modernas.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), creada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, en su recomendación general n.º 19, afirmaba que "la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre". Si bien es cierto que estos precedentes se han ido actualizando mediante otros mecanismos internacionales de gran importancia como el Convenio de Estambul o la reciente Directiva (UE) 2024/1385, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Además, en el ámbito nacional, el Instituto de las Mujeres sacó a la luz un estudio en 2022 sobre la libertad sexual de las mujeres jóvenes en España. Este estudio trata, entre otros temas, el de la violencia sexual y los datos son muy preocupantes: casi 7 de cada 10 mujeres han recibido comentarios sexuales o sexistas inapropiados en espacios públicos. Un 46 % ha recibido imágenes o comentarios de índole sexual sin su consentimiento a través de redes sociales y un 36,2 % ha sufrido tocamientos sexuales no deseados. Pudiéndose afirmar, así mismo, que un 60,7 % de las mujeres entre 18 y 25 años declara haber sentido miedo de que alguien pueda ejercer algún tipo de violencia sexual sobre ellas en espacios públicos y hasta un 41,6 % experimenta ese temor en lugares de ocio nocturno.
Todos estos datos nos muestran que las violencias sexuales siguen plenamente presentes en nuestra sociedad, por tanto, sigue siendo una tarea fundamental para todos los poderes públicos establecer políticas de prevención de las violencias contra las mujeres. En este sentido, destaca la protección integral que ofrece la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Igualmente, preocupa el porcentaje de hombres que niegan la existencia de la violencia de género. Según los datos del Barómetro Juventud y Género sobre Adolescencia y Juventud presentado por la FADA (Fundación de Ayuda a la Drogadicción), el porcentaje se sitúa en casi el 20 %, mientras que el 17 % dice que es algo habitual en el seno de la pareja y el 16,5 % no lo ve como un problema si es de baja intensidad. Evidentemente, los roles de género y el machismo persisten entre los y las más jóvenes. No podemos olvidar que se trata de una generación expuesta a un espacio digital que, pese a ser una potente herramienta de avance, también representa nuevos y complicados riesgos: algunos valores que circulan por las redes sociales y que impactan en el autoconcepto de los y las jóvenes, la pornografía o las formas de violencia propias de estos espacios son algunos de ellos. Del mismo modo, cabe recordar la reciente desaparición de los puntos violeta en la celebración de fiestas de diferentes municipios de Castilla y León como Ponferrada o Segovia; una lamentable decisión política que desprotege a las mujeres, especialmente las más jóvenes, al no ofrecerles la fuente de información y seguridad que estos espacios representan. Dicho lo anterior, es más que necesario dar una respuesta institucional y social para erradicarla porque solo así estaremos más cerca de una sociedad igualitaria, democrática y moderna.
Es necesario mejorar en cantidad y en calidad los recursos preventivos y asistenciales, que deberían enfocarse desde la consideración de las mujeres como titulares de derechos. Por tanto, proponemos el impulso de un gran pacto autonómico de lucha contra la violencia de género que sirva como base para conseguir la implicación de toda la sociedad en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Desde la educación en las etapas más tempranas hasta la formación de todos los y las profesionales que intervengan en cualquier momento en el proceso por el que atraviesa la víctima; desde la sensibilización de toda la sociedad haciendo especial hincapié en jóvenes y adolescentes y en el uso de redes sociales; desde la atención sanitaria hasta la preservación de la intimidad en todo momento; desde la articulación de mecanismos fiables de prevención y protección de las víctimas hasta la consecución de la normalización de sus vidas después de finalizado todo el proceso. Sin perjuicio de las actualizaciones legislativas que son inaplazables en Castilla y León sobre esta materia, necesitamos una hoja de ruta común que nos permita aunar fuerzas y objetivos para abordar esta lamentable realidad.
En definitiva, la lucha contra la violencia machista necesita de una visión transversal y no ser tratada como algo aislado. Necesitamos la implicación de toda la sociedad, instituciones, entidades públicas y privadas, empresas y Administraciones públicas porque solo desde la unidad conseguiremos cambiar la realidad.
En Castilla y León el pasado año se contabilizaron 1.274 condenados por sentencia firme por delitos de violencia y machista. 1.926 mujeres víctimas tuvieron órdenes de protección o medidas cautelares. Los mayores aumentos porcentuales se registraron en el último ejercicio entre las menores y las que tenían entre 18 y 24 años.
En Castilla y León siguen siendo deficitarios los protocolos, los espacios de atención a víctimas de agresiones sexuales, las campañas de sensibilización y, en general, cualquier acción relacionada con la erradicación y concienciación de la violencia de género.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en marcha un Pacto Autonómico de Lucha contra la Violencia de Género que concite el acuerdo de toda la sociedad civil, entidades públicas y privadas, Administraciones públicas, empresas, sindicatos, partidos y otras organizaciones con el objetivo de establecer una hoja de ruta común que nos permita luchar contra esta violencia en todas sus formas".
Valladolid, 13 de noviembre de 2024.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001156-01
CVE="BOCCL-11-010648"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001155 a PNL/001157.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2024.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
La violencia contra las mujeres, entendida ésta como todas las violencias que, con carácter sistemático, reciben las mujeres por el hecho de serlo; bien sea física, psicológica, sexual, económica, laboral o digital, supone la consecuencia más grave del machismo que, aún hoy, sigue permeando las sociedades modernas.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), creada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, en su recomendación general n.º 19, afirmaba que "la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre". Si bien es cierto que estos precedentes se han ido actualizando mediante otros mecanismos internacionales de gran importancia como el Convenio de Estambul o la reciente Directiva (UE) 2024/1385, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Además, en el ámbito nacional, el Instituto de las Mujeres sacó a la luz un estudio en 2022 sobre la libertad sexual de las mujeres jóvenes en España. Este estudio trata, entre otros temas, el de la violencia sexual y los datos son muy preocupantes: casi 7 de cada 10 mujeres han recibido comentarios sexuales o sexistas inapropiados en espacios públicos. Un 46 % ha recibido imágenes o comentarios de índole sexual sin su consentimiento a través de redes sociales y un 36,2 % ha sufrido tocamientos sexuales no deseados. Pudiéndose afirmar, así mismo, que un 60,7 % de las mujeres entre 18 y 25 años declara haber sentido miedo de que alguien pueda ejercer algún tipo de violencia sexual sobre ellas en espacios públicos y hasta un 41,6 % experimenta ese temor en lugares de ocio nocturno.
Todos estos datos nos muestran que las violencias sexuales siguen plenamente presentes en nuestra sociedad, por tanto, sigue siendo una tarea fundamental para todos los poderes públicos establecer políticas de prevención de las violencias contra las mujeres. En este sentido, destaca la protección integral que ofrece la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Igualmente, preocupa el porcentaje de hombres que niegan la existencia de la violencia de género. Según los datos del Barómetro Juventud y Género sobre Adolescencia y Juventud presentado por la FADA (Fundación de Ayuda a la Drogadicción), el porcentaje se sitúa en casi el 20 %, mientras que el 17 % dice que es algo habitual en el seno de la pareja y el 16,5 % no lo ve como un problema si es de baja intensidad. Evidentemente, los roles de género y el machismo persisten entre los y las más jóvenes. No podemos olvidar que se trata de una generación expuesta a un espacio digital que, pese a ser una potente herramienta de avance, también representa nuevos y complicados riesgos: algunos valores que circulan por las redes sociales y que impactan en el autoconcepto de los y las jóvenes, la pornografía o las formas de violencia propias de estos espacios son algunos de ellos. Del mismo modo, cabe recordar la reciente desaparición de los puntos violeta en la celebración de fiestas de diferentes municipios de Castilla y León como Ponferrada o Segovia; una lamentable decisión política que desprotege a las mujeres, especialmente las más jóvenes, al no ofrecerles la fuente de información y seguridad que estos espacios representan. Dicho lo anterior, es más que necesario dar una respuesta institucional y social para erradicarla porque solo así estaremos más cerca de una sociedad igualitaria, democrática y moderna.
Es necesario mejorar en cantidad y en calidad los recursos preventivos y asistenciales, que deberían enfocarse desde la consideración de las mujeres como titulares de derechos. Por tanto, proponemos el impulso de un gran pacto autonómico de lucha contra la violencia de género que sirva como base para conseguir la implicación de toda la sociedad en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Desde la educación en las etapas más tempranas hasta la formación de todos los y las profesionales que intervengan en cualquier momento en el proceso por el que atraviesa la víctima; desde la sensibilización de toda la sociedad haciendo especial hincapié en jóvenes y adolescentes y en el uso de redes sociales; desde la atención sanitaria hasta la preservación de la intimidad en todo momento; desde la articulación de mecanismos fiables de prevención y protección de las víctimas hasta la consecución de la normalización de sus vidas después de finalizado todo el proceso. Sin perjuicio de las actualizaciones legislativas que son inaplazables en Castilla y León sobre esta materia, necesitamos una hoja de ruta común que nos permita aunar fuerzas y objetivos para abordar esta lamentable realidad.
En definitiva, la lucha contra la violencia machista necesita de una visión transversal y no ser tratada como algo aislado. Necesitamos la implicación de toda la sociedad, instituciones, entidades públicas y privadas, empresas y Administraciones públicas porque solo desde la unidad conseguiremos cambiar la realidad.
En Castilla y León el pasado año se contabilizaron 1.274 condenados por sentencia firme por delitos de violencia y machista. 1.926 mujeres víctimas tuvieron órdenes de protección o medidas cautelares. Los mayores aumentos porcentuales se registraron en el último ejercicio entre las menores y las que tenían entre 18 y 24 años.
En Castilla y León siguen siendo deficitarios los protocolos, los espacios de atención a víctimas de agresiones sexuales, las campañas de sensibilización y, en general, cualquier acción relacionada con la erradicación y concienciación de la violencia de género.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en marcha un Pacto Autonómico de Lucha contra la Violencia de Género que concite el acuerdo de toda la sociedad civil, entidades públicas y privadas, Administraciones públicas, empresas, sindicatos, partidos y otras organizaciones con el objetivo de establecer una hoja de ruta común que nos permita luchar contra esta violencia en todas sus formas".
Valladolid, 13 de noviembre de 2024.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001156-01
CVE="BOCCL-11-010648"