DI/000004-01

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada los días 19 y 20 de noviembre de 2024, a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, ha aprobado por asentimiento la siguiente Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León con motivo del 35 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño:

«Hoy hace 35 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Convención sobre los Derechos del Niño, un texto que cambió la percepción y el tratamiento que la sociedad otorgaba a niños, niñas y adolescentes, pasando de ser objetos de derechos, para quienes había que cumplir con una serie de necesidades, a convertirse en sujetos de derechos y miembros activos de nuestra sociedad.

Hoy en día nadie cuestiona que los niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de calidad, a acceder a un sistema sanitario o a convivir en un entorno familiar libre de violencia. A pesar de ello, nuestras sociedades siguen enfrentándose a múltiples y cada vez más complejos retos que impiden que la infancia y la juventud puedan ver cumplidos todos sus derechos.

Por todo ello, es necesario conmemorar, todos los años, el Día Mundial de la Infancia y aprovechar esta fecha para destacar los grandes logros alcanzados a favor de la infancia y la adolescencia, pero también recordando que quedan todavía grandes desafíos locales y globales a abordar, que nos interpelan a nivel nacional, regional y local y en toda la acción exterior. En este día queremos destacar la necesidad de defender todos los derechos de todos los niños y enfatizar el poder transformador de la participación infantil y juvenil en la creación de un mundo mejor para todos.

Los desafíos son enormes y comprometen el bienestar presente y las oportunidades de desarrollo en el futuro: la pobreza y la desigualdad, la violencia en el entorno más cercano y en lugares lejanos, la salud mental o los riesgos del mundo digital son solo algunos ejemplos.

Este año España está pasando por el proceso de examen periódico ante el Comité de los Derechos del Niño. Esta cita obliga a una reflexión profunda sobre la situación de la infancia y la adolescencia: los avances realizados, su impacto y los retos a los que enfrentarse. De esta revisión de la situación de la infancia en nuestro país, UNICEF España extrae algunas prioridades, cuestiones urgentes para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en España para las que es imperativo tomar medidas:

- Es alarmante que España, cuarta economía de la Unión Europea, tenga casi a un 30 % de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social. Se requiere el compromiso para una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados, poniendo a la familia en el centro de las políticas públicas y garantizando una infancia de calidad a todos los niños.

- Mientras las cifras de niños y adolescentes atendidos por los sistemas de protección en España siguen en aumento, ha culminado la creación de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización que espera reducir sustancialmente esa cifra. Se deben unificar criterios para garantizar que el sistema de protección sea homogéneo en cuanto a la calidad de la atención prestada y enfoque de los servicios, y priorizar medidas preventivas para lograr entornos protectores, con recursos suficientes, que garanticen la protección de niños y adolescentes ante situaciones de negligencia, malos tratos, abusos, acoso o violencia, incluyendo el entorno digital, con un enfoque multidisciplinar y de responsabilidad compartida de todos los profesionales en el entorno de la infancia: servicios sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, salud, educación, deportes, ocio y tiempo libre, etc., y recomendando la instauración de la figura del Coordinador de bienestar y protección en las escuelas.

- La tecnología forma parte de la vida de los niños casi desde que nacen, por ello se debe seguir avanzando en obtener conocimiento sobre el impacto que tiene en sus vidas. Identificar los principales riesgos y los mecanismos necesarios para poner en marcha actuaciones de prevención, educación y atención a la infancia y la adolescencia, de manera que se garanticen sus derechos en el entorno digital. Debe realizarse un análisis de las recomendaciones incluidas en la Observación General 25 del Comité sobre los Derechos del Niño para su correcta aplicación y dotar con los suficientes recursos a las medidas concretas que se pongan en marcha.

- La ausencia de datos y de una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, que garantice una inversión suficiente, un incremento de los recursos especializados que aseguren una atención de calidad y el fortalecimiento del enfoque multidisciplinar, hacen que este sea uno de los ámbitos clave sobre los que las distintas Administraciones públicas deben trabajar. Es necesario un consenso para diseñar y aprobar una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, que incluya sistemas de información y sensibilización y con un fuerte enfoque en la infancia más vulnerable.

- Y todo ello sin dejar de mirar a las problemáticas existentes en otros lugares del mundo, donde la infancia y la adolescencia enfrentan múltiples retos con los que debemos reafirmar nuestro compromiso, fortaleciendo la cooperación internacional para el desarrollo, prestando especial atención a las situaciones de emergencia, donde la respuesta rápida es fundamental para hacer frente a situaciones de vulneración de la supervivencia de niños.

Asegurar la consecución de los derechos de niños y adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento en un Estado como el nuestro, que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Cuando un niño o una niña ve limitada la satisfacción de sus derechos, el impacto en sus vidas es directo. Por ello, todos y todas tenemos un rol fundamental en asegurar su realización.

Los responsables políticos debemos comprometernos para tomar decisiones firmes que garanticen que ningún niño se quede atrás, y para que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial favoreciendo el cumplimiento de sus derechos.

Debemos coordinarnos para que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y programas dirigidos a la infancia vayan acompañados de la dotación adecuada de recursos.

Debemos escuchar las preocupaciones y necesidades de niños y adolescentes, y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación».

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de noviembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández