PNL/001172-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de noviembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001171 a PNL/001174.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de noviembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En España la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, garantizan a la ciudadanía, de manera universal y equitativa, el derecho a la asistencia sanitaria.

A ello hay que sumar la normativa referida a las listas de espera como son, entre otros, el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, los últimos datos sobre listas de espera en Castilla y León ofrecidos por la Consejería de Sanidad, a 30 de septiembre de 2024, informan que 39.361 pacientes esperan una intervención quirúrgica, 704 más que hace tres meses; que el tiempo medio de espera se sitúa en 108 días, 7 días más que hace tres meses. La situación no es homogénea, sino que la diferencia entre provincias es muy desigual, teniendo Salamanca y El Bierzo los peores resultados.

Por otro lado, 271.308 pacientes esperan su primera consulta con un especialista, son 20.809 pacientes más (+8,3 %) que hace tres meses.

Y, finalmente, 60.702 pacientes esperan una prueba diagnóstica, con el agravante de que 16.551 pacientes de ese total (27,3 %) no tenía, en ese momento, todavía cita asignada.

Los datos demuestran la gravedad de una situación que se ha convertido en un problema estructural del sistema sanitario público en Castilla y León y de manera aún más alarmante en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital de El Bierzo, donde trimestre tras trimestre se mantiene la situación.

Las listas de espera son un indicador clave para evaluar la calidad del conjunto del sistema sanitario y una herramienta de gestión de la que se dota dicho sistema para tramitar las demoras y las esperas, velando por los criterios de equidad exigidos a los sistemas públicos de salud, permitiendo al paciente alcanzar la prestación prescrita cuando lo necesita y clasificando a los pacientes por criterios de prioridad. También son el principal barómetro con el que la ciudadanía valora la calidad del Sistema Sanitario Público.

Es evidente que la situación no mejora y se ha descontrolado a pesar de los más de 100 millones de euros derivados a la sanidad privada en los últimos 5 años para reducir las listas de espera. La realidad es que los largos tiempos de espera están agravando muchas patologías y negando a los pacientes la oportunidad de mejorar en sus procesos de salud.

A todo ello hay que sumar la negativa del consejero de sanidad a dialogar con los sindicatos legitimados para la negociación, evitando cualquier consenso con ellos a la hora de abordar aspectos retributivos que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad vienen reclamando en esta Comunidad Autónoma; de manera que lejos de llegar a acuerdo a alguno con los sindicatos se ha adoptado de manera arbitraria la decisión de mantener dos decretos retributivos que no tienen respaldo sindical mayoritario, dos proyectos de decreto que modifican el complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Sacyl y la jornada laboral en instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.

Todo ello a pesar de que CC. OO., CSIF y UGT recriminaron ambas propuestas en las mesas sectorial de sanidad y de función pública "por su tramitación, a pesar del voto en contra de la mayoría de la parte social en mesa sectorial", y por no haber abierto negociación con las contrapropuestas que presentaron a la Administración sanitaria.

Este proceder arbitrario del consejero de sanidad ha llevado a que los representantes sindicales exijan su dimisión por su "incapacidad para negociar y dar respuesta a los problemas de la Comunidad", además de "por faltar reiteradamente a su palabra".

La inapropiada respuesta del Gobierno autonómico, como Administración responsable, está provocando gran desconfianza en el sistema público de salud por parte de la ciudadanía debido a las importantes consecuencias de salud, económicas y sociales provocadas por los retrasos en los diagnósticos: inequidad en el acceso, bajas prolongadas y empeoramiento de su estado de salud. Como ya hemos referido en algunas ocasiones, las bajas laborales cada vez son más largas. No sólo suponen un grave problema asistencial, sino también social y laboral por su impacto en la duración de las incapacidades temporales y el aumento de éstas una vez que el paciente tiene una causa no tratada que le impide la incorporación a su puesto de trabajo. Los días de baja siguen subiendo considerablemente ante la saturación de esperas en las listas quirúrgicas, lo que alimenta el absentismo y la pérdida del puesto de trabajo.

Esta falta de respuesta adecuada a los problemas de salud de la ciudadanía y la desesperanza de mejora para poder recibir un diagnóstico en un plazo de tiempo razonable conlleva a que el número de familias castellanas y leonesas que contratan un seguro privado aumente año tras año.

En 2022 el número de pólizas privadas superaban las 430.000, es decir, uno de cada cinco castellanos y leoneses tiene un seguro privado. La falta de eficacia para reducir las listas de espera en el sector público fomenta el crecimiento de la provisión privada.

Las listas de espera son el capítulo peor valorado por la ciudadanía: asociaciones vecinales de toda Castilla y León han denunciado el preocupante aumento de las mismas e incluso pidieron que la Junta de Castilla y León atendiera las indicaciones del Procurador del Común al respecto, que pasan por aumentar los medios técnicos y humanos. También plataformas en defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, sindicatos y profesionales sanitarios responsabilizan a la Consejería de Sanidad del incremento de las listas de espera por no invertir en recursos humanos y materiales.

Desde la Consejería de Sanidad se plantean reiteradamente planes de choque para disminuirlas, sin embargo, desde 2019 no se ha visto el impacto de las dos únicas medidas puestas en marcha de manera "coyuntural" (según palabras del propio consejero de Sanidad). La primera medida son las denominadas peonadas que, lejos de ser una solución puntual y transitoria, se vienen convirtiendo en planteamiento habitual y cuasi permanente que lleva al límite la capacidad de las plantillas al tener que mantener duplicaciones de turnos de manera reiterada. La segunda es la concertación con empresas privadas de la salud, que ya ha recibido millones de euros públicos desde que el Sr. Mañueco llegó a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Ambas estrategias muestran signos claros de agotamiento vistos los magros resultados en la evolución de las listas de espera.

A un problema estructural, como son las listas de espera, no se pueden aplicar soluciones simples con planes temporales o estériles iniciativas, sino que hay que buscar soluciones estructurales a problemas estructurales utilizando recursos públicos, porque, si no se hace así, se puede contribuir a emporar la situación en otros ámbitos.

Hay que exigir medidas urgentes, poniendo la sanidad pública a pleno rendimiento en su actividad quirúrgica, en las consultas de especialistas y en las pruebas diagnósticas y terapéuticas, propiciando una mayor capacidad resolutiva con ampliación del número de profesionales y una mayor dotación de medios y recursos en el sistema autonómico de salud.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Iniciar los trámites pertinentes para presentar en el próximo periodo de sesiones un Proyecto de Ley de Garantías de los Usuarios del Sistema Público de Salud de Castilla y León de cara a establecer unos tiempos de espera máxima y que, además, tenga como eje central las inversiones públicas necesarias.

2. Aprobar, antes de que finalice el año, un Plan Integral de Reducción de las Listas de Espera del sistema público de salud de Castilla y León e incorporar a los presupuestos generales de Castilla y León para, una partida presupuestaria de, al menos, 80 millones de euros destinada a desarrollarlo y ejecutarlo. Dicho plan deberá recoger las líneas estratégicas a medio y largo plazo para que los conciertos sanitarios con el sector privado no sean prácticamente necesarios.

3. Aprobar, en el primer trimestre del próximo año, un plan de organización de los recursos humanos de SACYL que determine las necesidades de plantilla de cada área de salud, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, de forma que el sistema público de salud sea capaz de dar respuesta a la demanda sanitaria de la población.

Valladolid, 26 de noviembre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández