PNL/001174-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de noviembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001171 a PNL/001174.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de noviembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Según un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos, España es el tercer país de la Unión Europea en el que más se han incrementado los impuestos entre 2018 y 2022, lo que ha provocado:

- Una caída de diez puestos en la competitividad fiscal de España, que en 2023 se sitúa en el puesto 33 de 38 países, cuando en 2019 se situaba en el puesto 23.

- El incremento del esfuerzo fiscal de los españoles, que en 2023 supera en un 13 % al de la Unión Europea, siendo el más elevado de entre las grandes economías avanzadas.

Esta situación es consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para incrementar la recaudación, con 81 subidas aprobadas por el Gobierno de España entre 2019 y 2024, a las que hay que sumar las 6 nuevas medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado jueves. En total 87 subidas a nivel nacional frente a las 38 rebajas fiscales planteadas por la Junta de Castilla y León desde el año 2019.

Además, nos encontramos con un Gobierno de España que retrasa de forma injustificada la reforma del sistema de financiación autonómica, tan necesaria y urgente para poder seguir prestando los servicios públicos esenciales en cada territorio, y, sin embargo, tiene mucha prisa en alcanzar pactos bilaterales con algunas formaciones políticas separatistas que privilegian solo a alguna Comunidad Autónoma como pago de un precio político. Y lo que es peor, se negocia un incremento de recursos en las regiones más ricas detrayéndolos de las regiones más desfavorecidas y con mayores necesidades de gasto, incrementando las desigualdades económicas y sociales de los ciudadanos residentes en los distintos territorios.

La reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Diputados incluye entre sus medidas la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituye al anterior gravamen temporal, cuya recaudación se distribuiría entre las comunidades autónomas en función de su Producto Interior Bruto. Este criterio de reparto pactado por el Gobierno con los partidos separatistas ahonda aún más en las desigualdades existentes entre las comunidades autónomas, beneficiando a más ricas, sin tener en cuenta las necesidades de gasto de cada territorio cuantificadas por la variable de la población ajustada acordada en el sistema de financiación autonómica.

Se está pactando la distribución de la recaudación de los impuestos al margen del sistema de financiación autonómica, de forma bilateral, cuando son cuestiones que afectan a todas las CC. AA. La distribución de los nuevos tributos debe responder a la negociación multilateral entre todas las CC. AA. conforme al modelo que está vigente.

De otra manera, distribuir en función del PIB beneficia solo a las CC. AA. más ricas y perjudica especialmente a las CC. AA. con desafíos demográficos y que tienen un mayor coste efectivo en la prestación de los servicios en función de la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento de la población.

De esta forma, se está quebrando el principio de solidaridad y de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a unos servicios públicos de calidad, vivan donde vivan.

En el caso de Castilla y León la aplicación de este criterio de reparto supone la pérdida de un 18 % de los recursos que le corresponderían aplicando la población ajustada.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Para evitar nuevos agravios, como los acordados entre el Gobierno de España y sus socios separatistas, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que, de manera imprescindible, el reparto de la recaudación de cualquier nuevo tributo se realice en base a los criterios vigentes en el sistema de financiación autonómica, que la negociación de las cuestiones que afectan a todas las comunidades autónomas se realice de forma multilateral con todas ellas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se acuerde en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre el rechazo a cualquier privilegio de unas CC. AA. frente al resto".

Valladolid, 26 de noviembre de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares