PNL/001198-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de diciembre de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001186 a PNL/001202.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia:

ANTECEDENTES

La despoblación es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta España, especialmente en las zonas rurales. A nivel nacional, nos hemos convertido en el país más despoblado del sur de la Unión Europea, con una distribución de población extremadamente desigual: sólo el 5 % de la población ocupa el 53 % del territorio. Este fenómeno se intensifica todavía más en las áreas rurales de Castilla y León, donde la escasez de habitantes y los servicios básicos ponen en peligro la viabilidad de muchos pequeños municipios.

Estamos hablando de un problema que afecta profundamente a la estructura territorial y social de España. Según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes y una parte significativa de ellos está en riesgo de desaparición a medio o largo plazo. Como hemos dicho, esto es especialmente preocupante en Comunidades Autónomas como Castilla y León, donde la situación es crítica.

En muchas de las provincias, más del 70 % de los núcleos de población tienen menos de mil habitantes, y este porcentaje se acentúa más en determinados lugares, como es el caso de la provincia de Soria. Esta situación genera un círculo vicioso en el que la falta de habitantes conduce a la reducción de servicios básicos, lo que a su vez impulsa a más personas a abandonar las zonas rurales en busca de mejores oportunidades en las ciudades. Este proceso, conocido como el éxodo rural, ha sido acelerado por la falta de inversión en infraestructuras y falta de políticas de desarrollo rural efectivas.

Para revertir la tendencia de la despoblación, es necesario implementar políticas públicas innovadoras y coordinadas que involucren tanto a las Administraciones Públicas como a la sociedad civil. Fomentar el emprendimiento rural, incentivar la creación de empleo local, apoyar sectores económicos emergentes y la creación de viviendas asequibles son algunas de las medidas a tener en cuenta, pero también otorgar incentivos fiscales y ayudas para el establecimiento de nuevos residentes en estas zonas son elementos clave que deben adoptarse para revertir esta situación.

Si acudimos a la página web de la propia Junta de Castilla y León, podemos observar cómo, el pasado mes de junio, tras enunciar que la lucha contra la despoblación del ámbito rural es una prioridad absoluta de la Junta, anunciaba para hacer frente al progresivo vaciamiento de los pequeños municipios de la Comunidad, en el Boletín Oficial de Castilla y León, las bases reguladoras de una subvención, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyo objetivo es atraer población de otras Comunidades de España a los pueblos de menos de 20.000 habitantes.

Esta ayuda, aunque loable en su origen, está totalmente desvinculada de la realidad y demuestra, una vez más, que la Junta de Castilla y León desconoce profundamente el territorio que gobierna.

En Valladolid, por poner un ejemplo, sólo 4 de sus 225 municipios tienen más de 20.000 habitantes, es decir, se trata de una ayuda donde, en realidad, se permite acceder a la práctica totalidad de municipios de nuestra Comunidad, de manera que no se está solucionando este problema cuando cualquier persona o familia puede acceder a municipios de, por ejemplo, 5.000, 10.000 o 15.000 habitantes, que no tienen el grave déficit poblacional que sí tienen otros mucho más pequeños.

En otras palabras, crear una ayuda de estas características no va a generar el cambio de residencia que se pretende, porque muchos ya viven en municipios de menos de 20.000 habitantes o porque, viviendo en municipios mayores, elegirán desplazarse a municipios predominantemente grandes -aunque inferiores a ese límite de 20.000 habitantes-, dejando como última opción los más pequeños. En resumen, se trata de una ayuda que pasa por alto a estos pequeños municipios.

Todo esto pone de manifiesto que es necesario crear una ayuda mucho más específica y que redunde en un beneficio concreto hacia los territorios despoblados, esto es: municipios cuyas poblaciones tengan, realmente, una falta acuciante de población, una falta de población tal que esté en riesgo real la supervivencia misma del municipio en su conjunto.

Es prioritario crear ayudas concretas hacia territorios que sufren de una manera grave la carencia de residentes. De esta manera se fomentaría de forma eficaz el asentamiento de personas y familias en territorios que sufren una asfixia poblacional severa.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar una serie de subvenciones para fomentar el traslado, desde otras Comunidades, de nuevos pobladores al medio rural de nuestra Comunidad, entendiendo como tal a los municipios de menos de 3.000 habitantes. Estas ayudas se dotarán con 5.000 euros para personas sin hijos o 10.000 euros para las familias con hijos que se trasladen".

Soria, 28 de noviembre de 2024.

LA PROCURADORA Y EL PROCURADOR,

Fdo.: Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Ángel Ceña Tutor