4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001210-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de enero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001206 a PNL/001240.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de enero de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
ANTECEDENTES
El Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las ayudas contempladas en este Real Decreto financiaban proyectos experimentales presentados por Administraciones Públicas para avanzar en la inclusión social de personas vulnerables.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones excluyó el proyecto presentado por la Gerencia de Servicios Sociales de forma arbitraria, y ello a pesar de ajustarse al impacto y finalidad establecidos en el RD 378/2022, de 17 de mayo, y de ser un proyecto muy trabajado y consensuado con las entidades del sector.
Esta exclusión supuso que, de los 102 millones de euros concedidos a las CC. AA., ni un solo euro llegó a Castilla y León, a diferencia de los 17 millones destinados a la Comunidad Valenciana, los 15 para Andalucía o los 11 a Cataluña. En 4 CC. AA. no se financian proyectos: Cantabria, Castilla y León, Baleares y Canarias, y tampoco en Melilla. Y hay dos CC. AA.: Navarra y la Comunidad Valenciana que reciben dos proyectos. Esto supuso una arbitrariedad manifiesta en el reparto de los fondos europeos, y una destacada falta de transparencia.
La Junta de Castilla y León siempre ha destacado en iniciativas enmarcadas en el de apoyo a familias y colectivos vulnerables para atender las diferentes facetas de las necesidades familiares, ya sean alimentos, riesgo de desahucio, pago de recibos de luz y gas, dificultades para el pago del alquiler o hipoteca, etc.
Como consecuencia de esta exclusión arbitraria e injustificada, se perjudicó de forma a Castilla y León y a sus ciudadanos más vulnerables, al no poder recibir ni un solo euro de estas subvenciones, por lo que la Junta de Castilla y León, ante tan palmaria injusticia para las personas de esta tierra, decidió recurrir el Decreto Ley ante los tribunales de justicia.
Finalmente, el pasado 1 de julio de 2024 el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que anuló este Decreto Ley del Gobierno, al considerar injustificado y arbitrario el procedimiento del reparto utilizado por subvenciones directas, sin convocatoria pública, y, por tanto, sin motivación, que dejó fuera a Castilla y León.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que cumpla con los términos de la sentencia del Tribunal Supremo y proceda a subvencionar, tal y como debió de hacer desde el principio, el proyecto piloto dirigido a colectivos vulnerables propuestos por la Junta de Castilla y León y que optaba a las ayudas contempladas en el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo".
Valladolid, 16 de diciembre de 2024.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares
PNL/001210-01
CVE="BOCCL-11-011353"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 35531-35532
BOCCL nº 377/11 del 30/1/2025
CVE: BOCCL-11-011353
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001210-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que cumpla con los términos de la sentencia del Tribunal Supremo y proceda a subvencionar, tal y como debió de hacer desde el principio, el proyecto piloto dirigido a colectivos vulnerables propuestos por la Junta de Castilla y León y que optaba a las ayudas contempladas en el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de enero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001206 a PNL/001240.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de enero de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
ANTECEDENTES
El Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las ayudas contempladas en este Real Decreto financiaban proyectos experimentales presentados por Administraciones Públicas para avanzar en la inclusión social de personas vulnerables.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones excluyó el proyecto presentado por la Gerencia de Servicios Sociales de forma arbitraria, y ello a pesar de ajustarse al impacto y finalidad establecidos en el RD 378/2022, de 17 de mayo, y de ser un proyecto muy trabajado y consensuado con las entidades del sector.
Esta exclusión supuso que, de los 102 millones de euros concedidos a las CC. AA., ni un solo euro llegó a Castilla y León, a diferencia de los 17 millones destinados a la Comunidad Valenciana, los 15 para Andalucía o los 11 a Cataluña. En 4 CC. AA. no se financian proyectos: Cantabria, Castilla y León, Baleares y Canarias, y tampoco en Melilla. Y hay dos CC. AA.: Navarra y la Comunidad Valenciana que reciben dos proyectos. Esto supuso una arbitrariedad manifiesta en el reparto de los fondos europeos, y una destacada falta de transparencia.
La Junta de Castilla y León siempre ha destacado en iniciativas enmarcadas en el de apoyo a familias y colectivos vulnerables para atender las diferentes facetas de las necesidades familiares, ya sean alimentos, riesgo de desahucio, pago de recibos de luz y gas, dificultades para el pago del alquiler o hipoteca, etc.
Como consecuencia de esta exclusión arbitraria e injustificada, se perjudicó de forma a Castilla y León y a sus ciudadanos más vulnerables, al no poder recibir ni un solo euro de estas subvenciones, por lo que la Junta de Castilla y León, ante tan palmaria injusticia para las personas de esta tierra, decidió recurrir el Decreto Ley ante los tribunales de justicia.
Finalmente, el pasado 1 de julio de 2024 el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que anuló este Decreto Ley del Gobierno, al considerar injustificado y arbitrario el procedimiento del reparto utilizado por subvenciones directas, sin convocatoria pública, y, por tanto, sin motivación, que dejó fuera a Castilla y León.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que cumpla con los términos de la sentencia del Tribunal Supremo y proceda a subvencionar, tal y como debió de hacer desde el principio, el proyecto piloto dirigido a colectivos vulnerables propuestos por la Junta de Castilla y León y que optaba a las ayudas contempladas en el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo".
Valladolid, 16 de diciembre de 2024.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares
PNL/001210-01
CVE="BOCCL-11-011353"
