PE/003036-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de febrero de 2025, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/002979 a PE/003059.

Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de febrero de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

En el verano del año 2022 las regiones de León y Castilla sufrieron la quema de miles de hectáreas de su territorio en una serie de devastadores incendios, que sufrió especialmente la Región Leonesa con los catastróficos incendios de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, estando entonces Juan Carlos Suárez-Quiñones al mando de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como José Ángel Arranz Sanz como Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, puestos que siguen desempeñando.

En todo caso, a raíz de aquel fatídico verano en que el operativo anti-incendios organizado por la Junta se demostró claramente insuficiente, el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó un acuerdo a través del Diálogo Social en el que se comprometía a varias mejoras en el operativo anti-incendios a ejecutar entre los años 2023 y 2025.

Una de dichas medidas comprometidas era la de tener contratados a los Vigilantes de Incendios Forestales (que es personal laboral de la Junta) durante los 12 meses del año para el 2025, ya que venían siendo contratados por la Junta como fijos discontinuos por periodos de 3, 4 o 6 meses, pasando a realizar labores de prevención cuando la vigilancia no fuera necesaria. No obstante, habiéndose iniciado ya el año 2025, a muchos Vigilantes de Incendios Forestales no les ha llegado el llamamiento por parte de la Junta para ese prometido contrato permanente durante todo el año, habiendo informado la Junta a algunos de ellos de que finalmente no se hará el llamamiento a todos, y por tanto, que no se va a ejecutar por completo aquel compromiso adquirido por el Gobierno autonómico a través de su Consejero.

En este caso, para justificar el incumplimiento del acuerdo, el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, aprobaba una Resolución en diciembre de 2024 en la que señalaba que hay muchos Puestos de Vigilancia contra incendios que considera innecesarios, apuntando a que en algunos casos serán sustituidos por tecnología, esto es, cámaras de vigilancia.

Así, en total serían 34 los Puestos que la Junta pretende suprimir en la Región Leonesa (correspondiendo 18 a Zamora, 12 a León y 4 a Salamanca), a los que habría que sumar los que pretende suprimir en Castilla, tratándose en algunos casos de Puestos ubicados en zonas con mucha masa forestal, con orografía escarpada y con vigilancia sobre áreas naturales protegidas, como ocurriría en el caso de la provincia de León en los puestos de Villablino, Ancares, Riello, La Robla, Garrafe de Torío y Valderrueda, en los que pretenden suprimirse plazas de vigilantes, que en el conjunto de la comunidad autónoma prácticamente quedarían reducidos a la mitad de los actualmente existentes.

En todo caso, cabe apuntar que las labores de los Vigilantes de Incendios Forestales son muy amplias, pero en la mencionada Resolución el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ciñe únicamente a la vigilancia en época de peligro alto de incendios.

Asimismo, cabe destacar que los puestos de trabajo que se pretenden eliminar son de personas que trabajan en zonas rurales, justificando la Junta la decisión de suprimir Puestos de Vigilancia como una medida de ahorro de dinero público, señalando en la Resolución que “supone un gasto público innecesario”, pero paralelamente apuntan a que se incrementará el gasto en cámaras de vigilancia, en las que se llevan gastados varios millones de euros, siendo licitándolas a empresas privadas.

En este aspecto, cabe apuntar que ya se están utilizando cámaras de vigilancia para la detección de incendios forestales, que en el caso de la provincia de León no han detectado ningún incendio desde su instalación en el año 2016, pudiendo considerarse por ello que su efectividad es bastante cuestionable para la detección.

Por otro lado, entre otras funciones que desempeñan los Puestos de Vigilancia también se encuentra la de hacer de enlace de comunicaciones por emisora en emergencias, y cabe recordar en este aspecto que estarnos hablando de zonas aisladas forestales, con la dificultad añadida de la cobertura telefónica que hay en las zonas rurales, por lo que supone un despropósito que pretendan reemplazar a personas profesionales y experimentadas por tecnología que se ha mostrado ineficaz, dejando extensas zonas forestales sin vigilancia personal, zonas en las que, dicho sea de paso, no se están realizando las labores de prevención de incendios necesarias, por lo que se están convirtiendo en auténticos polvorines, dejándolas a la suerte de que vengan veranos con precipitaciones, como ha ocurrido en 2024, para evitar catástrofes.

PREGUNTAS:

1.- ¿Por qué la Junta no ha contratado a todos los Vigilantes de Incendios Forestales durante los 12 meses del año, siendo dicha extensión de contrato para los Vigilantes de Incendios Forestales uno de los compromisos que adquirió el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio el 27 de septiembre de 2022 en el ‘Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025’?

2.- ¿Qué valoración hace la Junta de la eficacia de las cámaras de vigilancia contra incendios distribuidas por la comunidad en cuanto a la detección del inicio de los incendios forestales?

3.- ¿Cuántos incendios forestales han sido detectados en su inicio en cada provincia por año por las cámaras de vigilancia contra incendios distribuidas por la comunidad por la Junta?

4.- ¿Cuántas cámaras de vigilancia contra incendios hay en cada provincia, cuál ha sido el coste de adquisición de las mismas, a qué empresas se han comprado dichas cámaras y cuál es el importe pagado a cada empresa por las cámaras adquiridas?

Valladolid, a 20 de enero de 2025.