PNL/001260-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de febrero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001260 a PNL/001263.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de febrero de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector del porcino es uno de los pilares fundamentales de la economía agroalimentaria española, con un impacto significativo en la generación de empleo, especialmente en el medio rural, y como motor clave para la cohesión territorial. Representa el 14 % de la producción final agraria y ocupa el primer lugar en importancia económica dentro de las producciones ganaderas con un 39 % de la producción final ganadera. Además, España es líder en la producción de porcino en la Unión Europea y el tercer exportador mundial, con productos reconocidos por su calidad y trazabilidad. En concreto, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España destacó en el censo porcino europeo con 34.452 cabezas; sin embargo, el número de explotaciones de ganado porcino ha descendido en los últimos diez hasta la cifra de 45.637.

Pese a ello, el sector enfrenta serias amenazas derivadas de políticas nacionales y europeas, que comprometen su futuro y competitividad.

Entre estas amenazas se encuentra la competencia desleal de terceros países, el impacto de las políticas climáticas como el Pacto Verde Europeo y las estrategias que de él se derivan y que están asfixiando al sector primario.

En particular, la nueva Directiva sobre emisiones contaminantes incluye a la ganadería intensiva de porcino, lo que supone un incremento significativo de los costes de producción en un momento crítico para el sector.

A ello se suma la estigmatización del consumo de productos del sector porcino, incluso desde el propio Gobierno, en relación con la supuesta influencia del consumo de carne y del sector en detrimento del medio natural, otros riesgos derivados de la política comercial internacional y riesgos sanitarios en relación con la entrada y difusión de enfermedades infectocontagiosas.

Es claro que la carga fiscal y normativa, tanto a nivel nacional como europeo, el aumento de impuestos y la sobrerregulación dificultan la rentabilidad de las explotaciones. El excesivo marco regulatorio de normas ambientales que presiona en particular al sector porcino y avícola tendrá un fuerte impacto sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán contar con una autorización ambiental integrada para poder desempeñar su actividad habitual.

La normativa de bienestar animal tanto en el sector porcino como en el sector avícola de la UE es la más exigente a nivel mundial, lo que, sumado a las normativas en bienestar animal en transporte, hace que nuestro sector tenga una carga de obligaciones que claramente juega en contra de los intereses de nuestros productores. Estas medidas afectan especialmente a los pequeños productores, esenciales para el tejido rural, contribuyendo al abandono de la actividad.

Además, la diferente legislación autonómica, sobre todo a nivel urbanístico y medioambiental, así como las diferentes previsiones en materia de gestión de residuos, ocasionan a los productores importantes trastornos, lo que hace necesaria la apuesta decidida por la armonización de las normativas urbanísticas y ambientales de acuerdo con las necesidades del ejercicio de la actividad ganadera.

El impacto acumulado de estas amenazas ha llevado a una disminución significativa de explotaciones porcinas y a un descenso en el empleo en el sector primario. En 2024, la afiliación a la Seguridad Social en este sector se redujo en casi 100.000 trabajadores respecto a 2018. Además, el relevo generacional está en peligro, ya que los altos costes de producción y la baja rentabilidad desincentivan la incorporación de jóvenes al sector. Se hace por tanto necesario implementar medidas que ayuden a atajar este desafío.

El sector del porcino es mucho más que una actividad económica, es una forma de vida que garantiza el mantenimiento de la España rural, el desarrollo local y la lucha contra la despoblación.

En lo que se refiere a Castilla y León, el sector porcino es el sector agroalimentario más importante, con 600.000 toneladas de carne de cerdo, y representa más del 17 % del total de la producción de la rama agraria y 1.300 millones de euros en valor de producción.

En Castilla y León la ganadería representa un 20 % del PIB agroalimentario. Es clave para el sector exportador, ya que buena parte de la carne y los productos derivados llegan a mercados internacionales, fortaleciendo la economía regional. Además, la ganadería intensiva garantiza una producción estable y constante, algo esencial para abastecer a la población de proteína de calidad a un precio asequible y salvaguardar nuestra soberanía alimentaria.

Uno de los mayores retos a que se enfrentan las zonas rurales de Castilla y León es el de la despoblación. La ganadería intensiva se ha revelado como una herramienta imprescindible para combatir este problema. Las explotaciones ganaderas generan miles de puestos de trabajo en tareas como el manejo del ganado, la producción y la comercialización. A esto se suma el empleo generado en sectores relacionados, como la industria alimentaria, el transporte, la fabricación de piensos y los servicios veterinarios.

Por otro lado, la aportación al mercado de una abundante oferta de carne de cerdo, pollo y conejo contribuye a frenar la escalada del precio de los alimentos y, por ende, contribuye a evitar la consolidación de una inflación disparada que está afectando a la cesta de la compra y al nivel de vida de las clases más humildes y medias.

El compromiso con el bienestar animal y el medioambiente no es incompatible con las explotaciones de ganadería intensiva. Es importante subrayar que las explotaciones ganaderas en Castilla y León cumplen con rigurosas normativas tanto de bienestar animal como de sostenibilidad medioambiental. Los propietarios de las granjas aplican prácticas avanzadas que aseguran el confort, la salud y el bienestar del ganado, garantizando una producción de máxima calidad. Se utilizan tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de gases y gestionar los residuos de manera eficiente y se promueve la reutilización de subproductos como fertilizantes naturales.

Sin embargo, asistimos a una campaña de ataque al modelo productivo de la ganadería intensiva que ha perjudicado la imagen pública del sector. Esta campaña tiene por marco la Agenda 2030, que quiere acabar con el consumo de auténtica carne para sustituirlo por el consumo de "gusanos" procesados, el Pacto Verde que perjudica a todo el sector primario y un supuesto bienestar animal que exige cada día más adaptaciones restrictivas, poniendo en jaque la viabilidad económica de las explotaciones.

Las continuas normativas que se exigen a los propietarios de las explotaciones suponen un considerable aumento de sus costes y la necesidad de fuertes desembolsos en inversiones de adaptación, la falta de ayudas reales para poder realizarlas, hacen que sea muy complicado poder afrontarlas en lo económico, a lo que se une la falta de relevo generacional, situación que amenaza la continuidad de las explotaciones más pequeñas.

No acaban aquí los problemas del sector ganadero y la industria cárnica.

La excesiva burocracia, la inseguridad jurídica y los retrasos en las autorizaciones hacen que la instalación de nuevas granjas y la ampliación de las existentes impida el dinamismo y flexibilidad deseable para el sector ganadero de intensivo.

Según los datos de que disponemos, hay alrededor de 200 explotaciones pendientes de estos permisos en Castilla y León, de las cuales 180 han presentado solicitud y cumplen con todas las normativas exigidas. Todo ello supone un lastre para el campo de Castilla y León y un perjuicio para los intereses económicos, el empleo y la lucha contra la despoblación en el mundo rural.

A la vista de todo lo anterior, es preciso que la Junta de Castilla y León defina con claridad la estrategia global y los programas de actuación orientados a lograr que el sector cárnico-ganadero en Castilla y León tenga garantizada, no solo su supervivencia, sino su desarrollo. Consecuentemente, debemos apoyar a la industria cárnica y a la ganadería intensiva como uno de los más importantes elementos del sector primario de Castilla y León, procediendo a elaborar un Plan estratégico para el mismo inspirado en el artículo 16.j) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que atribuye a la Junta de Castilla y León la aprobación de programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración de la Comunidad.

Igualmente debemos paliar las consecuencias de la nueva normativa europea inspirada en el fanatismo climático y los principios de la Agenda 2030, que pretende acabar con el actual modelo de producción cárnica. Así como establecer las medidas necesarias para compensar a los ganaderos por realizar las actuaciones a que vienen obligados para cumplir con la normativa de bienestar animal a fin de garantizar su competitividad y supervivencia.

No debemos olvidar tampoco el objetivo de agilizar y simplificar la tramitación de los procedimientos de concesión de licencias de apertura y ampliación de estas explotaciones y cumplimiento de los plazos administrativos, para así ofrecer seguridad jurídica a los empresarios del sector.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

A) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a promover las siguientes medidas:

1.- Proteger al sector del porcino español mediante medidas destinadas a asegurar su competitividad frente a las importaciones de terceros países que no cumplen los estándares europeos de calidad y sanidad, así como el exceso o desarmonización de medidas regulatorias que impiden la modernización de las explotaciones ganaderas.

2.- Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, en todo aquello que perjudique a los intereses del sector porcino español, y denunciar la opacidad con la que la Comisión Europea ha negociado este acuerdo, de espaldas de las naciones europeas.

3.- Reforzar los controles en frontera y los controles sanitarios de fauna silvestre PPA, para garantizar la seguridad alimentaria y evitar la entrada de carne o productos cárnicos que no cumplan con los requisitos legales europeos.

4.- Impulsar, en el seno de la Unión Europea, las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria mediante el establecimiento de cláusulas espejo en todos los productos ganaderos importados a la UE, y en especial aquellos del sector porcino español.

5.- Reducir la presión regulatoria y fiscal que afecta a las explotaciones porcinas, fomentando un entorno favorable para su desarrollo económico y libre de cargas burocráticas innecesarias.

6.- Promover los trámites oportunos para derogar la Ley 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, por su falta de proporcionalidad y coherencia ya que supone un ataque al medio rural y perjudica a quienes mejor conocen el campo.

7.- Promover campañas públicas de información poner en valor los productos del porcino español como alimentos de calidad.

8.- Fomentar la innovación en el sector mediante incentivos fiscales a la investigación y adopción de tecnologías que mejoren la eficiencia productiva.

9.- Elaborar un plan integral de relevo generacional para el sector del porcino que incluya medidas específicas para fijar población en la España rural, incluyendo al menos:

a) otorgar ayudas directas para la creación o adquisición de instalaciones ganaderas por parte de jóvenes,

b) reducir los impuestos y cargas sociales a aquellas explotaciones que contraten nuevos empleados jóvenes,

c) crear líneas de crédito específicas con bajos intereses para apoyar a los jóvenes emprendedores en el sector porcino,

d) crear Centros Formativos Especiales en la España rural adaptados a las necesidades del sector primario,

e) fomentar el cooperativismo y el traspaso de conocimiento intergeneracional.

B) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1.- Proceda a la Declaración como sector estratégico a la actividad de la ganadería intensiva e industria cárnica de Castilla y León, con elaboración del correspondiente Plan de acción para su desarrollo.

2.- Establecer medidas de simplificación administrativa, unificando procedimientos y garantizando la seguridad en los plazos, reforzando las plantillas de funcionarios de forma transitoria hasta corregir el retraso en la concesión de licencias de apertura y ampliación de explotaciones.

3.- Establezca una línea de ayudas para paliar la situación de distorsión de la competencia o pérdida de competitividad y el costo de la adaptación de las explotaciones del sector cárnico-ganadero a la legislación de bienestar animal.

4.- Apoyar o contribuir a poner en valor la imagen de la industria cárnica y el sector de la ganadería intensiva en Castilla y León.

Valladolid, 17 de febrero de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos