PNL/001263-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de febrero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001260 a PNL/001263.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de febrero de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Castilla y León, como el resto de España, tiene el deber de garantizar la acogida y protección de las personas refugiadas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria. Nuestra Comunidad no puede convertirse en un territorio hostil para quienes buscan una vida digna y segura. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha decidido, una vez más, dar la espalda a la solidaridad y a los derechos humanos con una política xenófoba y racista, pero ahora el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco ya no puede tapar sus decisiones con fines racistas escudándose en su anterior socio, Vox.

Así, la Orden de 28 de octubre de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 7 de noviembre, limita la capacidad de los Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), reduciendo las plazas a 120 en municipios mayores de 20.000 habitantes y a solo 60 en los más pequeños. Esta decisión arbitraria intenta sabotear proyectos clave para esta tierra, como el CAPI de Villablino, que preveía 200 plazas, y el centro de Soria, con 203 plazas y 13 millones de inversión impulsada por el Gobierno de España para cada centro, es decir, un total de 26 millones de euros.

Esta orden restrictiva ha sido aprobada después de la ruptura con la extrema derecha, demostrando que el Partido Popular mantiene la misma línea fascista y retrógrada, atacando a los más vulnerables y tratando de enfrentar a la ciudadanía con discursos de odio. Pero estas políticas no son nuevas, ya hemos visto cómo pusieron en marcha estas estrategias de enfrentamiento y manipulación en Valladolid, Salamanca y Burgos, donde los gobiernos del PP han impulsado campañas de miedo y odio contra la inmigración con el único objetivo de sembrar el rechazo hacia quienes buscan una segunda oportunidad, bloqueando y rechazando proyectos que no solo ofrecen una oportunidad para las personas que vienen a nuestra tierra, sino también a los que ya viven en ella, ahora atacan directamente a dos de los territorios que más están sufriendo las consecuencias de la despoblación en Castilla y León, como son la provincia de Soria y la comarca leonesa de Laciana.

La estrategia de confrontación que viene siguiendo la Junta de Castilla y León tiene un objetivo claro: frenar inversiones y generar un clima de hostilidad contra quienes más lo necesitan.

Además, esta limitación podría considerarse una invasión de competencias estatales, ya que la política migratoria y de asilo es una competencia exclusiva del Estado, conforme al artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española. Este precepto respalda la consideración de que los CAPI son de titularidad pública, encuadrados en la Fase 1 del sistema de acogida de protección internacional, y no están sujetos a la Orden de la Junta de Castilla y León. A pesar de ello, el Partido Popular ha impuesto su criterio unilateralmente, sin consultar a los municipios implicados ni coordinarse con el Gobierno central, demostrando una clara falta de voluntad para facilitar la integración y el desarrollo de los territorios más castigados por la despoblación.

Por si fuera poco, esta política no solo perjudica a las personas refugiadas, algo que ya es gravísimo y que demuestra su falta de humanidad y empatía, sino que también es un ataque directo a los municipios rurales, que ven bloqueadas oportunidades de inversión, empleo y revitalización demográfica. La Junta de Castilla y León está usando el miedo al diferente para enfrentar a los ciudadanos entre sí, alentando un discurso de odio que solo beneficia a los extremistas.

Castilla y León no puede permitirse seguir bajo un Gobierno que actúa como una sucursal de la ultraderecha, negando el futuro a nuestros pueblos y alimentando el rechazo al más vulnerable.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Adoptar las medidas necesarias para, de manera inmediata, proceder a anular la Orden de 28 de octubre de 2024 publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 7 de noviembre, que limita la capacidad de los centros de acogida de personas refugiadas, por ser una medida restrictiva que perjudica tanto a la población migrante como a los municipios rurales que necesitan inversiones y oportunidades de desarrollo.

2.º- Establecer un diálogo constructivo con los ayuntamientos de los municipios afectados, garantizando que las decisiones sobre estos centros se adopten de forma consensuada y atendiendo a las necesidades locales.

3.º- Coordinar actuaciones con el Gobierno de España destinadas a asegurar que Castilla y León cuente con infraestructuras de acogida adecuadas, fomentando la integración social y el desarrollo económico de los municipios beneficiados.

4.º- Adoptar cuantas medidas sean necesarias para promover e impulsar un nuevo marco normativo basado en criterios técnicos y sociales, que permita a Castilla y León cumplir con sus obligaciones en materia de acogida de personas refugiadas, asegurando que los municipios en riesgo de despoblación puedan aprovechar estos proyectos como una oportunidad para su revitalización".

Valladolid, 18 de febrero de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández