PNL/001265-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de febrero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001264 a PNL/001266.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de febrero de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más potencia renovable tiene instalada en el conjunto de la generación de energía eléctrica de toda España, liderando el ranking de generación eólica e hidráulica a nivel nacional.

Castilla y León es excedentaria en la producción de energía eléctrica, con 1,5 veces la energía que consume. Además, es la Comunidad Autónoma con mayor excedente de generación renovable respecto a su demanda eléctrica total, que alcanza una cifra de 7.372 GWh, de acuerdo con los datos proporcionados por REE en su Informe del Sistema Eléctrico 2022.

El 95 % de la producción eléctrica de nuestra Comunidad ya es renovable, y a pesar de la solidaridad de Castilla y León con el resto del territorio nacional, y su imprescindible contribución a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC), ello no se ve justamente compensado en la política energética llevada a cabo desde el Gobierno de España.

Además, nuestra Comunidad se encuentra tremendamente afectada por el denominado proceso de transición energética, al haber sufrido los cierres de sus 4 centrales de generación térmica (Anllares, Compostilla, La Robla y Guardo), sus explotaciones mineras asociadas, así como el de la central nuclear de Santa María de Garoña.

A este hecho se une la realidad demográfica del oeste de la Comunidad Autónoma, en particular en las provincias de Zamora y León, que, sin duda, guarda relación con el coste de oportunidad de las zonas generadoras de energía; con una ocupación del territorio muy elevada y sin posibilidad de beneficiarse de precios más competitivos de la energía que producen y ni siquiera del consumo de esta por déficit de infraestructuras eléctricas.

La generación mediante fuentes renovables de energía, a pesar de las indudables ventajas que implica, supone una afección importante en relación al uso intensivo de suelo, desplazando usos tradicionales, así como al impacto visual y territorial que conlleva. Y son numerosos los municipios que ven con recelo el despliegue de instalaciones de generación renovable en su territorio, y sectores que ven peligrar sus formas tradicionales de vida dada la cantidad de proyectos actualmente en fases de tramitación y construcción.

Por todo ello, resulta imprescindible que la transición se realice en justa compensación a Comunidades como la nuestra que contribuyen sobremanera en términos de generación renovable, posibilitando la atracción de procesos industriales asociados a la transición energética y a la cadena de valor de las renovables, a actividades industriales electrointensivas asegurando que transición energética y justicia sean una realidad y no solo un slogan.

Castilla y León apuesta firme y decididamente por el asentamiento de actividad industrial que genere inversión, empleo, y asiente población. Y una de sus líneas para conseguirlo es a través del fomento de los polígonos industriales de titularidad pública de la Junta de Castilla y León en las nueve provincias de la Comunidad, cuyo desarrollo necesita ser acompañado del refuerzo de infraestructuras energéticas de transporte y distribución, dadas las limitaciones de las redes existentes, muy saturadas tanto para generación como para demanda.

En relación con el autoconsumo, y con el objetivo de facilitar el desarrollo del autoconsumo industrial, que contribuya a la descarbonización de la economía, parece imprescindible desarrollar una normativa específica que regule el marco del gran autoconsumo industrial, pues la normativa desarrollada hasta la fecha para el autoconsumo está pensada para pequeñas instalaciones, y mayoritariamente de uso doméstico.

En el proceso de Planificación de la Red de Transporte 2025-2030 la Junta de Castilla y León ha solicitado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus demandas de desarrollo de la red, tanto refuerzos para los proyectos con consumos directos en la red de transporte como aquellos refuerzos necesarios para soportar las demandas de consumo en la red de distribución.

La necesidad de incrementar la inversión en redes eléctricas está ampliamente respaldada por numerosos informes y declaraciones de distintos expertos y organismos responsables del sector en los últimos meses: "Por cada euro que se invierta en renovables debe invertirse un euro en redes eléctricas". "Es vital que los reguladores reconozcan esta necesidad y creen las condiciones para que esto suceda. Para poder invertir en redes necesitamos previsibilidad, estabilidad y rentabilidad atractiva".

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su informe Electricity Grids and Secure Energy Transitions, alerta del riesgo de que no se pueda llevar a cabo la descarbonización de la economía y, por tanto, la transición energética, si no se mejoran y expanden las redes eléctricas. La AIE estima que es necesario duplicar la inversión en redes eléctricas de aquí a 2040 para poder cumplir con los objetivos climáticos y así garantizar la seguridad de suministro.

Para ello resulta imprescindible que los marcos de planificación nacional sean flexibles y ágiles en su adaptación, así como facilitar las inversiones de las empresas transportistas y distribuidoras en sus redes, actualmente muy limitadas.

Asimismo, es preciso dotar al sector de estabilidad regulatoria, con un marco de predictibilidad que posibilite el despliegue de los proyectos frente a la utilización indiscriminada de la figura del real decreto ley, constitucionalmente previsto para casos de extraordinaria y urgente necesidad.

Cuatro años después de la aprobación de la Estrategia nacional de almacenamiento energético, sigue sin existir una apuesta decidida por el almacenamiento de la energía, resultando imprescindible no solo para respaldar el despliegue renovable, para aportar flexibilidad al sistema y estabilidad a la red, sino como mecanismo para contribuir a la efectiva transición justa en nuestro territorio.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de:

1. Que la Comunidad de Castilla y León se vea justamente compensada en el proceso de planificación de la Red de Transporte de Electricidad a 2030; en relación a sus necesidades de consumo, de conformidad con los principios rectores de cohesión territorial, reto demográfico, transición energética justa, cadena de valor y descarbonización de actividades industriales; así como en sus capacidades de almacenamiento hidráulico mediante centrales de bombeo reversibles.

2. Que el presente proceso de planificación energética de las redes, y los sucesivos, se rijan por los principios de agilidad y flexibilidad para posibilitar la efectiva llegada de proyectos y no se pierdan las oportunidades ligadas a la transición energética.

3. Que se adopten las medidas oportunas para que se incremente la inversión en las redes de transporte y distribución; eliminando o incrementando el límite actual del 0,13 % del PIB.

4. Que se realicen los trámites oportunos para que los concursos de capacidad en los nudos de transición justa ubicados en Castilla y León sean convocados, dado que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma en la que no se ha convocado aún ningún nudo de transición justa.

5. Que se adopten las medidas oportunas para la efectiva convocatoria de concursos de acceso a la demanda por parte de la Secretaría de Estado de Energía.

6. Que se dote al sector de un marco de predictibilidad a través de la estabilidad regulatoria, y se apueste decididamente por el almacenamiento energético aprobando un mecanismo de capacidad que incentive su despliegue.

7. Que se adapte el marco normativo del autoconsumo para posibilitar autoconsumo a escala industrial".

Valladolid, 18 de febrero de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares