PNL/001271-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de febrero de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001267 a PNL/001287.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de febrero de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Gallego González, José Ramón García Fernández y Luis Mariano Santos Reyero, procuradores de Unión del Pueblo Leonés (UPL), pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

ANTECEDENTES

En el verano del año 2022 las regiones de León y Castilla sufrieron la quema de miles de hectáreas de su territorio en una serie de devastadores incendios, que sufrió especialmente la Región Leonesa con los catastróficos incendios de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, en los que se calcinaron 65.000 hectáreas y fallecieron varias personas, lo que puso de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con sistemas de vigilancia y detección de incendios robustos y eficaces.

En este aspecto, a raíz de aquel fatídico verano en que el operativo antiincendios organizado por la Junta se demostró claramente insuficiente, el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó un acuerdo a través del Diálogo Social en el que se comprometía a varias mejoras en el operativo antiincendios a ejecutar entre los años 2023 y 2025.

Una de dichas medidas comprometidas era la de tener contratados a los Vigilantes de Incendios Forestales (que es personal laboral de la Junta) durante los 12 meses del año para el 2025, ya que venían siendo contratados por la Junta como fijos discontinuos por periodos de 3, 4 o 6 meses, pasando a realizar labores de prevención cuando la vigilancia no fuera necesaria. No obstante, habiéndose iniciado ya el año 2025, a muchos Vigilantes de Incendios Forestales no les ha llegado el llamamiento por parte de la Junta para ese prometido contrato permanente durante todo el año, habiendo informado la Junta a algunos de ellos de que finalmente no se hará el llamamiento a todos, y, por tanto, que no se va a ejecutar aquel compromiso adquirido por el Gobierno autonómico a través de su Consejero.

En este caso, para justificar el incumplimiento del acuerdo, el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, aprobaba una Resolución en diciembre de 2024 en la que señalaba que hay muchos Puestos de Vigilancia contra incendios que considera innecesarios, apuntando a que en algunos casos serán sustituidos por tecnología, esto es, cámaras de vigilancia.

Así, la Junta pretende suprimir una treintena de Puestos de Vigilancia en la Región Leonesa, así como acometer una disminución del personal especializado, que en el caso de la provincia de Zamora se reduciría de 42 a 20 efectivos, estando ubicados en algunos casos los Puestos que se pretenden suprimir en zonas con mucha masa forestal, con orografía escarpada y con vigilancia sobre áreas naturales protegidas, como ocurriría en el caso de la provincia de León en los puestos de Villablino, Ancares, Riello, La Robla, Garrafe de Torío y Valderrueda, en los que también pretenden suprimirse plazas de vigilantes, que en el conjunto de la Comunidad Autónoma prácticamente quedarían reducidos a la mitad de los actualmente existentes.

Y es que esta medida decretada por la Junta se basa en la intención de sustituir parte de la vigilancia humana por sistemas de cámaras tecnológicas. No obstante, si bien es cierto que las cámaras de vigilancia pueden desempeñar un papel complementario en la detección de incendios y en la identificación de posibles causantes, su eficacia es limitada sin la supervisión y el análisis de personal capacitado, resultando insustituibles la experiencia y el conocimiento del terreno que aportan los vigilantes forestales, especialmente en provincias como Zamora, León o Salamanca, con una orografía y biodiversidad muy variadas.

Además, la implementación de sistemas de cámaras no ha demostrado, hasta la fecha, apenas eficacia en la prevención y detección temprana de incendios en comparación con la vigilancia humana. De hecho, en algunas ocasiones estas cámaras han generado falsos positivos, ya que pueden confundir polvo con humo, o no han detectado con la suficiente antelación focos de incendio, lo que pone en riesgo la pronta respuesta necesaria para su control.

Por ello, es fundamental reconocer que las cámaras pueden ser herramientas valiosas para la identificación de personas que provoquen incendios, pero esta función es posterior a la ocurrencia del siniestro y no contribuye a la prevención o detección temprana, que son cruciales para minimizar daños. Por lo tanto, consideramos que la reducción de puestos o torretas de vigilancia y personal especializado en provincias como Zamora, León o Salamanca es una medida contraproducente que puede aumentar la vulnerabilidad de nuestros montes y poblaciones ante futuros incendios forestales.

Por otro lado, cabe apuntar que las labores de los Vigilantes de Incendios Forestales son muy amplias, pero en la mencionada Resolución el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ciñe únicamente a la vigilancia en época de peligro alto de incendios. Asimismo, cabe destacar que los puestos de trabajo que se pretenden eliminar son de personas que trabajan en zonas rurales, justificando la Junta la decisión de suprimir Puestos de Vigilancia como una medida de ahorro de dinero público, señalando que "supone un gasto público innecesario", pero paralelamente apuntan a que se incrementará el gasto en cámaras de vigilancia, en las que se llevan gastados varios millones de euros, siendo licitándolas a empresas privadas.

En este aspecto, cabe apuntar que ya se están utilizando cámaras de vigilancia para la detección de incendios forestales, pero los datos muestran que su efectividad es bastante cuestionable para la detección. Por otro lado, entre otras funciones que desempeñan los Puestos de Vigilancia también se encuentra la de hacer de enlace de comunicaciones por emisora en emergencias, y cabe recordar en este aspecto que estamos hablando de zonas aisladas forestales, con la dificultad añadida de la cobertura telefónica que hay en las zonas rurales, por lo que supone un despropósito que pretendan simplemente reemplazar a personas profesionales y experimentadas por cámaras, dejando extensas zonas forestales sin vigilancia personal, zonas en las que, dicho sea de paso, no se están realizando las labores de prevención de incendios necesarias, por lo que se están convirtiendo en auténticos polvorines, dejándolas a la suerte de que vengan veranos con precipitaciones, como ha ocurrido en 2024, para evitar catástrofes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

Mantener operativos todos los puestos de vigilancia contra incendios actualmente existentes en las provincias de Zamora, León y Salamanca".

2.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

Preservar los puestos de trabajo de todos los profesionales dedicados a la vigilancia y detección de incendios en las diversas provincias de la Comunidad Autónoma".

3.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

Implementar un sistema de vigilancia híbrido que combine la tecnología de cámaras con la experiencia y conocimiento del personal especializado, garantizando así una detección temprana y una respuesta eficaz ante posibles incendios".

4.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

Realizar estudios exhaustivos que evalúen la eficacia de los sistemas de cámaras en la detección y prevención de incendios antes de considerar la reducción de personal o la eliminación de puestos de vigilancia contra incendios".

5.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

Asegurar la participación de los agentes medioambientales y demás personal especializado en la toma de decisiones relacionadas con la prevención y vigilancia de incendios forestales, aprovechando su experiencia y conocimiento del terreno".

Valladolid, 3 de febrero de 2025.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Ramón García Fernández y Alicia Gallego González

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero