PNL/001348-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001346 a PNL/001349.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de abril de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Castilla y León presenta una tasa de desempleo situada más de dos puntos por debajo de la media nacional, lo que refleja un mejor comportamiento relativo en el contexto estatal. Sin embargo, este dato global oculta desigualdades territoriales significativas. La amplia dispersión geográfica y demográfica de la Comunidad implica que determinados municipios -de relevancia estratégica por su ubicación, actividad económica o peso poblacional, casi todos ellos de población superior a 20.000 habitantes- registren cifras de desempleo con grandes volúmenes, superiores en muchos casos a los 1.000 inscritos en los servicios públicos de empleo en un solo término municipal.

Generar empleo estable desde las Administraciones locales no solo reduce las tasas de paro, sino que contribuye a fijar población en zonas rurales y semiurbanas, evitando la despoblación y revitalizando economías locales estancadas. Además, permite orientar los recursos hacia sectores estratégicos como la agricultura sostenible, el turismo cultural, la digitalización y la economía circular, aprovechando las vocaciones productivas de cada territorio.

Las políticas activas de empleo que desarrolla la Junta de Castilla y León en colaboración con las entidades locales son instrumentos útiles y necesarios para la mejora de la empleabilidad y la reducción del desempleo en el ámbito local, especialmente en las zonas rurales menos desarrolladas y con menos oportunidades de empleo de Castilla y León.

Esas políticas activas de empleo fortalecen los servicios públicos y las infraestructuras locales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando el desarrollo de actuaciones de mantenimiento de espacios comunes, limpieza o atención social entre otros. Y no solo crean empleos directos, sino que dinamizan la actividad económica indirecta y resultan facilitadoras de la inclusión laboral de colectivos vulnerables (personas con discapacidad, desempleados de larga duración, jóvenes y mayores de 45 años), reduciendo desigualdades y promoviendo un mercado laboral inclusivo y más equitativo.

Con estos objetivos desde la Junta de Castilla y León, Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se han venido gestionando con resultados muy positivos diversos programas de inserción laboral y fomento del empleo, apoyando la contratación por parte de las Entidades Locales de desempleados no ocupados; entre otros los programas ELTUR, QUINTEL o MAYEL.

Recientemente, y como resultado de la aprobación en el Pleno del Estado de la Comunidad de una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la Consejería ha unificado los tres programas en una sola línea de subvenciones a entidades locales, diputaciones y ayuntamientos, con el objetivo de agilizar y simplificar su gestión.

Si bien la convocatoria está abierta a todos los ayuntamientos de municipios de Castilla y León, sin establecimiento de límites poblacionales, es necesario atender de forma suplementaria y singular a los municipios con más de 20.000 habitantes y a los núcleos de población con mayores volúmenes brutos de desempleados, debido a las singularidades en la dinámica del mercado de trabajo y los perfiles profesionales demandados.

Por otra parte, las medidas de empleo local deben diseñarse con una orientación clara al reto demográfico y a la cohesión territorial y social, principios fundamentales tanto de nuestra Constitución como de la política de cohesión europea. En Castilla y León, estos objetivos son especialmente trascendentes debido a una combinación de factores estructurales que limitan la eficacia de las políticas activas de empleo si no se adaptan a su realidad territorial: una de las densidades de población más bajas de España (25 hab./km2 frente a los 94 hab./km2 de la media nacional), un índice de envejecimiento del 209 % (según INE 2023), y una dispersión geográfica que encarece y dificulta la prestación de servicios públicos esenciales, incluida la orientación, formación e intermediación laboral.

A pesar de estos condicionantes, los criterios para la distribución de los fondos finalistas del Estado en materia de políticas activas de empleo vienen priorizando el volumen de población activa y el número de personas inscritas como demandantes de empleo, lo cual penaliza de forma sistemática a Comunidades como la nuestra, que sí tienen mayores dificultades estructurales para la inserción laboral, pero menos volumen cuantitativo. Esta fórmula presenta un margen de mejora importante en consideración al objetivo de promover la equidad territorial y la eficacia real de las políticas activas.

Las políticas activas de empleo son una competencia que la Junta de Castilla y León ejerce con carácter ejecutivo, conforme al artículo 70.1.6 del Estatuto de Autonomía, y en el marco normativo y financiero común definido a nivel estatal. Cada año, el Gobierno de España aprueba, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, un plan anual que este último año 2024 se denominó Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED), y que establece los objetivos estratégicos, los ejes de actuación y los criterios de distribución de los fondos finalistas transferidos a las Comunidades Autónomas.

Este modelo implica que, si bien la Comunidad dispone de capacidad para diseñar e implementar medidas adaptadas a su realidad territorial, dichas políticas están condicionadas tanto por las prioridades estatales como por los recursos presupuestarios asignados. Esta realidad limita el margen de maniobra autonómico y exige una distribución justa y proporcional de los fondos, basada no solo en el volumen de desempleo, sino también en los factores estructurales que dificultan la empleabilidad y la cohesión territorial en Comunidades como Castilla y León.

Si bien el PAFED 2024 introduce una modalidad de distribución que permitiría en teoría una asignación más equitativa, teniendo en cuenta las características particulares de cada territorio, y que parecería abrir la puerta a un reparto más justo de los recursos destinados a las políticas activas de empleo, en la práctica adolece de las consideraciones necesarias a nuestra Comunidad. Tal es así que la última asignación de fondos supuso una disminución de los importes atribuidos a Castilla y León para la ejecución de políticas activas de empleo con respecto a la anualidad anterior.

Ha de considerarse además una preocupación por la falta recurrente de transparencia y claridad en los criterios que utiliza el Gobierno de España para tal distribución de fondos. A pesar de los compromisos formales con la evaluación y la eficiencia, las actas de la Conferencia Sectorial no siempre permiten conocer con precisión los factores ponderados ni las justificaciones técnicas de los repartos.

Por ello, resulta también necesario reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de reparto de fondos, mediante la publicación sistemática y desagregada de los criterios aplicados, las variables tenidas en cuenta, su ponderación efectiva y los microdatos de elaboración propia por el Ministerio considerados en el proceso y, una vez clarificados estos criterios, consideren las características específicas de Castilla y León.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Desarrollar una actuación específica en los municipios con más de 20.000 habitantes o con más de 1.000 desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, en colaboración con las entidades locales, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad, mejorar la inserción laboral de los colectivos más afectados y dinamizar la economía local mediante medidas adaptadas a las necesidades de cada territorio.

2. Dirigirse al Gobierno de España con la finalidad de que refuerce la transparencia en el procedimiento de asignación de fondos estatales destinados a las políticas activas de empleo, mediante la publicación previa y sistemática de los criterios técnicos aplicados, las variables utilizadas, su ponderación concreta, así como los microdatos y modelos propios empleados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el cálculo de los repartos, garantizando así una rendición de cuentas completa, objetiva y verificable.

3. Dirigirse al Gobierno de España para que proceda a la revisión de los criterios de distribución de los fondos estatales finalistas destinados a políticas activas de empleo, recogidos en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED), de manera que, además de los indicadores relativos al volumen de población activa y número de personas desempleadas, se incorporen de forma efectiva y con un peso significativo variables de carácter estructural como la densidad de población, el índice de envejecimiento, la dispersión territorial o el coste diferencial de prestación de servicios en territorios con especiales dificultades demográficas y de cohesión social".

Valladolid, 21 de abril de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares