PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001364 a PNL/001374.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de abril de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia:
ANTECEDENTES
Como es bien sabido, la Comunidad de Castilla y León tiene desde hace décadas un desafío demográfico de gran envergadura: la despoblación. Este fenómeno afecta a todas las esferas, a su tejido social y económico y también pone en riesgo la sostenibilidad de sus municipios y la preservación de su patrimonio cultural y natural.
Nuestra Comunidad Autónoma es la más extensa de España, pero su densidad poblacional es una de las más bajas del país. El 77 % de los municipios de la Comunidad están en riesgo de despoblación, y en los últimos 20 años, casi todas las provincias han perdido habitantes, afectando al 86 % de los municipios. Esta tendencia se ve agravada, además, por el envejecimiento poblacional, ya que sólo el 4 % de la población española menor de 30 años reside en Castilla y León.
Ante esta situación, es destacable el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, que aprueba determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no contempla de manera específica la evaluación del impacto en la despoblación.
Dada la gravedad del problema demográfico que padece nuestra Comunidad, como hemos expuesto, debería ser imperativo que ante la elaboración de cualquier nueva normativa se considere cómo afectará esta a la dinámica poblacional. Por ello la modificación del mencionado Decreto, en aras de contemplar esta problemática, sería altamente beneficiosa, con el fin de incluir la obligación de elaborar un informe previo que acompañe a cualquier proyecto de ley o disposición de carácter general, evaluando su impacto en la despoblación y sus posibles efectos.
De esta manera, se garantizaría que las políticas públicas contribuyan a mitigar la despoblación, promoviendo el desarrollo sostenible de las zonas afectadas. También se permitiría que los responsables políticos obtuvieran información detallada sobre las posibles consecuencias demográficas de sus decisiones. Asimismo, se fomentaría la transparencia en el proceso legislativo y la responsabilidad en la formulación de políticas, y también conllevaría una participación de la sociedad civil y de las entidades locales en la evaluación de las políticas que les afectan directamente.
La despoblación es uno de los principales desafíos que tiene Castilla y León, para abordar este problema de manera efectiva es esencial que las políticas públicas incorporen evaluaciones específicas sobre su impacto demográfico.
La modificación del Decreto 43/2010 representa un paso decisivo hacia la integración de la perspectiva demográfica en el proceso normativo, contribuyendo así al desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a lleve a cabo la modificación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, que aprueba determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para incluir la obligación de elaborar un informe previo, para acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de carácter general, que valore el impacto de estas normas desde el punto de vista de la despoblación y sobre cuáles pueden ser sus posibles efectos".
Valladolid, 8 de abril de 2025.
LOS PROCURADORES Y LA PROCURADORA,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
PNL/001365-01
CVE="BOCCL-11-012490"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001364 a PNL/001374.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de abril de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia:
ANTECEDENTES
Como es bien sabido, la Comunidad de Castilla y León tiene desde hace décadas un desafío demográfico de gran envergadura: la despoblación. Este fenómeno afecta a todas las esferas, a su tejido social y económico y también pone en riesgo la sostenibilidad de sus municipios y la preservación de su patrimonio cultural y natural.
Nuestra Comunidad Autónoma es la más extensa de España, pero su densidad poblacional es una de las más bajas del país. El 77 % de los municipios de la Comunidad están en riesgo de despoblación, y en los últimos 20 años, casi todas las provincias han perdido habitantes, afectando al 86 % de los municipios. Esta tendencia se ve agravada, además, por el envejecimiento poblacional, ya que sólo el 4 % de la población española menor de 30 años reside en Castilla y León.
Ante esta situación, es destacable el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, que aprueba determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no contempla de manera específica la evaluación del impacto en la despoblación.
Dada la gravedad del problema demográfico que padece nuestra Comunidad, como hemos expuesto, debería ser imperativo que ante la elaboración de cualquier nueva normativa se considere cómo afectará esta a la dinámica poblacional. Por ello la modificación del mencionado Decreto, en aras de contemplar esta problemática, sería altamente beneficiosa, con el fin de incluir la obligación de elaborar un informe previo que acompañe a cualquier proyecto de ley o disposición de carácter general, evaluando su impacto en la despoblación y sus posibles efectos.
De esta manera, se garantizaría que las políticas públicas contribuyan a mitigar la despoblación, promoviendo el desarrollo sostenible de las zonas afectadas. También se permitiría que los responsables políticos obtuvieran información detallada sobre las posibles consecuencias demográficas de sus decisiones. Asimismo, se fomentaría la transparencia en el proceso legislativo y la responsabilidad en la formulación de políticas, y también conllevaría una participación de la sociedad civil y de las entidades locales en la evaluación de las políticas que les afectan directamente.
La despoblación es uno de los principales desafíos que tiene Castilla y León, para abordar este problema de manera efectiva es esencial que las políticas públicas incorporen evaluaciones específicas sobre su impacto demográfico.
La modificación del Decreto 43/2010 representa un paso decisivo hacia la integración de la perspectiva demográfica en el proceso normativo, contribuyendo así al desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a lleve a cabo la modificación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, que aprueba determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para incluir la obligación de elaborar un informe previo, para acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de carácter general, que valore el impacto de estas normas desde el punto de vista de la despoblación y sobre cuáles pueden ser sus posibles efectos".
Valladolid, 8 de abril de 2025.
LOS PROCURADORES Y LA PROCURADORA,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
PNL/001365-01
CVE="BOCCL-11-012490"