4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001376-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001375 a PNL/001388.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Alicia Gallego González, José Ramón García Fernández y Luis Mariano Santos Reyero, procuradores de Unión del Pueblo Leonés (UPL), pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Sanidad.
ANTECEDENTES
El medio rural de las regiones de León y Castilla sufre de cara al acceso de ciertos servicios un abandono palpable y evidente, que se refleja con especial crudeza en el deterioro del transporte público, afectando de manera significativa a los ciudadanos de la zona, especialmente a aquellos de mayor edad que deben desplazarse a centros de salud u hospitales para recibir atención médica.
Y es que, cuando una persona mayor es derivada por el Sacyl a una consulta médica o para realizar una prueba médica especializada en la capital provincial o en otra ciudad de la Comunidad, se enfrenta en ocasiones a una auténtica odisea para llegar a su cita. La falta de transporte público adecuado, las escasas frecuencias y la inexistencia de conexiones eficientes entre municipios y provincias convierte el proceso en ocasiones en una carga insoportable.
En este aspecto, las personas mayores, muchas veces con problemas de movilidad o salud, se ven obligadas a tomar varios autobuses, hacer transbordos, y en ocasiones recurrir a un taxi para poder llegar a tiempo a la cita médica. Todo ello puede implicar una jornada completa de desplazamiento, con la necesidad de tener que quedarse a almorzar fuera de casa debido a los horarios, lo que aumenta el gasto y la incomodidad. Además, no siempre los horarios de los transportes permiten realizar el viaje en un solo día, lo que obliga a las personas mayores a pasar la noche fuera de su hogar, debiendo asumir un gasto y esfuerzo físico adicionales que no deberían ser necesarios.
Esta situación refleja una clara vulneración del principio de igualdad de acceso a la sanidad y de derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes deberían poder acceder a los servicios médicos sin que la falta de transporte público adecuado suponga un obstáculo insalvable.
Además, en diversas zonas del mundo rural leonés, especialmente en el oeste de la provincia de Zamora, la ciudadanía sufre una doble penalización: a las ya conocidas carencias en infraestructuras sanitarias se suma la absoluta inexistencia de un servicio de transporte sanitario no urgente para personas mayores, con movilidad reducida o problemas cognitivos, cuando deben desplazarse a otros centros hospitalarios para realizarse pruebas médicas prescritas por su facultativo. Un claro ejemplo es el caso de Amador, vecino de Torregamones, que tras solicitar transporte para una prueba cardíaca en Salamanca fue rechazado por la gerencia sanitaria basándose únicamente en criterios económicos, ignorando por completo su informe médico y situación personal. Este tipo de decisiones evidencian una gestión absolutamente insensible ante las necesidades de las personas mayores, sobre todo cuando los criterios médicos y sociales deberían ser prioritarios.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:
1. Elaborar y poner en marcha un Plan Integral de Transporte Público Rural que garantice la movilidad regular y eficiente entre los pueblos y las capitales de provincia, así como entre provincias, asegurando al menos una frecuencia de ida y vuelta diaria compatible con los horarios de consultas médicas, pruebas diagnósticas y tratamientos.
2. Establecer un sistema de coordinación efectiva entre los distintos modos de transporte público (autobús, ferrocarril, taxi rural compartido, etc.) y los servicios sanitarios para facilitar el acceso directo y rápido de los pacientes a sus citas médicas.
3. Incluir en el sistema de transporte público un servicio específico para personas mayores o con movilidad reducida que puedan necesitar asistencia para desplazarse a sus consultas o centros médicos, garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad no se vean desprotegidas.
4. Proveer ayudas o compensaciones económicas para cubrir los gastos derivados de desplazamientos obligados a otras localidades para acceder a servicios públicos esenciales, especialmente en el caso de las personas mayores, para que no se vean obligadas a asumir un coste adicional que agrave su situación.
5. Priorizar la prestación de estos servicios en las zonas más afectadas por la despoblación y en los municipios con mayor porcentaje de población mayor, como una medida concreta para combatir el aislamiento territorial y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la sanidad.
6. Habilitar un sistema de transporte sanitario no urgente para personas mayores o con movilidad reducida, que resida en zonas rurales y deba desplazarse a otra provincia para realizarse pruebas médicas prescritas.
7. Establecer un servicio coordinado de microbuses adaptados que recojan a los pacientes en sus domicilios y los trasladen al centro médico correspondiente, garantizando su puntualidad y retorno.
8. Priorizar los criterios médicos y de necesidad sanitaria en la valoración del acceso a dicho servicio de transporte sanitario.
9. Revisar el protocolo actual de asignación de transporte sanitario no urgente para garantizar su equidad y adecuación a la realidad del medio rural".
Valladolid, 15 de abril de 2025.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ramón García Fernández, Alicia Gallego González y Luis Mariano Santos Reyero
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor
PNL/001376-01
CVE="BOCCL-11-012650"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 39190-39192
BOCCL nº 420/11 del 15/5/2025
CVE: BOCCL-11-012650
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001376-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Alicia Gallego González, D. José Ramón García Fernández y D. Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y León a implantar determinadas medidas para mejorar el transporte público de los ciudadanos de las zonas rurales, especialmente los de mayor edad para sus desplazamientos médicos, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001375 a PNL/001388.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Alicia Gallego González, José Ramón García Fernández y Luis Mariano Santos Reyero, procuradores de Unión del Pueblo Leonés (UPL), pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Sanidad.
ANTECEDENTES
El medio rural de las regiones de León y Castilla sufre de cara al acceso de ciertos servicios un abandono palpable y evidente, que se refleja con especial crudeza en el deterioro del transporte público, afectando de manera significativa a los ciudadanos de la zona, especialmente a aquellos de mayor edad que deben desplazarse a centros de salud u hospitales para recibir atención médica.
Y es que, cuando una persona mayor es derivada por el Sacyl a una consulta médica o para realizar una prueba médica especializada en la capital provincial o en otra ciudad de la Comunidad, se enfrenta en ocasiones a una auténtica odisea para llegar a su cita. La falta de transporte público adecuado, las escasas frecuencias y la inexistencia de conexiones eficientes entre municipios y provincias convierte el proceso en ocasiones en una carga insoportable.
En este aspecto, las personas mayores, muchas veces con problemas de movilidad o salud, se ven obligadas a tomar varios autobuses, hacer transbordos, y en ocasiones recurrir a un taxi para poder llegar a tiempo a la cita médica. Todo ello puede implicar una jornada completa de desplazamiento, con la necesidad de tener que quedarse a almorzar fuera de casa debido a los horarios, lo que aumenta el gasto y la incomodidad. Además, no siempre los horarios de los transportes permiten realizar el viaje en un solo día, lo que obliga a las personas mayores a pasar la noche fuera de su hogar, debiendo asumir un gasto y esfuerzo físico adicionales que no deberían ser necesarios.
Esta situación refleja una clara vulneración del principio de igualdad de acceso a la sanidad y de derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes deberían poder acceder a los servicios médicos sin que la falta de transporte público adecuado suponga un obstáculo insalvable.
Además, en diversas zonas del mundo rural leonés, especialmente en el oeste de la provincia de Zamora, la ciudadanía sufre una doble penalización: a las ya conocidas carencias en infraestructuras sanitarias se suma la absoluta inexistencia de un servicio de transporte sanitario no urgente para personas mayores, con movilidad reducida o problemas cognitivos, cuando deben desplazarse a otros centros hospitalarios para realizarse pruebas médicas prescritas por su facultativo. Un claro ejemplo es el caso de Amador, vecino de Torregamones, que tras solicitar transporte para una prueba cardíaca en Salamanca fue rechazado por la gerencia sanitaria basándose únicamente en criterios económicos, ignorando por completo su informe médico y situación personal. Este tipo de decisiones evidencian una gestión absolutamente insensible ante las necesidades de las personas mayores, sobre todo cuando los criterios médicos y sociales deberían ser prioritarios.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:
1. Elaborar y poner en marcha un Plan Integral de Transporte Público Rural que garantice la movilidad regular y eficiente entre los pueblos y las capitales de provincia, así como entre provincias, asegurando al menos una frecuencia de ida y vuelta diaria compatible con los horarios de consultas médicas, pruebas diagnósticas y tratamientos.
2. Establecer un sistema de coordinación efectiva entre los distintos modos de transporte público (autobús, ferrocarril, taxi rural compartido, etc.) y los servicios sanitarios para facilitar el acceso directo y rápido de los pacientes a sus citas médicas.
3. Incluir en el sistema de transporte público un servicio específico para personas mayores o con movilidad reducida que puedan necesitar asistencia para desplazarse a sus consultas o centros médicos, garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad no se vean desprotegidas.
4. Proveer ayudas o compensaciones económicas para cubrir los gastos derivados de desplazamientos obligados a otras localidades para acceder a servicios públicos esenciales, especialmente en el caso de las personas mayores, para que no se vean obligadas a asumir un coste adicional que agrave su situación.
5. Priorizar la prestación de estos servicios en las zonas más afectadas por la despoblación y en los municipios con mayor porcentaje de población mayor, como una medida concreta para combatir el aislamiento territorial y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la sanidad.
6. Habilitar un sistema de transporte sanitario no urgente para personas mayores o con movilidad reducida, que resida en zonas rurales y deba desplazarse a otra provincia para realizarse pruebas médicas prescritas.
7. Establecer un servicio coordinado de microbuses adaptados que recojan a los pacientes en sus domicilios y los trasladen al centro médico correspondiente, garantizando su puntualidad y retorno.
8. Priorizar los criterios médicos y de necesidad sanitaria en la valoración del acceso a dicho servicio de transporte sanitario.
9. Revisar el protocolo actual de asignación de transporte sanitario no urgente para garantizar su equidad y adecuación a la realidad del medio rural".
Valladolid, 15 de abril de 2025.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ramón García Fernández, Alicia Gallego González y Luis Mariano Santos Reyero
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor
PNL/001376-01
CVE="BOCCL-11-012650"
