PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/003275 a PE/003285.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pablo Fernández Santos, procurador de Unidas Podemos-IU-AV, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento, formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.
EXPOSICIÓN
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid la firma de un Convenio para incinerar el rechazo de todos los centros de tratamiento (CTR) de residuos domésticos en “una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”.
Según denunció en el día de ayer, martes 8 de abril, Ecologistas en Acción, el Consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones presiona a las entidades locales para que entreguen a cuarenta años sus residuos municipales a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) con la amenaza de penalizaciones.
Se trataría de una infraestructura de dimensiones superiores a la incineradora de Valdemingómez en Madrid, que generaría un intenso tráfico de camiones transportando desechos desde todos los puntos de la región: según el Anexo I del borrador de Convenio propuesto por la Junta a las diputaciones, se cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León, si bien dicha cantidad podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año.
PREGUNTAS
- ¿Considera la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que este proyecto reúne las condiciones de seguridad ambiental y territorial para ponerse en marcha?
- ¿Considera la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, es compatible con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular?
- ¿Y con las Directivas Europeas sobre incineración de residuos?
- ¿Ha valorado la Consejería de Medio Ambiente algún tipo de proyecto alternativo, compatible y coherente con las Directivas Europeas?
- ¿Piensa la Junta de Castilla y León sacar a información pública estos planes? ¿Cuándo?
Valladolid, 22 de abril de 2025.
PE/003278-01
CVE="BOCCL-11-012667"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/003275 a PE/003285.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pablo Fernández Santos, procurador de Unidas Podemos-IU-AV, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento, formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.
EXPOSICIÓN
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid la firma de un Convenio para incinerar el rechazo de todos los centros de tratamiento (CTR) de residuos domésticos en “una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”.
Según denunció en el día de ayer, martes 8 de abril, Ecologistas en Acción, el Consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones presiona a las entidades locales para que entreguen a cuarenta años sus residuos municipales a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) con la amenaza de penalizaciones.
Se trataría de una infraestructura de dimensiones superiores a la incineradora de Valdemingómez en Madrid, que generaría un intenso tráfico de camiones transportando desechos desde todos los puntos de la región: según el Anexo I del borrador de Convenio propuesto por la Junta a las diputaciones, se cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León, si bien dicha cantidad podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año.
PREGUNTAS
- ¿Considera la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que este proyecto reúne las condiciones de seguridad ambiental y territorial para ponerse en marcha?
- ¿Considera la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, es compatible con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular?
- ¿Y con las Directivas Europeas sobre incineración de residuos?
- ¿Ha valorado la Consejería de Medio Ambiente algún tipo de proyecto alternativo, compatible y coherente con las Directivas Europeas?
- ¿Piensa la Junta de Castilla y León sacar a información pública estos planes? ¿Cuándo?
Valladolid, 22 de abril de 2025.
PE/003278-01
CVE="BOCCL-11-012667"