PNL/001419-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001397 a PNL/001434.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero el Proyecto de Ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Según el ministro Pablo Bustinduy, los cambios normativos que aprueba el Gobierno van a garantizar más derechos para las personas con dependencia y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar, incentivando la autonomía de cada persona dependiente y su derecho a permanecer en el entorno elegido.

Entre otras cuestiones, en esa reforma se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se propone eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

En esta misma línea, el Anteproyecto de Ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. Es decir, a partir de que esta reforma sea aprobada en las Cortes Generales, en el caso de que así sea, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los Gobiernos Autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio.

La reforma también incorpora nuevos servicios, como el servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.

No obstante, es necesario tener en cuenta que, en su amplia mayoría, los cambios que recoge esta reforma se refieren a actuaciones que ya se han producido en Castilla y León.

Nuestra Comunidad Autónoma tiene uno de los regímenes de compatibilidades más amplio del país; la teleasistencia ya es gratuita, es la segunda Comunidad con más prestaciones de asistencia personal, y no aplica el plazo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

También, Castilla y León es una Comunidad que está siendo pionera en el modelo de atención centrado en la persona, independientemente del lugar elegido para vivir, reforzando los programas y servicios ofrecidos en el propio domicilio. Y todo ello, financiado con presupuestos autonómicos.

Sin embargo, la cobertura de estas prestaciones por parte de la nueva Ley de Dependencia y la incorporación de nuevos servicios debería suponer que estas prestaciones fueran financiadas por parte del Estado. Y esto no va a ser así, porque no se contempla un incremento de la financiación de la Administración General del Estado.

De hecho, en la propia memoria del anteproyecto se indica que esta reforma, a pesar de lo anunciado en el cuerpo normativo, no tendrá impacto presupuestario para la Administración General del Estado; ni siquiera lo tendrá el reconocimiento del servicio de teleasistencia como derecho subjetivo o la ampliación de la cartera de servicios.

Es decir, con el proyecto de reforma de la Ley de Dependencia, el Gobierno de España sigue ampliando medidas, incrementando la cartera de servicios, ofreciendo la gratuidad de otros, pero todo ello sin aportar ninguna financiación y, por tanto, sin asegurar los recursos para su cumplimiento.

A pesar de los avances que en teoría supondrá esta reforma de la Ley de Dependencia, diversas entidades han alertado de que se puede convertir en «papel mojado» y generar «falsas expectativas» y así lo ha criticado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.

En conclusión, esta reforma debe ser acompañada por un plan integral y una memoria económica que garantice la efectividad de los derechos de las personas en situación de dependencia, y un compromiso firme con las Comunidades Autónomas que garantice una financiación estable y suficiente.

Por tanto, se hace necesario una llamada al Gobierno de España a la responsabilidad y al compromiso real con la financiación del Sistema de Dependencia.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que proceda a:

- Dotar con la financiación necesaria en el Proyecto de reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyo anteproyecto ha sido aprobado recientemente, para que las medidas que incorpora la ley sean una realidad y no se queden en papel mojado.

- Cumplir con su obligación recogida en la Ley de Atención a las Personas Dependientes, de financiar el 50 % del gasto en dependencia de las Comunidades Autónomas, que ahora, tal y como señalan los informes de entidades independientes, se sitúa muy por debajo de esa cuantía, tanto en España como en Castilla y León".

Valladolid, 12 de mayo de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares