M/000140-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2025, ha admitido a trámite la moción, M/000140, presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, relativa a política general en materia de gestión de servicios sociales por parte de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 10 de junio de 2025.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de junio de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000140 relativa a "Política general en materia de Gestión de Servicios Sociales por parte de la Junta de Castilla y León".

ANTECEDENTES

En Castilla y León se observa un aumento significativo de menores extranjeros no acompañados (MENAs) bajo tutela de la Comunidad. A finales de 2024, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reportó 193 menores tutelados con estatus de extranjeros no acompañados.

Debe destacarse la existencia de múltiples casos de falsos menores. En 2023, la Fiscalía del Estado incoó más de 7.400 diligencias para determinar la edad de jóvenes que afirmaban ser menores. De ellos, más de 2.400 fueron finalmente identificados como mayores de edad. Esto implica que un tercio de los evaluados no eran realmente menores. Este fenómeno, además de generar un uso indebido de recursos de protección infantil, plantea un problema de seguridad y de legalidad que debe abordarse con protocolos de verificación más estrictos.

La inmigración irregular o descontrolada ejerce una presión notable sobre el Estado del Bienestar y los servicios públicos, además de producir un efecto llamada que perpetúa el problema de la llegada ilegal de nuevos inmigrantes.

En cuanto a ayudas sociales, un 26 % de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción eran de nacionalidad extranjera. Esto indica una sobrerrepresentación de este colectivo entre quienes acceden a prestaciones sociales. Este desequilibrio genera tensiones presupuestarias en Comunidades con escasa capacidad financiera, como Castilla y León, y agrava la percepción de competencia por recursos entre población autóctona e inmigrante.

La tutela de MENAs supone un coste significativo para las Comunidades Autónomas. Se estima que el mantenimiento mensual de un menor no acompañado en centros especializados supera los 4.000 euros al mes, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia médica, educación, personal y seguridad.

A esto se suma el reciente reparto estatal de MENAs entre Comunidades. Castilla y León ha sido instada a proveer de 763 plazas para nuevos menores extranjeros no acompañados. Esta cifra supone duplicar el número actual de menores tutelados y generará un gasto anual cercano a los 27 millones de euros para la Comunidad, sin contar las prestaciones complementarias.

Aunque las competencias sobre inmigración son estatales, las Comunidades Autónomas tienen margen de actuación en materias como servicios sociales, sanidad, educación y seguridad ciudadana. Algunas Comunidades, como Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, han aplicado recientemente políticas de contención y priorización en el marco de sus competencias.

Estas experiencias demuestran que existen fórmulas legales y presupuestarias que permiten a las Comunidades establecer límites razonables y legítimos a la presión migratoria. Castilla y León puede y debe explorar también estas vías.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Manifestar su rechazo firme a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes en situación irregular impuestas unilateralmente por el Gobierno de España, así como a todas aquellas medidas que puedan suponer un "efecto llamada" a la inmigración ilegal.

2.- No aceptar el reparto arbitrario de inmigrantes llegados ilegalmente a otras regiones de España y, sin detrimento del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, ejercitar las acciones legales oportunas contra cualquier resolución administrativa del Gobierno de España fruto de los pactos al respecto entre PSOE y partidos separatistas.

3.- Poner en marcha, tras los trámites legales oportunos, un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores, que incluirá, entre otras, pruebas médicas.

4.- Proceder, conforme a Derecho, a la revisión, eliminación y, en su caso, devolución de subvenciones públicas otorgadas a entidades u organizaciones que promuevan, faciliten o se beneficien de actividades vinculadas con la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la trata o la explotación infantil.

5.- Revisar los proyectos de cooperación dependientes de la Junta de Castilla y León en terceros países, asegurando que contribuyen a la generación de oportunidades que desincentiven la inmigración ilegal y suprimir las ayudas de cooperación con países que no colaboren con el retorno de los inmigrantes irregulares.

6.- Elaborar de planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen mediante la colaboración para su reintegración con los servicios de protección del menor de dichos países de origen.

En Valladolid, a 13 de junio de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos