PNL/001453-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001450 a PNL/001453.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de junio de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En los últimos años la democracia en España se ha enfrentado a una serie de ataques y desafíos que han generado una gran preocupación en nuestra sociedad. Uno de los problemas más destacados ha sido la erosión de la separación de poderes, evidenciada en los continuos enfrentamientos entre Gobierno y Poder Judicial.

Las críticas y presiones que desde el Ejecutivo se han ejercido sobre los jueces han puesto en entredicho la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Situación que ha provocado movilizaciones inéditas de jueces y fiscales, quienes han denunciado públicamente los riesgos de injerencia política en sus decisiones, con una tensión creciente entre Gobierno y Poder Judicial.

El enfrentamiento más reciente ha estado marcado, tan sólo hace unos días, por la tramitación de reformas legislativas del ministro Bolaños, que afectan al acceso a la carrera judicial y al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; reformas que han provocado manifestaciones en toda España con la oposición de la práctica totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, por suponer un retroceso democrático y un riesgo de control ideológico sobre la justicia.

El manifiesto leído por las asociaciones de jueces y fiscales durante el paro del pasado 11 de junio indicaba que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

A todo esto, se une la situación inédita que estamos viviendo en la democracia española con el incesante ataque a los jueces por parte de representantes de partidos políticos, e incluso por miembros del Gobierno de España, que, junto al descrédito de la Fiscalía, están minando la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Durante estos años no son pocas las ocasiones en las que los jueces han sido objeto de críticas, acompañadas de campañas de descrédito y hasta amenazas, llegando a requerir la protección en algún caso muy concreto, como se produjo con el juez Pablo Llarena por su actuación en la instrucción del Procés, y la amnistía a Carles Puigdemont y otros procesados por malversación.

Especialmente grave son las acusaciones que varios ministros han vertido de sobre nuestros jueces llegando a insinuar incluso que son prevaricadores. Y todo ello porque estos jueces están realizando investigaciones acerca de posibles casos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Ya al comienzo de la legislatura, el propio Sánchez hablaba sin tapujos de "lawfare" en nuestro país, e incluso se situaba él mismo como víctima de esas supuestas prácticas. A día de hoy, en declaraciones recientes, lo sigue manteniendo, con acusaciones veladas sobre la falta de veracidad en procesos abiertos a dos de sus familiares más cercanos, en los que se investigan delitos como la corrupción y el tráfico de influencias.

Al inicio de la Legislatura, Sánchez hablaba de regeneración democrática y de combatir la "corrupción sistémica en las instituciones", situándose él mismo y su Gobierno como garantes de esa supuesta regeneración, pero, sin embargo, estamos asistiendo atónitos a lo que es para Sánchez la regeneración democrática: el acoso sistemático y organizado a los jueces, y campañas para extorsionar a la Guardia Civil.

Cuando la semana pasada el Partido Popular convocó una manifestación bajo el lema "Mafia o Democracia" se levantaron rápidamente voces en contra del uso de una palabra tan "fuerte". Pero tan sólo unos días después los medios de comunicación no paran de mostrar a todos los españoles que lo que hay en el Gobierno y en el entorno de Sánchez es una trama de corrupción, una organización creada para delinquir.

Hace tan sólo unos pocos días la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmaba «Es evidente a estas alturas que hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender».

Es muy grave que desde el Gobierno se esté cuestionando permanentemente la acción de la judicatura en los asuntos que le afectan.

Pero lo que a estas alturas está quedando claro, a la vista del contenido y las conversaciones que se recogen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Ábalos, es que el Gobierno, y Pedro Sánchez en particular, tenían conocimiento desde hace tiempo de las actividades de Ábalos y Koldo; y que los comentarios de la portavoz del Partido Socialista y de los ministros que habitualmente atienden a los medios eran una operación, bien calculada y ejecutada, para acosar a los jueces.

Los informes de la UCO están destapando una trama de corrupción de muchos años en el corazón del Gobierno y del Partido Socialista y cuando comiencen los procesos judiciales probablemente volvamos a asistir a otra operación contra su trabajo, otra operación como la que se ha estado llevando a cabo en los últimos tiempos.

Por este motivo, ahora más que nunca es el momento de expresar un apoyo inequívoco, claro y contundente a nuestros jueces y fiscales y poner en valor la acción de la justicia a través de la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que:

1. Cese el incesante acoso a los jueces, deje de interferir en su trabajo y permita el normal desempeño de sus actividades en los casos de corrupción y prevaricación que son investigados.

2. Colabore abiertamente y sin oposición con cuantas investigaciones se realicen en aras a atajar la corrupción surgida en el entorno de Pedro Sánchez y del Gobierno.

3. Reconsidere la "reforma Bolaños" con modificación de leyes como la del estatuto de la Fiscalía o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ponen en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, facilitando el control ideológico por parte del poder Ejecutivo".

Valladolid, 17 de junio de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares