PNL/001456-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001454 a PNL/001456.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de junio de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Durante la segunda mitad del siglo XX, muchas personas emigraron de los pueblos hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, salarios más altos y acceso a mejores servicios y equipamientos. Un proceso que se vio impulsado por la industrialización y la modernización del sector agrario, que redujo la necesidad de mano de obra en el campo, lo que afectó de manera importante a una Comunidad agraria como Castilla y León. Este hecho marcó claras diferencias entre las ciudades y el campo, entre el medio urbano y el medio rural, con implicaciones no sólo en los aspectos demográficos o poblacionales, sino también en el desarrollo económico, y la prestación de servicios en estos territorios.

La España rural representa el 84 % de la superficie de nuestro país, pero solo el 16 % de la población vive en ella: 4,2 millones de personas de un total de 48 millones de españoles viven en el medio rural. A nivel europeo, las zonas rurales suponen el 45 % del territorio de la Unión Europea, pero solo el 21 % de la población reside en ellas.

En este contexto, Castilla y León, la Comunidad más extensa de España y también una de las regiones más grandes de Europa, presenta unas características específicas vinculadas a un poblamiento muy fragmentado y disperso que se distribuye a lo largo y ancho de sus casi 95.000 km2. En Castilla y León, casi el 90 % de los 2.248 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. De ellos, el 80 % son entre 100 y 500 habitantes, y el 32 % lo son con menos de 100 vecinos.

La despoblación rural constituye, por tanto, uno de los grandes desafíos para Castilla y León, y debería serlo también para España y para el conjunto de Europa. Porque afrontar este reto requiere de políticas transversales y bien coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno, con una finalidad común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven o que desean vivir en los territorios rurales, sin que ello suponga una merma en su calidad de vida y en su bienestar, a través de unos servicios públicos de calidad, bien financiados, impulsando el empleo y la actividad económica en los mismos, y garantizando en último término la sostenibilidad demográfica y ambiental de estos territorios.

En esta línea la Junta de Castilla y León ha situado ya desde hace años el reto demográfico como una prioridad transversal en todas y cada una de sus políticas, con un esfuerzo presupuestario y de gestión importantísimo en la presente legislatura. Todas sus Consejerías ponen el foco en el medio rural y trabajan de forma coordinada para abordar el reto demográfico.

Por este motivo la de educación, la vivienda, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la fiscalidad favorable al medio rural, el relevo generacional en el campo, la cohesión territorial, las infraestructuras del ciclo hidráulico, la respuesta ante emergencias como los incendios forestales, o la defensa del medio natural han cobrado un mayor peso en los últimos años.

En Castilla y León, muchas de sus políticas de reto demográfico se articulan a través de planes y programas estratégicos que, en muchos casos, requieren de un adecuado marco de diálogo con el Estado, una adecuada financiación y una planificación estatal que no perjudique a nuestro medio rural, y que no contraponga otros intereses, como lo estamos viviendo.

También es prioritario una respuesta urgente a la tan demandada actualización del sistema de financiación autonómica y que su distribución atienda a principios de igualdad entre españoles y solidaridad entre territorios y regiones, para no limitar la capacidad de Castilla y León para financiar adecuadamente sus servicios públicos. En Castilla y León el coste efectivo de los servicios públicos esenciales -la educación, la sanidad, los servicios sociales- es mayor, y, aun así, estamos a la cabeza de España en la gestión eficiente de los mismos.

El reto demográfico no es una cuestión específica de Castilla y León, es una cuestión de Estado porque es en un problema que, con distintas intensidades y matices, afecta a toda España, y que por tanto exige una financiación justa y una acción decida del Gobierno de España, dialogada y coordinada con todas las Comunidades Autónomas, con Castilla y León.

Por ello es necesario dotar a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en la que están presentes las Comunidades Autónomas, de un verdadero sentido y contenido, es necesario que se muestre el compromiso real del Gobierno central con el medio rural, a través de una adecuada planificación que priorice al medio rural, y a la población que en él se asienta. Se necesitan políticas estatales que incentiven la vida, que sumen esfuerzos con las políticas de competencia autonómica; se necesitan planificaciones que no perjudiquen al medio rural, como estamos viendo en los últimos años en Castilla y León.

Por este motivo, y ante los maltratos que viene sufriendo Castilla y León por las decisiones erráticas del Gobierno socialista de España, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que:

1. Que contemple y apruebe, en el marco de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, criterios transversales de aplicación en sus políticas ministeriales, que sirvan para fortalecer la sostenibilidad del medio rural, mejorando las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes.

2. Que atienda las reivindicaciones realizadas por Castilla y León en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en relación con demandas reiteradas como:

- Nuevos criterios para el reparto de los fondos de cohesión territorial de manera que se distribuyan entre aquellas Comunidades Autónomas con baja densidad poblacional excluyendo a las que presentan problemas de sobrepoblación.

- La reforma urgente del modelo de financiación autonómica y local con un nuevo modelo tenga en cuenta criterios de despoblación, dispersión geográfica, envejecimiento y sostenibilidad, ya que el actual penaliza a la Comunidad por su extensión y características demográficas.

- Una política fiscal diferenciada para el medio rural con incentivos fiscales específicos para zonas rurales, similares a los que ya aplica la Junta de Castilla y León, así como una política de cotizaciones sociales más favorable para autónomos y pequeño comercio rural.

- La mejora de la financiación de la dependencia: para que el Estado cubra su compromiso de financiación, al menos, el 50 % del coste de la dependencia.

- La cofinanciación de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

- Inversiones en infraestructuras y conectividad, con el impulso y ejecución de proyectos como el Corredor Atlántico (especialmente el ramal noroeste), el mantenimiento de paradas de transporte público de su competencia (autobús y AVE) en el medio rural, y el despliegue efectivo de banda ancha y telefonía móvil 5G.

- La aprobación del Estatuto básico para pequeños municipios como normativa estatal en la que se reconozca y proteja la singularidad y necesidades de los pequeños municipios, facilitando su gestión y acceso a recursos".

Valladolid, 17 de junio de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares