PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003291, PE/003295 a PE/003309, PE/003323 a PE/003342, PE/003415 a PE/003419, PE/003421, PE/003432 a PE/003437, PE/003447 a PE/003452 y PE/003454 a PE/003457.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de agosto de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Respuesta de la Consejería de Educación a la iniciativa parlamentaria P.E./1103433 formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al colegio Pinoalbar.
En respuesta a la iniciativa parlamentaria P.E./1103433, se manifiesta lo siguiente:
En primer lugar, antes de abordar las cuestiones planteadas en la iniciativa, hay que contextualizar las afirmaciones expuestas en los antecedentes.
En la iniciativa se hace referencia a que en el informe de la Inspección Educativa correspondiente a la Memoria de Final de curso académico 202223, puede leerse textualmente “este aspecto de tratamiento de la convivencia en tutorías, es, a juicio de la inspectora que suscribe, esencial. El elevado número de alumnas de la etapa de ESO y también una de Bachillerato que cambian de centro por acoso escolar o considerarse maltratadas o aisladas por sus compañeras, sin escucha por parte del centro, es un aspecto que se ha abordado con el E. directivo para que se intente poner solución de manera urgente”.
En relación con ello, esa valoración de la inspección educativa se incluye en el apartado 3 de dicha memoria, referido al “Cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro (PEC)”, donde el propio centro en su evaluación interna realiza propuestas de mejora.
Así, se obvia el párrafo completo de dicho apartado 3 al que se hace referencia, donde la inspección educativa dice explícitamente: “En segundo lugar, (desde el centro) plantean numerosas propuestas de mejora de interés para el centro, entre ellas destacamos:
- Seguir trabajando el plan de acción tutorial de familias y alumnos.
- Trabajar profundamente la convivencia escolar con los alumnos: a través, sobre todo de las preceptuaciones individuales y de las horas de tutoría grupal".
Por tanto, el recorte del contenido de información y valoración de la inspectora incluida ese apartado, proporciona una información parcial, incompleta y sesgada, dado que, es a partir de la valoración de las propuestas de mejora en el ámbito de la convivencia planteadas por el propio centro, cuando la inspectora afirma que ese abordaje de la convivencia es esencial.
En la iniciativa se recorta otro párrafo correspondiente al punto 4 del informe de inspección referido a la "Evaluación del PEC". El contenido completo de ese apartado es el siguiente:
"Valoración: Positiva.
Destacamos las propuestas de mejora que se realizan en el ámbito de la convivencia entre el alumnado. En el centro han existido un buen número de conflictos graves en este curso los cuales no se han abordado de manera adecuada.
Esta circunstancia, como ya se ha indicado, la hemos planteado con el centro en varias ocasiones y es urgente que se trabaje en tutorías a través del PAT y del plan de convivencia.
El POAP incluye únicamente orientación en formación universitaria, lo cual es adecuado a la realidad del centro: todas las alumnas continúan estudios universitarios".
La valoración global que se realiza del PEC por parte de la inspección es positiva y lo que se quiere destacar por parte de la inspectora precisamente son las propuestas de mejora que se realizan en el ámbito de la convivencia entre el alumnado por parte del centro. Por ello, si se saca el párrafo de su contexto lo que parecería es que los conflictos no fueron abordados de manera correcta por parte del centro.
En cuanto a las cuestiones planteadas, no se abrió ningún expediente al centro porque el colegio actuó, en todo momento, de manera acorde a la normativa de aplicación en casos de acoso escolar.
Los conflictos existentes no se abordaron tal y como establece la Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León», debido a la negación de las familias a colaborar en los protocolos abiertos por el centro y para ello el centro propone medidas adecuadas.
La inspección educativa tiene conocimiento de posibles casos de acoso escolar en centros de diferente titularidad, tanto pública como privada, con la consiguiente apertura de los correspondientes protocolos. Dichos casos, tal y como establece la Orden son conocidos y abordados por la Inspección educativa, manteniendo la obligada confidencialidad ante la opinión pública, máxime tratándose de casos con participación de menores. Por tanto, la Junta de Castilla y León no ha ocultado casos de acoso, si bien ha cumplido con su deber de sigilo ante casos particulares y concretos.
Valladolid, a 18 de julio de 2025.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
PE/003433-2
CVE="BOCCL-11-013932"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003291, PE/003295 a PE/003309, PE/003323 a PE/003342, PE/003415 a PE/003419, PE/003421, PE/003432 a PE/003437, PE/003447 a PE/003452 y PE/003454 a PE/003457.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de agosto de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Respuesta de la Consejería de Educación a la iniciativa parlamentaria P.E./1103433 formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al colegio Pinoalbar.
En respuesta a la iniciativa parlamentaria P.E./1103433, se manifiesta lo siguiente:
En primer lugar, antes de abordar las cuestiones planteadas en la iniciativa, hay que contextualizar las afirmaciones expuestas en los antecedentes.
En la iniciativa se hace referencia a que en el informe de la Inspección Educativa correspondiente a la Memoria de Final de curso académico 202223, puede leerse textualmente “este aspecto de tratamiento de la convivencia en tutorías, es, a juicio de la inspectora que suscribe, esencial. El elevado número de alumnas de la etapa de ESO y también una de Bachillerato que cambian de centro por acoso escolar o considerarse maltratadas o aisladas por sus compañeras, sin escucha por parte del centro, es un aspecto que se ha abordado con el E. directivo para que se intente poner solución de manera urgente”.
En relación con ello, esa valoración de la inspección educativa se incluye en el apartado 3 de dicha memoria, referido al “Cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro (PEC)”, donde el propio centro en su evaluación interna realiza propuestas de mejora.
Así, se obvia el párrafo completo de dicho apartado 3 al que se hace referencia, donde la inspección educativa dice explícitamente: “En segundo lugar, (desde el centro) plantean numerosas propuestas de mejora de interés para el centro, entre ellas destacamos:
- Seguir trabajando el plan de acción tutorial de familias y alumnos.
- Trabajar profundamente la convivencia escolar con los alumnos: a través, sobre todo de las preceptuaciones individuales y de las horas de tutoría grupal".
Por tanto, el recorte del contenido de información y valoración de la inspectora incluida ese apartado, proporciona una información parcial, incompleta y sesgada, dado que, es a partir de la valoración de las propuestas de mejora en el ámbito de la convivencia planteadas por el propio centro, cuando la inspectora afirma que ese abordaje de la convivencia es esencial.
En la iniciativa se recorta otro párrafo correspondiente al punto 4 del informe de inspección referido a la "Evaluación del PEC". El contenido completo de ese apartado es el siguiente:
"Valoración: Positiva.
Destacamos las propuestas de mejora que se realizan en el ámbito de la convivencia entre el alumnado. En el centro han existido un buen número de conflictos graves en este curso los cuales no se han abordado de manera adecuada.
Esta circunstancia, como ya se ha indicado, la hemos planteado con el centro en varias ocasiones y es urgente que se trabaje en tutorías a través del PAT y del plan de convivencia.
El POAP incluye únicamente orientación en formación universitaria, lo cual es adecuado a la realidad del centro: todas las alumnas continúan estudios universitarios".
La valoración global que se realiza del PEC por parte de la inspección es positiva y lo que se quiere destacar por parte de la inspectora precisamente son las propuestas de mejora que se realizan en el ámbito de la convivencia entre el alumnado por parte del centro. Por ello, si se saca el párrafo de su contexto lo que parecería es que los conflictos no fueron abordados de manera correcta por parte del centro.
En cuanto a las cuestiones planteadas, no se abrió ningún expediente al centro porque el colegio actuó, en todo momento, de manera acorde a la normativa de aplicación en casos de acoso escolar.
Los conflictos existentes no se abordaron tal y como establece la Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el «Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León», debido a la negación de las familias a colaborar en los protocolos abiertos por el centro y para ello el centro propone medidas adecuadas.
La inspección educativa tiene conocimiento de posibles casos de acoso escolar en centros de diferente titularidad, tanto pública como privada, con la consiguiente apertura de los correspondientes protocolos. Dichos casos, tal y como establece la Orden son conocidos y abordados por la Inspección educativa, manteniendo la obligada confidencialidad ante la opinión pública, máxime tratándose de casos con participación de menores. Por tanto, la Junta de Castilla y León no ha ocultado casos de acoso, si bien ha cumplido con su deber de sigilo ante casos particulares y concretos.
Valladolid, a 18 de julio de 2025.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
PE/003433-2
CVE="BOCCL-11-013932"