PNL/001566-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001566 a PNL/001569.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Este verano de 2025 está siendo especialmente duro en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma, y particularmente en la Región Leonesa, con varios fallecidos en ellos y habiéndose registrado el incendio más grave de la historia de España desde que hay registros, el de Molezuelas de la Carballeda, que extendió su manto de destrucción por cerca de 37.000 hectáreas de las provincias de Zamora y León, mientras que en paralelo la provincia de Salamanca registró el incendio más grave de su historia, el de Cipérez, que arrasó unas de 10.500 hectáreas.

A estos dos incendios habría que sumar dentro de la Región Leonesa otros incendios de enorme gravedad, como los de Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Porto de Sanabria, Yeres (que arrasó buena parte de Las Médulas), Puercas de Aliste, Anllares del Sil, Fasgar, Orallo, Paradiña, Canalejas, Caín de Valdeón o Gestoso, entre otros.

Incendios en los que se han desalojado decenas de localidades de la Región Leonesa, con miles de vecinos desplazados temporalmente fuera de sus casas, y en los que hemos visto como ardían inmuebles dentro de los cascos urbanos de diversas localidades de León, Zamora y Salamanca, habiendo llegado a quemarse por completo el casco urbano de una localidad, Palacios de Jamuz, y prácticamente al completo también la localidad de Lusio.

Unos hechos gravísimos en cuanto a la magnitud de la tragedia social, ambiental y económica que han supuesto, y que desgraciadamente nos hacen recordar la catástrofe que asoló la sierra de la Culebra en el año 2022 con dos enormes incendios forestales que sumaron unas 60.000 hectáreas arrasadas y en los que hubo 4 fallecidos, registrándose ese mismo año otros dos enormes incendios en la Región Leonesa, los de La Cabrera y Monsagro, mientras una década atrás tenía lugar otro gravísimo incendio en tierras leonesas, el de Tabuyo del Monte de 2012.

La gravedad de los hechos acontecidos en agosto de 2025, sin embargo, incluso ha superado aquellas catástrofes en magnitud, siendo más de 120.000 las hectáreas que se quemaron en dicho mes en la Región Leonesa, con numerosas casas quemadas, naves agrícolas incendiadas e incluso la pérdida de vidas humanas, habiéndose evidenciado que hay un problema real de falta de medios y efectivos para combatir los incendios forestales, especialmente en las provincias de León, Zamora y Salamanca que han sido las más afectadas, y que el operativo no es suficiente, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son más adversas y en aquellas provincias que más han sufrido la despoblación en las últimas décadas (cabe recordar que entre las tres provincias de la Región Leonesa suman 180.000 habitantes perdidos desde su inserción en la Comunidad de Castilla y León en 1983, siendo además las que peor índice de envejecimiento registran de la Comunidad y peores tasas de juventud y actividad, debido a la numerosa emigración laboral hacia otras regiones o hacia el extranjero).

Por otro lado, ha quedado patente, por las propias denuncias realizadas por los bomberos forestales, la precariedad y malas condiciones laborales en que estos trabajan en la Comunidad de Castilla y León, con problemas recurrentes en el avituallamiento, con jornadas que pueden incluso rebasar holgadamente de forma reiterada las doce horas diarias (con el riesgo que ello comporta para los trabajadores por la pérdida de eficiencia y capacidades) por no llegar el retén de sustitución para hacer el relevo por carecer de personal suficiente, y todo ello sin el reconocimiento de categoría laboral que merecen, y con unas enormes diferencias salariales con respecto a otras comunidades autónomas como Cataluña o importantes diferencias con las BRIF del Estado.

A todo ello habría que añadir el alto grado de privatización en este sector en la Comunidad Autónoma (con cerca de un 40 % del personal trabajando para una treintena de empresas privadas) que incide en una mayor variedad de tipos de contratación que en este caso concreto está precarizando más las condiciones laborales. Esta precariedad y malas condiciones laborales para los trabajadores de este sector en la Comunidad Autónoma está implicando que acabe habiendo escasez de recursos humanos, aparte de los materiales, al ser recurrentes las vacantes sin cubrir por el escaso atractivo de las condiciones ofrecidas, con la pérdida de capital humano derivado de la falta de estabilidad de los contratos.

Y ello pese a que los bomberos forestales son parte esencial de un operativo que, como han venido denunciando los propios trabajadores del mismo, está carente de los medios humanos y materiales suficientes para cubrir todas las necesidades que se encuentran, más cuando gran parte de sus trabajadores son despedidos fuera de la temporada alta de incendios en vez de aprovecharlos para que realicen las labores de prevención necesarias en los montes durante todo el año, para con ello evitar una mayor gravedad de los fuegos en verano.

Por otro lado, se deben impulsar de manera urgente e inmediata medidas ante las graves consecuencias que pueden sufrir las áreas afectadas por los incendios, como podrían ser la contaminación de las aguas, la erosión o la pérdida de fertilidad del suelo, que podrían verse especialmente afectadas con episodios de fuertes lluvias, sobre todo en las zonas de orografía más escarpada, ya que el arrastre provocado por el agua podría implicar la pérdida del repertorio de semillas en el nivel superior del terreno, lo que repercutiría en erosión.

Asimismo, se hace urgente y necesario impulsar medidas para estabilizar el terreno ante la ausencia de vegetación tras haber sido calcinada y evitar su erosión, para lo que podrían llevarse a cabo acciones como la creación de un acolchado vegetal con hojas o paja y la instalación de fajinas, de cara a “sujetar” ese terreno y minimizar su posible erosión y pérdida de nutrientes, debiendo hacerse con urgencia para anticiparse a la llegada de fuertes lluvias que multiplicarían los daños en el ecosistema, en el cual también debe darse una solución a la pérdida de las fuentes de alimentación y bebida de la fauna silvestre, pudiendo verse gravemente mermada la biodiversidad por la falta de alimento.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:

1.- Impulsar de manera urgente e inmediata medidas para buscar la estabilización del terreno afectado por incendios e impedir la pérdida de fertilidad del suelo y la erosión del terreno.

2.- Impulsar de manera urgente e inmediata medidas para evitar la contaminación del agua, garantizando que las captaciones de agua no se vean contaminadas por el arrastre de cenizas, así como para evitar la contaminación de regatos, ríos y lagos.

3.- Iniciar de inmediato los estudios y trámites para la redacción de un nuevo plan general de gestión y prevención frente a incendios forestales que actualice el INFOCAL y tenga en cuenta la evolución del clima, proporcionando a León y Castilla un operativo antiincendios sólido y bien dotado, formado, profesionalizado y estable.

4.- Ampliar el operativo antiincendios a los 12 meses del año, con la obligatoriedad de que esta ampliación temporal no haga distinciones entre los trabajadores del sector público y los subcontratados a través de empresas privadas que trabajan en dicho operativo, de modo que se favorezca la estabilidad laboral, compatibilizándose acometer labores de prevención de incendios en los montes (desbroces, podas, cortas, etc.) fuera de la época de peligro alto de incendios con la labor de apagado de incendios durante todo el año.

5.- Promover una mayor formación para los trabajadores del operativo antiincendios, con especial atención a la formación relativa al manejo de medios de transporte y maquinaria que deban emplear en su trabajo, impulsando asimismo la transición hacia un modelo con mucho mayor peso de lo público en el operativo, así como unas mejores condiciones salariales con una mayor igualdad salarial respecto a los bomberos forestales de otras comunidades autónomas y del Estado.

6.- Impulsar medidas que favorezcan desarrollar la actividad del pastoreo, que permita reducir el combustible vegetal en el campo, de cara a reducir carga inflamable en el mismo y con ello la potencial gravedad de los incendios.

7.- Dotar de más medios a los municipios y juntas vecinales para acometer labores de limpieza de montes y caminos, especialmente en el caso de aquellas entidades locales que poseen menos de 1.000 habitantes, dada su escasez de recursos económicos, materiales y personales para poder llevar a cabo estas labores.

8.- Impulsar de manera urgente medidas que permitan la supervivencia y continuidad de la fauna silvestre existente en aquellas zonas afectadas por los incendios forestales, dada la pérdida de sus fuentes naturales de alimentación y bebida.

9.- Priorizar las especies autóctonas de cada zona de cara a acometer reforestaciones en zonas afectadas por los incendios forestales.

10.- Impulsar la reforma de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, para atender la singularidad de los montes comunales leoneses, así como para revisar las restricciones que impone la actual normativa respecto a la PAC y la actividad ganadera en zonas afectadas por incendios forestales.

11.- Impulsar de forma inmediata la modernización de todo lo relativo al operativo antiincendios, tanto en equipos de radiocomunicaciones como en vestuario, equipamiento, EPI, vehículos, equipos informáticos o material de intervención en incendios.

12.- Impulsar una línea específica de ayudas directas a la actividad resinera, del brezo y la apicultura afectada por los incendios forestales.

13.- Incluir las hectáreas quemadas en cada uno de los municipios afectados entre los factores a tener en cuenta para el reparto de subvenciones a la contratación municipal de trabajadores para labores de recuperación en localidades afectadas por los incendios, favoreciendo asimismo la contratación de trabajadores con experiencia o formación en el ámbito de la recuperación forestal y natural.

14.- Impulsar la creación de nuevos parques de bomberos que vertebren de forma más adecuada las regiones de León y Castilla para acometer la lucha contra incendios, modernizando asimismo las instalaciones y medios de los actualmente existentes.

15.- Modernizar las torres o puestos de vigilancia frente a incendios, actuándose de forma inmediata en aquellas que posean estructuras en mal estado, manteniendo operativos los puestos de vigilancia contra incendios actualmente existentes, preservando los puestos de trabajo de todos los profesionales dedicados a la vigilancia y detección de incendios en las diversas provincias de la Comunidad Autónoma, así como asegurar la participación de los agentes medioambientales y demás personal especializado en la toma de decisiones relacionadas con la prevención y vigilancia de incendios forestales, aprovechando su experiencia y conocimiento del terreno.

16.- Mejorar la logística y la calidad del avituallamiento de los trabajadores del operativo antiincendios, prestando especial atención a dotarles de comida y agua en la cantidad y calidad suficiente y adecuada para asegurar sus buenas condiciones físicas, permitiendo la refrigeración de estos trabajadores, minimizando su riesgo de sufrir golpes de calor, así como realizar una planificación adecuada del operativo para que los trabajadores puedan tener los descansos necesarios para favorecer su eficiencia y minimizar riesgos de accidente.

17.- Impulsar el reconocimiento de la figura del bombero forestal (categoría profesional 5932) para los trabajadores del operativo antiincendios, y cese de la práctica de que por defecto la mayoría de los mismos sean contratados con categoría de peones forestales.

18.- Dotar a las bases operativas antiincendios de medios propios para acometer el lavado e higienizado in situ de los EPI empleados por los trabajadores forestales en su trabajo y asegurar el abastecimiento de agua en todas las bases del operativo antiincendios, iniciándose las obras de inmediato en el caso de aquellas bases que no tengan acceso a la red de abastecimiento de agua.

19.- Incrementar los tratamientos silvícolas preventivos, con especial sensibilidad en aquellas zonas que posean una mayor masa forestal, controlando que su ejecución sea lo más correcta posible.

20.- Incrementar las cuantías anunciadas para la recuperación del tejido social, laboral y económico de las zonas afectadas, de viviendas e infraestructuras agrícolas y de otros tipos afectados por los incendios, dada la escasez de dichas cuantías para poder ejecutar dicha recuperación socioeconómica de las zonas afectadas.

21.- Descartar el plazo dado por la Junta del 30 de septiembre de 2025 como fecha tope para proporcionar paja, forraje, pienso y agua a los ganaderos afectados por incendios, convirtiéndola en una ayuda permanente hasta que se haya dado la regeneración de pastos o se haya dado la recuperación económica necesaria de los ganaderos afectados".

Valladolid, 2 de septiembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Ángel Ceña Tutor