4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001567-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001566 a PNL/001569.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España lleva enfrentando muchos años una presión migratoria sin precedentes que compromete la seguridad ciudadana, la sostenibilidad de los servicios públicos y la propia convivencia.
Una inmigración legal y ordenada debería ser el objetivo de cualquier política guiada por el sentido común y la responsabilidad. Se trata de salvaguardar la seguridad, el ordenamiento jurídico de la sociedad de acogida y la sostenibilidad de los sistemas públicos sociales, además de fomentar unos canales de inmigración seguros y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
La llegada masiva de inmigrantes ilegales, alentada por las políticas de efecto llamada del Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, unida a la ineficacia de las políticas de control de fronteras y retorno de Unión Europea, ha generado un aumento de la inseguridad, tensiones en el acceso a ayudas sociales y un elevado coste económico para todos los ciudadanos.
De manera especial, la tutela de los menores extranjeros no acompañados (MENA) supone un gasto multimillonario para Castilla y León, que se ve agravado por la proliferación de casos de falsos menores. Según datos oficiales, un elevado porcentaje de los supuestos MENA que llegan a España resultan ser mayores de edad tras las pruebas periciales.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un real decreto que establece un sistema obligatorio de reparto territorial para su acogida, incluyendo a las comunidades autónomas como Castilla y León.
No existe ningún derecho a quedarse a toda costa en España como pretenden algunos. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la repatriación al país de origen de los MENA se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.
La detención de un menor extranjero no acompañado del Centro de Menores de Hortaleza (Madrid) por la violación de una niña de 14 años nuevamente pone de manifiesto que se debe garantizar la seguridad de nuestras mujeres, que es urgente y necesaria, la defensa de las sociedades de acogida para poner fin a la inmigración ilegal masiva, adoptar medidas eficaces para conseguir la devolución efectiva de quienes han accedido ilegalmente a nuestro territorio o carecen de derecho a permanecer en España y aquellos que, habiendo entrado de manera legal, delincan y se nieguen a integrarse, pretendiendo imponer sus costumbres frente a las de los españoles.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Rechazar las políticas de asentamiento de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España, trasladando públicamente la oposición de esta Comunidad a la imposición de cualquier tipo de reparto de inmigrantes ilegales, con independencia de las transferencias de fondos que el Gobierno central pueda asignar para tal fin.
2.- Promover, dentro de sus competencias, a través de todos los medios legales a su alcance la colaboración entre Administraciones para la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales presentes en Castilla y León, trasladando un mensaje inequívoco de que quien entre ilegalmente en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ayudas sociales.
3.- Oponerse a la apertura de centros de acogida para inmigrantes ilegales en Castilla y León y suspender cualquier partida presupuestaria destinada a su reubicación.
4.- Evitar en lo sucesivo la concesión de ayudas, subvenciones y convenios con ONG, asociaciones o entidades que promuevan, faciliten o colaboren con la inmigración ilegal, el tráfico de personas o el fraude en el asilo.
5.- Impulsar la revisión de los criterios empleados en las modalidades concesionales de ayuda a la cooperación internacional competencia de la Junta, condicionando toda ayuda a la colaboración de los países de origen en la readmisión de inmigrantes ilegales.
6.- Adoptar un protocolo general de determinación de edad de los MENA tutelados por la Junta, utilizando pruebas periciales y médicas más precisas (incluyendo técnicas como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera), a fin de evitar el fraude.
7.- Promover, conforme al art. 35.2 de la Ley de Extranjería, acuerdos bilaterales con Marruecos, Argelia y otros países de origen para procurar la atención de los MENA, en el entorno de su procedencia, priorizando su reintegración familiar o, en su defecto, la tutela por los servicios de protección de menores de sus países de origen.
8.- Establecer, dentro del marco de sus competencias, planes de retorno para MENA y adultos en situación irregular, facilitando su reintegración en sus países de origen y suprimiendo ayudas a Estados que se nieguen a colaborar.
En Valladolid, a 2 de septiembre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001567-01
CVE="BOCCL-11-014144"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 42485-42487
BOCCL nº 457/11 del 9/9/2025
CVE: BOCCL-11-014144
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001567-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar diversas medidas en materia de inmigración, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001566 a PNL/001569.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2025.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España lleva enfrentando muchos años una presión migratoria sin precedentes que compromete la seguridad ciudadana, la sostenibilidad de los servicios públicos y la propia convivencia.
Una inmigración legal y ordenada debería ser el objetivo de cualquier política guiada por el sentido común y la responsabilidad. Se trata de salvaguardar la seguridad, el ordenamiento jurídico de la sociedad de acogida y la sostenibilidad de los sistemas públicos sociales, además de fomentar unos canales de inmigración seguros y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
La llegada masiva de inmigrantes ilegales, alentada por las políticas de efecto llamada del Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, unida a la ineficacia de las políticas de control de fronteras y retorno de Unión Europea, ha generado un aumento de la inseguridad, tensiones en el acceso a ayudas sociales y un elevado coste económico para todos los ciudadanos.
De manera especial, la tutela de los menores extranjeros no acompañados (MENA) supone un gasto multimillonario para Castilla y León, que se ve agravado por la proliferación de casos de falsos menores. Según datos oficiales, un elevado porcentaje de los supuestos MENA que llegan a España resultan ser mayores de edad tras las pruebas periciales.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un real decreto que establece un sistema obligatorio de reparto territorial para su acogida, incluyendo a las comunidades autónomas como Castilla y León.
No existe ningún derecho a quedarse a toda costa en España como pretenden algunos. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la repatriación al país de origen de los MENA se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.
La detención de un menor extranjero no acompañado del Centro de Menores de Hortaleza (Madrid) por la violación de una niña de 14 años nuevamente pone de manifiesto que se debe garantizar la seguridad de nuestras mujeres, que es urgente y necesaria, la defensa de las sociedades de acogida para poner fin a la inmigración ilegal masiva, adoptar medidas eficaces para conseguir la devolución efectiva de quienes han accedido ilegalmente a nuestro territorio o carecen de derecho a permanecer en España y aquellos que, habiendo entrado de manera legal, delincan y se nieguen a integrarse, pretendiendo imponer sus costumbres frente a las de los españoles.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Rechazar las políticas de asentamiento de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España, trasladando públicamente la oposición de esta Comunidad a la imposición de cualquier tipo de reparto de inmigrantes ilegales, con independencia de las transferencias de fondos que el Gobierno central pueda asignar para tal fin.
2.- Promover, dentro de sus competencias, a través de todos los medios legales a su alcance la colaboración entre Administraciones para la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales presentes en Castilla y León, trasladando un mensaje inequívoco de que quien entre ilegalmente en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ayudas sociales.
3.- Oponerse a la apertura de centros de acogida para inmigrantes ilegales en Castilla y León y suspender cualquier partida presupuestaria destinada a su reubicación.
4.- Evitar en lo sucesivo la concesión de ayudas, subvenciones y convenios con ONG, asociaciones o entidades que promuevan, faciliten o colaboren con la inmigración ilegal, el tráfico de personas o el fraude en el asilo.
5.- Impulsar la revisión de los criterios empleados en las modalidades concesionales de ayuda a la cooperación internacional competencia de la Junta, condicionando toda ayuda a la colaboración de los países de origen en la readmisión de inmigrantes ilegales.
6.- Adoptar un protocolo general de determinación de edad de los MENA tutelados por la Junta, utilizando pruebas periciales y médicas más precisas (incluyendo técnicas como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera), a fin de evitar el fraude.
7.- Promover, conforme al art. 35.2 de la Ley de Extranjería, acuerdos bilaterales con Marruecos, Argelia y otros países de origen para procurar la atención de los MENA, en el entorno de su procedencia, priorizando su reintegración familiar o, en su defecto, la tutela por los servicios de protección de menores de sus países de origen.
8.- Establecer, dentro del marco de sus competencias, planes de retorno para MENA y adultos en situación irregular, facilitando su reintegración en sus países de origen y suprimiendo ayudas a Estados que se nieguen a colaborar.
En Valladolid, a 2 de septiembre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001567-01
CVE="BOCCL-11-014144"
