PNL/001576-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001576 y PNL/001577.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Durante el último año, nuestro país ha vivido una sucesión de fenómenos extremos que evidencian con claridad el avance del cambio climático. Episodios como la DANA de octubre, las intensas olas de calor y los devastadores incendios forestales del pasado agosto han dejado tras de sí un rastro de destrucción y pérdida de vidas humanas, directamente vinculadas al deterioro climático.

Nuestro planeta está experimentando cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano y la biosfera. Las alteraciones en el clima causadas por la actividad humana ya están afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo.

Este año se han superado récords de temperatura, con máximas en algunas provincias de hasta 46 grados y medias 2,5 grados superiores a las que se registraban, por ejemplo, a principios de siglo. Así, en los últimos cinco años las muertes por calor en España han crecido un 17 %. Las sequías prolongadas se han extendido hasta afectar al 40 % del territorio español. Y los incendios han arrasado una superficie el triple de grande.

El informe anual de la AEMET confirma esta tendencia: 2024 fue el tercer año más cálido desde 1961. Y junto a 2022 y 2023, conforma una secuencia de años excepcionalmente cálidos. La temperatura media ha subido 1,69 ºC desde el inicio de la serie histórica. Además, el mar que rodea nuestras costas ha alcanzado temperaturas récord, con consecuencias directas sobre la biodiversidad marina y los ecosistemas costeros.

No lo olvidemos, el 29 de octubre se produjo un extraordinario episodio de lluvias torrenciales asociado a una DANA en la provincia de Valencia, que provocó una gran riada. Se produjeron grandes daños personales y materiales. Las lluvias torrenciales y la evolución de los incendios forestales hacia fenómenos más intensos e imprevisibles son síntomas de un sistema climático alterado. La ciencia lo confirma: el vínculo entre el calentamiento global y la virulencia de los incendios es indiscutible. La gestión reactiva del fuego ha dejado de ser suficiente; es urgente apostar por la prevención, la restauración del paisaje y la adaptación al nuevo contexto climático.

Además de los daños ecológicos, estos incendios han afectado infraestructuras, viviendas y cultivos, obligando a evacuar poblaciones enteras y generando importantes costes en labores de extinción y recuperación. La magnitud de las superficies quemadas, más de 380.000 ha, y el impacto social y económico subrayan la necesidad urgente de reforzar las políticas de prevención, vigilancia y respuesta ante este tipo de emergencias.

Las llamas han devorado más de 166.000 hectáreas en Castilla y León, siendo León con 71.058 hectáreas quemadas (lo que supone un 4,6 % de su superficie) y Zamora con 46.703 hectáreas quemadas (lo que supone el 4,4 % de su superficie) las provincias más afectadas de Castilla y León, junto con Salamanca (con 11.254 ha), Palencia (8.500 ha) y Ávila.

Y ello sin olvidarnos de otras provincias como Ourense, que ha registrado en torno a 138.789 hectáreas (lo que supone un 19,1 % de su superficie), la provincia de Cáceres con 30.645 hectáreas (un 1,5 % de la superficie) y Badajoz con10.963 hectáreas.

Igualmente, debemos destacar la huella devastadora en el patrimonio natural de España, con más de 160.000 hectáreas de espacios protegidos arrasadas por incendios forestales, especialmente dentro de la Red Natura 2000, la mayor red europea de conservación ambiental. Entre estas hectáreas se han comprometido áreas críticas para la supervivencia de 395 especies protegidas, entre ellas el urogallo, la cigüeña negra y el oso pardo. Así como lugares emblemáticos como Las Médulas, el Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Natural del Lago de Sanabria, la Montaña Palentina, la Alberca, Sierra de Gredos y el bosque de Peloño han sufrido daños irreparables. Esta pérdida trasciende lo inmediato: es una amenaza directa a nuestra biodiversidad, a nuestra cultura y a nuestra identidad como país.

El impacto sobre la salud pública también está científicamente avalado. Las olas de calor, la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y los cambios en los patrones de lluvia y sequía están generando nuevos riesgos sanitarios.

Las pérdidas humanas son devastadoras: más de 20.000 personas han fallecido en los últimos cinco años por causas relacionadas con el clima extremo y el coste económico de esta emergencia climática es creciente. Negar esta realidad es irresponsable. El cambio climático representa una amenaza directa para la seguridad, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Frente a ello, es imprescindible una respuesta colectiva, basada en el conocimiento científico, el compromiso político y la implicación activa de toda la sociedad.

El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, impulsado por el Gobierno de España, propone una hoja de ruta ambiciosa y duradera, que trascienda ciclos políticos y diferencias territoriales. Este acuerdo busca reforzar la capacidad de adaptación y respuesta ante los impactos climáticos, protegiendo a las personas, la economía y el entorno natural. Porque más allá de la polarización y el negacionismo que nos circundan es preciso abordar este desafío al que nos enfrentamos desde una altura de miras que trascienda lo ideológico e involucre a toda la sociedad española, no solo desde el ámbito institucional o el de las fuerzas políticas, sino también desde el compromiso de una sociedad civil cuyos miembros, todos y todas, somos los primeros damnificados por esta emergencia.

Un pacto que se fundamenta en el conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional con el objetivo de proteger a la ciudadanía, nuestra economía y la rica biodiversidad española. Para ello, propone un marco compartido de compromisos que garantizan el interés general y el bien común, que transitan desde la gestión de agua y bosques a la prioridad de las personas más vulnerables, la disposición de las mejores condiciones de trabajo para los servicios de emergencia, hasta el desarrollo de una nueva cultura de prevención.

Las comunidades autónomas desempeñan un papel estructural en la arquitectura institucional del Estado, al ejercer competencias esenciales en materia de medioambiente, gestión de emergencias, agricultura y ordenación del territorio. Su participación activa en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática no solo es necesaria, sino estratégica para garantizar la eficacia de las políticas climáticas. En este sentido, se hace ineludible reforzar la cooperación interinstitucional, articulando mecanismos de coordinación que aseguren una acción conjunta, coherente y territorialmente equilibrada en la lucha contra el cambio climático.

En situaciones de emergencia, como las provocadas por los recientes incendios forestales, la ciudadanía exige una respuesta institucional que esté a la altura de la gravedad del momento. No hay espacio para la fragmentación ni para la inercia burocrática. La lealtad institucional no es una opción, sino una obligación democrática: implica actuar con responsabilidad, con vocación de servicio público y con la firme voluntad de cooperar entre Administraciones, independientemente de su signo político. La eficacia en la gestión de crisis requiere coordinación, compromiso y una visión compartida que anteponga el interés general a cualquier cálculo partidista. Solo desde esa altura de miras es posible construir una respuesta sólida, justa y duradera.

Con el horizonte de construir una España más resiliente, segura y próspera en el nuevo contexto climático, esta hoja de ruta invita a todas las Administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía a participar activamente en su desarrollo. La magnitud y recurrencia de fenómenos extremos -incendios, sequías, inundaciones- exige abandonar enfoques fragmentarios y avanzar hacia un Pacto de Estado que comprometa a todas las Administraciones en una estrategia común, basada en la ciencia, la planificación territorial y la justicia intergeneracional.

Es momento de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. La emergencia climática exige una política sostenida, transversal y comprometida, que involucre a todas las Administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, reconociendo, de acuerdo con las evidencias científicas y los pronunciamientos de las principales foros y organizaciones internacionales, la situación de emergencia climática a la que hoy se enfrenta el planeta y, particularmente, nuestro país, e identificando y reconociendo esta emergencia, derivada del proceso de cambio climático al que nos enfrentamos, como la mayor amenaza que la humanidad tiene que afrontar y corregir en las próximas décadas:

1. Instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de mantener y reforzar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, promoviendo una acción climática ambiciosa, coherente y solidaria en los foros multilaterales, y defendiendo con firmeza los compromisos globales en materia de sostenibilidad y justicia climática.

2. Instan a la Junta de Castilla y León a trabajar, desde el diálogo constructivo y el compromiso firme, en la consecución del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, entendido como una herramienta estratégica para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exigen una acción coordinada, ambiciosa y sostenida frente a los efectos del cambio climático.

3. Instan a la Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, a reforzar y ampliar sus acciones en materia de acción climática, dotándose de los recursos normativos y económicos necesarios para afrontar con eficacia la lucha contra el cambio climático.

4. Instan a la Junta de Castilla y León a fomentar la participación activa de las entidades sociales, así como de instituciones públicas y privadas de nuestra Comunidad Autónoma, en el proceso de construcción y desarrollo del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, promoviendo espacios de diálogo permanente que permitan enriquecer sus contenidos, fortalecer el consenso y asegurar su arraigo en el conjunto de la sociedad".

Valladolid, 16 de septiembre de 2025.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Patricia Gómez Urbán