PNL/001577-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001576 y PNL/001577.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO VOX de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inmigración ilegal masiva y desbordada es un problema de extrema gravedad para los españoles. En los últimos meses continúa creciendo la llegada multitudinaria de personas a las costas de nuestro país, utilizadas como mercancía por las mafias o como herramienta de política internacional por vecinos desleales como Marruecos. En total, en lo que llevamos de año han llegado a España casi 20.000 inmigrantes de forma ilegal.

Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, más de 348.167 inmigrantes ilegales han entrado en España. Sólo en 2024 llegaron de forma irregular a España 64.048, un 10 % más que en 2023. Estos datos no hacen más que confirmar lo que sólo VOX dice: algunos quieren convertir a Canarias y otras zonas de España en plataformas de desembarco y distribución de inmigrantes ilegales. Este hecho sólo traerá pobreza, inseguridad y ruina para el conjunto de los españoles, a los que todas las instituciones están abandonando y condenando a la precariedad, al mismo tiempo que se riega con millones de euros a las mafias y entidades que se enriquecen con la acogida masiva de inmigrantes ilegales, favoreciéndose procesos de inmigración ilegal desbordados en el tiempo y en el espacio. En cuanto a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), en 2024 se registraron en Castilla y León 256 ingresos, y en 2025 se alcanzaron 180 acogidos, sin contar los 309 que vendrán tras el acuerdo migratorio del Gobierno de España con Junts. Según los últimos datos, España se ha convertido en la principal vía de acceso a Europa de la inmigración ilegal, por encima incluso de países como Italia o Grecia. Precisamente, naciones como Italia han conseguido reducir en un 60 % la llegada de la inmigración ilegal en los últimos años con el final de las políticas de puertas abiertas que ha llevado a cabo el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

Los procesos de inmigración ilegal masiva no solo son un problema político, económico y social para España y para Europa de primera magnitud, sino que son también tragedias humanas. Estas personas, presas de las mafias, arriesgan sus vidas en peligrosas travesías por el mar. Tan solo en 2024, 10.457 inmigrantes fallecieron intentando cruzar nuestras fronteras por vía marítima, casi un 60 % más que en 2023; de ellos, 1.538 eran menores de edad. No puede comprenderse que la mayoría de medios y partidos políticos, bajo apariencia de buenismo, secundados por muchas ONG, se hayan convertido en cómplices de las mafias del tráfico de personas indefensas que, por cantidades económicas inasumibles para estas, las engañan en sus países de origen para arrastrarlas, en demasiados casos, a una trágica muerte en el mar o, en caso de que tengan suerte, a un país sin expectativas de futuro para su propia población, y por tanto tampoco para ellos.

La regularización masiva de medio millón de inmigrantes ilegales que apoyaron en el Congreso todos los partidos salvo VOX, o el reparto de Menores Extranjeros No Acompañados entre las Comunidades Autónomas, no hacen más que reforzar el efecto llamada y asentar una estrategia migratoria suicida para nuestro país.

Estas políticas han contribuido a incrementar la inseguridad en nuestros barrios y municipios. Una inseguridad que no para de crecer y que los españoles, especialmente los que viven en barrios más humildes, sufren cada día. También ha crecido la inseguridad que sufren las españolas, pues la mayoría de estas personas proceden de culturas incompatibles con la nuestra, donde la mujer se encuentra subordinada al hombre. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en España, el porcentaje de población reclusa extranjera es del 31,2 %. En comunidades autónomas como Madrid o Cataluña el porcentaje asciende al 43 % y al 50 % respectivamente.

Las políticas aplicadas por el bipartidismo no han logrado revertir este panorama: se mantiene un modelo asistencial que, en la práctica, ha favorecido la cronificación de situaciones de vulnerabilidad, sin una reorientación de las políticas hacia la libertad y la independencia económica de la persona, ni tampoco hacia el fortalecimiento del principio de equidad territorial.

En este campo, es necesario afirmar en el debate público que el actual modelo de importación de inmigración ilegal masiva desbordada en el tiempo y en el espacio es incompatible con el Estado del Bienestar. Los efectos de ello ya se han estudiado en países de nuestro entorno y los estamos apreciando en nuestros servicios públicos: la inmigración ilegal masiva, lejos de ser una "riqueza", supone un coste enorme para las arcas públicas, todo lo más en un contexto de emergencia social creciente.

Al mismo tiempo, mientras los castellanos y los leoneses esperan meses para una cita médica, la Junta destina más de 65 millones de euros a políticas orientadas a la inmigración, desviando recursos que deberían ir a dependencia o a reforzar plantillas sanitarias.

La inmigración ilegal y masiva no es la solución a nada, sino el problema que acabará de dinamitar nuestro Estado de Bienestar: presiona la sanidad, satura la educación, encarece la vivienda y aumenta la inseguridad en los barrios. Frente al discurso buenista, los hechos son tozudos.

Pero lejos de adoptar medidas de contención o corrección, en beneficio de los españoles, las Administraciones Públicas mantienen un sistema asistencial que no distingue entre quienes han contribuido y contribuyen a las arcas públicas con el sudor de su trabajo y quienes entran y permanecen de manera ilegal, cuya contribución neta en términos económicos es y será negativa, haciendo inviable el Estado del Bienestar: el Estado debe recaudar lo estrictamente necesario para sostener los servicios públicos esenciales para los españoles y poner todos los recursos al servicio de las necesidades reales, primero, de los españoles.

Asimismo, es preciso suprimir cualesquiera partidas de colaboración internacional que no sea en beneficio de los castellanos, los leoneses y resto de españoles. No se puede abordar la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo de terceros países, mientras nuestra población cada vez cuenta con menos poder adquisitivo y el 25.8 % de los hogares españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

En definitiva, el establecimiento de prioridades y objetivos en la política social es legítimo en democracia, y necesario en toda Administración pública, porque sólo así se garantiza una correcta prestación de los servicios públicos. En materia de ayudas e incentivos por el Estado, el criterio de prioridad nacional es esencial: las ayudas públicas deben dirigirse, en primer lugar, a los nacionales; a quienes han nacido, viven, trabajan y cotizan en nuestra tierra. No se trata solo de una cuestión económica, sino de justicia, cohesión social y proyecto nacional. Las subvenciones y ayudas públicas, además de todo el grueso del Estado de Bienestar, deben dirigirse primariamente en primer lugar a quienes han nacido, viven, trabajan y sostienen Castilla y León y España.

Por ello, los distintos gobiernos de España y Castilla y León deben incorporar de forma expresa e inmediata el criterio de prioridad nacional en la prestación de los servicios públicos, como principio orientador y de justicia social. Protegiendo a los nacionales y garantizando que los recursos destinados a la mejora del bienestar social sean utilizados en primer lugar por aquellos que lo necesitan legítimamente, los españoles.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la España a que, siguiendo todos los trámites legalmente previstos:

1. Tramite de forma urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en nuestra región, así como la de todos aquellos inmigrantes legales que hayan cometido delitos graves, que hagan del delito leve su forma de vida o que propaguen ideologías o religiones contrarias a los principios fundamentales de nuestra sociedad y, en particular, que denigren a la mujer y a su plena igualdad.

2. Inicie el procedimiento legislativo oportuno para añadir como penas la pérdida de la nacionalidad española y la expulsión del territorio nacional para los menores y adultos extranjeros que hayan sido condenados.

3. Tramite de forma urgente la repatriación de todos los Menores Extranjeros No Acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo.

4. Incremente los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los barrios y provincias más castigadas por la inmigración ilegal masiva desbordada, donde la convivencia está en riesgo.

5. Proceda a la creación de un registro nacional actualizado de inmigrantes ilegales y MENAS, accesible para las regiones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de garantizar su control efectivo.

2. Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, siguiendo todos los trámites legalmente previstos:

1. Se oponga a la reubicación o acogida en Castilla y León de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España.

2. Proceda al cierre de los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles, dando prioridad temporal a aquellos cuya existencia genere mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos. Hasta lograr su cierre, se han de procurar las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.

3. Garantice la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en nuestra región, informando detalladamente del número de menas tutelados por la Junta de Castilla y León, en qué centros están acogidos y qué coste suponen para la Administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad. Asimismo, se insta a la Junta de Castilla y León a publicar la cuantía de todas las ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la Administración regional.

4. Impulse las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Castilla y León, así como a modificar las normas reglamentarias que sea necesario.

5. Establezca el principio de prioridad nacional en las bases reguladoras de las subvenciones cuyos créditos presupuestarios correspondan en exclusiva a la Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar la atención en primer lugar a españoles prioridad en incentivos o ayudas como, entre otros:

● En materia de vivienda: ayudas al alquiler, aval para el acceso a la primera vivienda habitual o acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO).

● En materia educativa: gratuidad de la educación infantil (0-3 años), ayudas a comedor escolar, ayudas a transporte escolar o becas de estudios.

● En materia laboral, programas de inserción sociolaboral, cuota de autónomos, planes de formación o formación profesional para el empleo.

6. Proteja la identidad cultural y las tradiciones propias de Castilla y León y España, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales de nuestra región, con especial protección de la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Lleve a cabo un plan específico de apoyo económico para que aquellos municipios más afectados por la presión migratoria puedan reforzar su seguridad".

En Valladolid, a 16 de septiembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos