PNL/001591-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001578 a PNL/001601.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2025.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Soraya Blázquez Domínguez, Isabel Gonzalo Ramírez, Rubén Illera Redón, Carlos Fernández Herrera, Carmen García Romero y Luis Briones Martínez, Procuradoras y Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

En julio de 2023, un nuevo convenio colectivo unificó tres categorías profesionales que requerían titulación universitaria -Técnicos de Atención al Menor, Responsables Nocturnos y Educadores- en una sola categoría: Técnicos del Menor. A la vez, se creó una nueva categoría para profesionales con formación profesional: Técnicos de Apoyo al Menor.

Este movimiento, aparentemente una simple reestructuración, empeoró las condiciones laborales y, lo que es aún más grave, se despidió a 21 trabajadores, a la vez que se eliminaban las categorías profesionales originales. La raíz del problema era simple: el personal con titulación de FP es más barato que el personal universitario. La Junta de Castilla y León estaba priorizando el ahorro económico por encima de la calidad del servicio y, lo que es peor, del interés superior del menor.

En el Decreto 37/2004 de la Junta de Castilla y León, los estándares de calidad EQUAR y la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, son claros: el personal que trabaja en atención directa a menores debe tener titulación universitaria y las medidas aplicadas deben ser de carácter educativo y socializador. Además, la titulación de Integración Social de FP, utilizada para la nueva categoría, no habilita para el trabajo en estos centros, según el Real Decreto 295/2004. La polémica también vulnera la directriz 26 de la ONU, que prohíbe rebajar los estándares ya existentes.

Las consecuencias de esta "reorganización" son claras y preocupantes. El personal con titulación universitaria ha sido reemplazado progresivamente por titulados de FP con capacitaciones que no se ajustan a la atención directa en centros de protección. Además, este nuevo personal, que no ha sido formado para este tipo de atención especializada, ahora ocupa puestos clave en los Equipos de Atención Directa y Consejos Técnicos, que toman decisiones fundamentales sobre el bienestar de los menores. Esto ha provocado un evidente deterioro en la calidad de la atención.

La situación llegó a los tribunales en 2024. Múltiples sentencias declararon los despidos como improcedentes o nulos, y los cambios de categoría como nulos, habiéndose pronunciado en este mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, haciendo caso omiso a las decisiones judiciales, no ha ejecutado las sentencias y ha continuado emitiendo resoluciones contrarias a lo dictado por los jueces. Con el fin de ganar los procesos judiciales pendientes, se llegó a modificar la normativa de urgencia para rebajar los requisitos de titulación, una maniobra sin precedentes que se hizo sin consulta pública previa.

El impacto de todo esto se ha extendido también a los procesos de selección. La Junta de Castilla y León ha intentado adjudicar plazas de estabilización como si pertenecieran a una categoría distinta a la que se convocó originalmente, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica. Todo este entramado ha generado un riesgo de fraude de ley y un posible delito contra los derechos de los trabajadores, ya que los sindicatos denuncian que se les aseguró que la reorganización no implicaría despidos.

Lo que se presentó como una simple reorganización ha desembocado en una bajada de requisitos, despidos masivos, el incumplimiento de la normativa nacional e internacional y la desobediencia a sentencias firmes. Porque entendemos que se debe salvaguardar la calidad de la atención y proteger el interés superior de los menores, por encima de cualquier ahorro económico.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1- Restituir la situación previa a la reestructuración del personal de los centros de protección de menores, de conformidad con las resoluciones judiciales emanadas al respecto, y devolviendo a los trabajadores y trabajadoras sus categorías y empleos, adjudicando las plazas de estabilización según las categorías originalmente convocadas.

2- Mantener la exigencia de titulación universitaria para el personal de atención directa a menores en centros de protección.

Valladolid, 9 de septiembre de 2025.

LAS PROCURADORAS Y PROCURADORES,

Fdo.: María Soraya Blázquez Domínguez, María Isabel Gonzalo Ramírez, Rubén Illera Redón, Carlos Fernández Herrera, María del Carmen García Romero y Luis Briones Martínez

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Patricia Gómez Urbán