PNL/001602-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001602 a PNL/001605.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la creación del Estado de las Autonomías, los sucesivos Gobiernos de turno -tanto populares como socialistas- han permitido que la gobernabilidad de nuestra Nación quede en manos de aquellos partidos que quieren destruirla. Gobiernos de populares y socialistas han antepuesto sistemáticamente el interés de unas siglas al interés nacional para lo cual no han dudado en ceder al separatismo toda clase de competencias.

Especialmente graves son las cesiones del bipartidismo en materia educativa, en materia de interior y en materia fiscal. En el ámbito educativo, la UCD traspasó la enseñanza a Cataluña y al País Vasco. Posteriormente el Gobierno del PSOE de Felipe González traspasó la FP y las Universidades en Cataluña y la enseñanza no universitaria en Navarra; el Gobierno del PP de José María Aznar afianzó nuevas cesiones en Cataluña y no recurrió la Ley de Política Lingüística de 1998 que expulsaba al español de las aulas y supuso el establecimiento de la dictadura lingüística; el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero traspasó la homologación y convalidación de títulos en Cataluña; y el de Sánchez ha culminado este proceso con la entrega de la gestión de becas en Cataluña y ha promovido una cesión antijurídica de nuevas competencias en País Vasco.

Por su parte, en materia de interior, destaca el repliegue paulatino de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Navarra, Cataluña y País Vasco, culminada esta legislatura con la retirada de la Guardia Civil de las carreteras en Navarra. Esta cesión en concreto comenzó a gestarse con el PSOE de González transfiriendo tráfico a la Ertzaintza, medida que replicó Aznar con los Mossos en Cataluña y que ha rematado ahora Sánchez con la desaparición de la Guardia Civil en funciones de Seguridad Vial en Navarra.

En el ámbito fiscal, aunque la Constitución dispone que «la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley» (art. 133.1 CE), y no le imponía obligación alguna de cederlos, el Gobierno de la UCD de Suárez aprobó la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), decidió voluntariamente ceder tributos estatales a las regiones (Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, determinados medios de transporte, hidrocarburos y el juego), así como transferir servicios en relación con los tributos cedidos.

Se debilitaba así la capacidad del Estado, inaugurando una dinámica negativa de fragmentación político-fiscal que, lejos de revertirse, fue asumida y ampliada por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE con toda clase de concesiones. Todo este proceso ha desembocado en una lucha permanente por la llamada financiación autonómica y el supuesto agravio entre regiones; además de imposibilitar en la práctica la igualdad entre españoles y la solidaridad entre regiones.

Si bien todos los gobiernos del bipartidismo han cedido al chantaje separatista, esta dinámica ha alcanzado su máxima expresión bajo el gobierno de Sánchez, el cual ha hecho de la entrega al chantaje separatista su balón de oxígeno permanente para ocupar la Moncloa y evitar el banquillo de los acusados.

Su nefasta gestión y su corrupción dejan patente que, en ningún caso, los españoles han sido prioridad de este Gobierno, tal y como muestran gráficamente las altísimas tasas de desempleo, la crisis de la vivienda, el incremento de la inseguridad -especialmente alarmante entre las mujeres- o el colapso de nuestros servicios públicos.

Para conseguirlo, el Partido Socialista ha encontrado en el separatismo a su mejor aliado, con un altísimo coste para los españoles. Así, desde su llegada al poder han indultado a los líderes golpistas del 1 de octubre; han redactado un Código Penal a medida del separatismo -eliminando el delito de sedición y rebajando las penas de la malversación-; han aprobado una infame ley de Amnistía; han impuesto una ridícula cooficialidad lingüística en el Congreso de los Diputados que nos cuesta millones de euros a los españoles (que se mantiene también en el Senado); y más recientemente, han pretendido entregarles las competencias plenas en materia de inmigración.

El tiempo ha demostrado cómo el Estado Autonómico ha fracasado estrepitosamente y sólo ha servido para construir fronteras ficticias entre españoles, ahondar en la desigualdad y el enfrentamiento entre españoles, precarizar nuestros servicios públicos, enriquecer y dar protagonismo a los enemigos de la Nación y fomentar un ingente gasto político superfluo.

No se puede gobernar España con los votos de partidos que pretenden el mal de nuestra Nación y de los españoles. Cualquier partido que pretenda construir un futuro de unidad, prosperidad y convivencia para el conjunto de los españoles no puede dialogar, negociar o pactar con partidos separatistas como JuntsPerCat, ERC, el PNV o Bildu.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:

1. Manifestar su rechazo firme a todas las cesiones competenciales que los distintos gobiernos de la Nación han otorgado al separatismo, por haber erosionado la unidad e igualdad entre españoles, incluso cuando se han plasmado posteriormente en los Estatutos de Autonomía.

2. Declarar que resulta incompatible gobernar en beneficio del conjunto de los españoles con el apoyo de partidos separatistas como Junts per Catalunya, ERC, el PNV o Bildu, y que cualquier diálogo o negociación con estas formaciones resulta inaceptable.

3. Impulsar, conforme a los trámites legalmente oportunos, las modificaciones normativas necesarias para proceder a la ilegalización de todos aquellos partidos separatistas que trabajen activamente por la desaparición de España, socavando la convivencia y la igualdad entre españoles.

4. Mostrar su voluntad favorable a avanzar hacia la superación del Estado autonómico, recuperando las competencias en sanidad, educación, justicia y seguridad, con el fin de garantizar unos servicios públicos eficaces, la igualdad de derechos y la solidaridad entre todas las regiones de España.

En Valladolid, a 26 de septiembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos