PNL/001604-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001602 a PNL/001605.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Española, son las Comunidades Autónomas las competentes en materia de montes y aprovechamientos forestales, y las competentes en materia de protección del medio ambiente así como las de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios, diseñando sus propios dispositivos a tal efecto.

Además en su artículo 71 establece el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como competencias de desarrollo normativo y de ejecución, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, los montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, así como la protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

La Ley de Montes de Castilla y León de forma expresa y literal dispone que "Corresponderá a la consejería competente en materia de montes, en coordinación con la Administración General del Estado, la organización de la defensa contra los incendios forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción, así como la restauración de las áreas afectadas".

Los grandes incendios forestales padecidos en Castilla y León a lo largo del presente año 2025 han ocasionado decenas de miles de hectáreas calcinadas, un grave daño ambiental aún sin calcular ni evaluar, asolando casas, lugares de trabajo, incluso pueblos y, lo peor, importantes daños personales y heridos, hasta la fecha desgraciadamente 5 vidas perdidas, dos de ellas Bomberos Forestales.

La declaración de nivel 2 de un número importante de incendios forestales en nuestra Comunidad durante el verano de 2025 ha evidenciado que la gestión de Alfonso Fernández Mañueco destinando menos recursos a prevención de incendios y tratamientos silvícolas preventivos durante el invierno y no haber profesionalizado el operativo como corresponde para afrontar las emergencias agravó las consecuencias.

Lamentablemente, sirvan los argumentos contenidos en los antecedentes de las iniciativas parlamentarias, en forma de PNLs, mociones, etc. en los últimos 20 años, debates en sesiones de Pleno 8 de octubre de 2019, de 22 de septiembre de 2021, de 22 de junio de 2022 y proposición de ley, 14 de abril de 2021, integral de incendios, emergencias y salvamento, así como en sendas proposiciones de ley de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales presentadas en otoño de 2024, y así hasta más de un centenar presentadas por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, todas rechazadas o desatendidas por el Grupo Popular.

Incendios forestales, olas de calor y emergencias, cada vez más reiteradas, incluso coincidentes, afectan a Castilla y León donde la despoblación se recrudece año tras año de forma singular en nuestra Autonomía, agravan las consecuencias ambas realidades por causa de una flagrante dejación de funciones competenciales y proyecto de Comunidad de la Junta de Castilla y León que preside el Sr. Mañueco.

La gestión del gran incendio forestal de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), en agosto de 2021, dejó evidenciada de forma paradigmática la carencia de medios humanos y materiales, así como la falta de una óptima coordinación de los disponibles por parte de la Junta de Castilla y León, al igual que el año siguiente en los incendios de Losacio y la Sierra de La Culebra, en Zamora.

La Junta de Castilla y León, lejos de asumir responsabilidad alguna por la negligente gestión en Navalacruz y en la provincia de Zamora, o la adopción de medidas correctoras en el Operativo de Extinción y Prevención de Incendios y Emergencias, una Comunidad como la nuestra que, atesorando el 18 % de la superficie forestal de toda España padeció más del 45 % de la superficie incendiada de todo el país, con más de 165.000 hectáreas quemadas, además de incalculables daños materiales y medioambientales, ocasionó la muerte de cuatro personas, una de ellas el Bombero Forestal Daniel Gullón, y que miles de vecinos y vecinas tuvieran que ser evacuadas.

En 2021 y en 2022 la Junta de Castilla y León no adoptó las medidas necesarias de adaptación y mejora del Operativo de Extinción y Prevención de Incendios y Emergencias, ni tan siquiera dio cumplimiento a lo acordado en el seno del Diálogo Social con fecha 27 de septiembre de 2022, siendo en 2025 agravadas las consecuencias de los grandes incendios forestales y olas de calor que asolan Castilla y León.

Ha quedado patente la necesidad de acometer la planificación y dotación de medios e instrumentos necesarios para la protección de los núcleos de población, fundamentalmente del medio rural, frente a los incendios forestales, e igualmente dar cumplimiento a lo prevenido en el Real Decreto 15/2022, de 1 de agosto, de medidas urgentes frente a los incendios forestales.

Sin duda, detrás del inicio en una parte importante de los incendios forestales está la mano del hombre, bien por negligencias o de forma intencionada, por lo que es necesario avanzar en políticas autonómicas de concienciación, detección e investigación de estos perfiles que ayuden a prevenir estas actuaciones delictivas antes de que sucedan.

No solo medidas de prevención y extinción se hacen necesarias de forma inmediata, la reactivación y dotación en todas las comarcas de la Comunidad de un plan de concienciación y educación ambiental sobre los incendios forestales y prever la adopción de medidas de adaptación y mitigación necesarias.

Igualmente es decisivo el papel de la Junta en impulsar una cultura y gestión forestal que permita actualizar, diversificar y mejorar tanto los aprovechamientos económicos que se obtienen de los terrenos forestales como su representación social y gobernanza, contribuir a generar proyectos e iniciativas de desarrollo rural sostenible que incidan favorablemente en la conservación y gestión de los montes y en su valoración social.

Castilla y León atesora el 18 % de la superficie forestal de toda España y eso exige una planificación y financiación adecuada y actualizada a la normativa europea, circunstancias que desde la Junta han sido sistemáticamente incumplidas, así el Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprobó el Plan Forestal de Castilla y León, vigente hasta el 2029, ni fue actualizado ni creado el Fondo Forestal de Castilla y León al que alude la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2009, de 6 de abril.

Con la reciente aprobación del Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, ninguna de las demandas del sector queda resuelta, y los Presupuestos Generales de la Comunidad asignados a la Consejería han sido reducidos año tras año.

La planificación y gestión forestal ordenada por la Junta de Castilla y León y adaptada a la legislación vigente contribuirá a que la superficie forestal de Castilla y León sea más eficiente y productiva requiriendo una mayor demanda de trabajos forestales y transformación que generará más empleo y riqueza en el sector privado.

El Grupo Parlamentario Socialista en iniciativas de esta naturaleza siempre hará referencia al abnegado esfuerzo y compromiso de todos y de cada uno de los integrantes del operativo de extinción de incendios y emergencias con que cuenta Castilla y León, los mejores profesionales y voluntarios de toda España pero los peor dotados y equipados por su Administración Autonómica, Bomberos, Bomberos Forestales, Agentes Medioambientales, Técnicos Forestales, Técnicos, conductores, vigilantes, personal del Servicio 112 Castilla y León y Emergencias Castilla y León, junto con la inestimable e imprescindible intervención de los operativos del resto de comunidades autónomas y de la Administración del Estado, fue de todo punto insuficiente para hacer frente a la magnitud de la tragedia y minimizar sus consecuencias.

Lamentablemente desde el Gobierno de la Junta lejos de asumir responsabilidades políticas, ni de adoptar medidas transformadoras en el Operativo Público de Extinción y Prevención de Incendios Forestales y Emergencias de Castilla y León, cuando se procedió a la convocatoria de la mesa del Diálogo Social adoptando el acuerdo de 27 de septiembre de 2022 continúa sin ser cumplido en todo aquello que realmente es sustancial para el operativo.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Remitir a esta Cámara, antes del 30 de noviembre del presente año, para su tramitación urgente, un proyecto de Ley Integral de Incendios Forestales y Emergencias de Castilla y León.

2. Habilitar una dotación económica extraordinaria complementaria a las actuales de 180 millones de euros consolidables anualmente para políticas de tratamientos silvícolas, de limpieza de montes y espacios forestales para prevención de incendios.

3. Crear y dotar el Fondo Forestal de Castilla y León para poder ser destinado en la prevención de incendios, con la cantidad del 50 % del importe de todos los aprovechamientos forestales e ingresos que generen los montes catalogados de utilidad pública de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en su Disposición Adicional novena, antes del 31 de diciembre de 2025.

4. La reactivación y dotación en todas las comarcas ambientales de Castilla y León de un plan de concienciación y educación ambiental sobre los efectos de los incendios forestales y emergencias, en línea al "Plan 42".

5. Financiar a los ayuntamientos, juntas vecinales y entidades locales menores la realización de los Planes Municipales de Protección y la limpieza de los entornos de seguridad perimetral de las poblaciones de la Comunidad Autónoma, para impedir que más cascos urbanos sufran siniestros por incendios forestales.

6. Establecer de forma inmediata las ayudas suficientes, previo acuerdo con las OPAS y el Sector Forestal, destinadas a paliar las pérdidas sufridas como consecuencia de los incendios, con medidas específicas para el sector agrícola, forestal, apícola y ganadero afectado por los mismos.

7. Al inmediato establecimiento de ayudas suficientes destinadas a paliar las pérdidas sufridas como consecuencia de los incendios en viviendas, anexos, garajes, enseres, vehículos, etc.

8. Adoptar las medidas necesarias antes del 31 de diciembre para que la Administración Autonómica realice las concentraciones parcelarias forestales a requerimiento de la propiedad.

9. Realizar y ejecutar los planes de reforestación, reconstrucción y regeneración de los espacios afectados por incendios forestales el presente 2025 en un plazo inferior a dos años.

10. Proceder a la actualización y dotación de medios y financiación necesaria, con la participación de los representantes del asociacionismo del sector forestal, a fin de dar respuesta a las necesidades de la propiedad privada, conforme a la legislación vigente del Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, antes del 31 de diciembre de 2025.

11. Desarrollar un plan de vigilancia, disuasión e investigación en las comarcas más afectadas por incendios forestales de características antrópicas, a través de los funcionarios de la Comunidad con carácter de agentes de la autoridad y policía judicial en sentido genérico, como son los Agentes Medioambientales.

Valladolid, 30 de septiembre de 2025.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Patricia Gómez Urbán