PNL/001607-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001606 y PNL/001607.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa Maria Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de las mujeres frente a la violencia constituye una obligación prioritaria del Estado. Sin embargo, la realidad demuestra que las políticas implementadas en los últimos años se han basado más en dogmatismos ideológicos que en una política realista y eficaz para lograr el objetivo fundamental: garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.

El estrepitoso fracaso de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual ("solo sí es sí"), ha supuesto en la práctica la rebaja de condenas a centenares de delincuentes sexuales y la excarcelación anticipada de muchos de ellos. Una ley que, lejos de proteger a las mujeres, ha debilitado la respuesta penal frente a los agresores, obligando incluso a una reforma apresurada para tratar de contener sus efectos indeseados.

Además, pese a la ingente cantidad de recursos públicos destinados a políticas de igualdad y a programas de violencia de género, comprobamos como, año tras año, el número de mujeres asesinadas no disminuye significativamente y las denuncias siguen creciendo. Cada nueva víctima es un recordatorio doloroso de que los millones gastados en campañas ideologizadas, en estructuras burocráticas y en subvenciones a asociaciones progubernamentales no han servido para proteger lo esencial: la vida y la libertad de las mujeres.

En el caso de las agresiones sexuales, los datos oficiales reflejan que en una parte significativa aparecen como autores ciudadanos extranjeros, con un porcentaje que resulta muy superior al peso demográfico que representan en la población total. Este hecho, repetidamente constatado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por las resoluciones judiciales, demuestra que la política de fronteras abiertas y la falta de control migratorio no sólo generan problemas de convivencia, sino que también incrementan de manera directa la inseguridad de las mujeres. Pretender ocultar esta realidad por motivos ideológicos es una irresponsabilidad: la protección de las mujeres exige reconocer los datos tal y como son y actuar en consecuencia, estableciendo medidas eficaces de control, expulsión inmediata de delincuentes extranjeros y priorizando siempre la seguridad de nuestras madres, hijas, mujeres o hermanas, por encima de cualquier planteamiento dogmático.

A esta situación se suman los recientes fallos en el sistema de pulseras telemáticas, reconocidos por el propio Ministerio competente y denunciados por jueces y fiscales y el propio CGPJ, lo que ha puesto de manifiesto una gestión negligente e ineficaz de una herramienta que debía ser de completa utilidad para proteger a las mujeres en riesgo. En Castilla y León, como en el resto de España, este sistema no ha ofrecido garantías plenas, generando una sensación de desamparo e inseguridad tanto en las víctimas como en los operadores jurídicos encargados de su aplicación.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de España a:

1.- Efectuar una Auditoría forense e independiente del sistema de pulseras telemáticas (COMETA) y de toda la cadena de gestión (contratación, mantenimiento, monitorización, custodia y uso probatorio de datos), con publicación de resultados, plan de mitigación y calendario de hitos, conforme a los trámites legalmente oportunos para la revisión contractual que proceda.

2.- Elaborar un protocolo nacional de contingencia ante cualquier caída del sistema, con activación inmediata de medios alternativos de vigilancia y alerta telemática subsidiaria, activando patrullas de proximidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

3.- Se proceda a la implantación de sistemas de verificación reforzada en las pulseras telemáticas, que incorporen doble validación tecnológica (geolocalización combinada con Bluetooth de proximidad y registros biométricos del usuario), con el fin de reducir los falsos positivos que generan alertas erróneas, evitando con ello tanto el colapso de recursos policiales como la creación de una falsa sensación de riesgo en las víctimas, conforme a los trámites legalmente oportunos.

En Valladolid, a 26 de septiembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos