PNL/001620-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001619 a PNL/001622.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de Naciones Unidas y otros documentos aprobados internacionalmente.

La Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada hace veinte años recogió que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia».

En España el primer paso se dio en 1985 con un Gobierno Socialista que aprobó la conocida como ley de supuestos. Esta norma permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, riesgo para la salud física/psíquica de la madre y malformación el feto. Este avance supuso un importante cambio social en los primeros años de la democracia. Con anterioridad, el aborto estaba penalizado de forma absoluta por ley en nuestro país. Las mujeres que querían ejercerlo se veían obligadas a hacerlo de forma clandestina poniendo en grave riesgo su integridad física y moral, e incluso hasta su propia vida.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada durante el mandato del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó el derecho a interrumpir el embarazo para todas las mujeres y a ejercerlo en condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Un antes y un después para la igualdad en nuestro país.

En 2023 fue otro Gobierno progresista, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, quien reformó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, para hacerla más garante, ampliando la protección de las mujeres y poniendo en el centro la salud sexual y reproductiva.

En este proceso es de justicia también reconocer la labor del movimiento feminista. El trabajo de tantas asociaciones y mujeres anónimas que lucharon incansablemente hasta convertir la reivindicación en ley. Lamentablemente, los derechos de las mujeres no están libres de sufrir retrocesos y lo hemos visto con iniciativas como la aprobada en el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre un inexistente 'síndrome postaborto', que supone un intento de culpabilizar y estigmatizar a las mujeres. No es la primera vez que el Partido Popular trata de recortar este derecho. Lo intentaron a través de su recurso rechazado en el Tribunal Constitucional y de la reforma fallida de la Ley Orgánica 2/2010 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

El actual Gobierno de España, liderado por un presidente socialista, continúa en la senda de progreso y acaba de anunciar que llevará al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española y así blindarlo frente a los ataques de la derecha y ultraderecha.

Castilla y León ha sido una de esas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en donde se ha tratado de recortar este derecho con un infame y vergonzoso protocolo antiabortista que la Junta de Castilla y León trató de imponer en enero de 2023 y que, finalmente, no llegó a efecto gracias a la lucha de las feministas y del Gobierno de España que impidió su puesta en práctica. Sin embargo, y tras casi tres años de ese ataque por parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a los derechos de las mujeres para decidir libremente sobre su maternidad, ese infame protocolo antiabortista sigue colgado de la página de comunicación de la Junta de Castilla y León con el nombre de "Medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias".

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y como tal debería poder ejercerse en nuestra Comunidad. Sin embargo, cuando una mujer de manera libre y voluntaria decide interrumpir su embarazo, se encuentra con una serie de obstáculos que impiden que este derecho pueda ser desarrollado conforme a lo prevenido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y su posterior modificación mediante la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.

Las mujeres que quieren abortar en Castilla y León no pueden hacerlo en su centro público hospitalario de referencia porque sólo hay tres hospitales públicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo, como es el Hospital de Miranda de Ebro, el Hospital Universitario de Salamanca y el Hospital Universitario de Burgos. Fuera de estos tres, las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en clínicas privadas, lo que supone que la inmensa mayoría de las castellanas y leonesas que voluntariamente deciden abortar tienen que desplazarse a otras provincias e, incluso, a otras Comunidades Autónomas como es el caso de las sorianas.

Por todo lo anteriormente expuesto, formulamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León, afirmando la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido por Ley y avalado por el Tribunal Constitucional, instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno de España para manifestar su apoyo a la proposición de modificación de la Constitución Española para consagrar en nuestra Carta Magna el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

2. Que de manera inmediata comience la acreditación de todos los centros públicos para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de TODOS los centros hospitalarios públicos del SACYL que dispongan de servicio de ginecología y obstrecticia, garantizando su aplicación en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y su posterior modificación mediante L. O. 1/2023, de 28 de febrero, garantizando de manera plena efectiva y equitativa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en su centro hospitalario público de referencia.

3. Garantizar que desde la Consejería de Sanidad y a través de la Atención Primaria y Atención hospitalaria pública se va a proporcionar la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados.

4. Garantizar que desde la Consejería de Sanidad y a través de la Atención hospitalaria de urgencia se proporcionará información protocolizada, acciones de prevención y asistencia y se facilitará el acceso a la píldora postcoital gratuita.

5. Proceder, una vez que la mujer libremente haya decidido interrumpir el embarazo, con la máxima diligencia e informarla de la técnica más adecuada (farmacológica o instrumental) en función de su caso y priorizando siempre su realización en los hospitales públicos de referencia.

6. Garantizar la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer.

7. Que de manera inmediata retire de la página de comunicación de la Junta de Castilla y León el protocolo antiabortista enmascarado bajo el nombre de "Medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias".

Valladolid, 14 de octubre de 2025.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Patricia Gómez Urbán