4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001625-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001623 a PNL/001625.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
El Comité de las Regiones ha señalado recientemente que el cambio demográfico está poniendo a prueba la resiliencia del tejido socioeconómico de la UE, y que las regiones europeas se enfrentan al reto de atraer y retener talento. Por ello, ha destacado la necesidad de impulsar la competitividad y la prosperidad de la Unión Europea, haciendo hincapié en la subsidiariedad activa y la plena participación de los entes locales y regionales para mejorar el marco regulador de la Unión Europea.
Actualmente nos enfrentamos a retos de la máxima trascendencia para el pleno desarrollo económico, demográfico y social de las regiones europeas. En este contexto, la próxima Política Agrícola Común va a desempeñar un papel fundamental.
El denominado segundo pilar de la Política Agrícola Común, dotado con fondos FEADER, ha supuesto para Castilla y León la ejecución de políticas de desarrollo rural esenciales para nuestro territorio que ahora se ven peligrar, al desparecer dicho pilar en la propuesta presentada por la Comisión.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos, en línea con la Declaración Institucional firmada por la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias el pasado 21 de mayo, que deben articularse políticas que promuevan el relevo generacional, recompensen a los agricultores y ganaderos por preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, y fortalezcan la competitividad de las explotaciones agrarias. Y para ello, ha de prestarse una especial atención a la investigación sobre cultivos resistentes a la sequía y, también, a las tecnologías de riego eficientes.
La incorporación de jóvenes al sector agrario es uno de los principales retos a los que se enfrentan las regiones europeas. Por ello es necesario apostar por medidas atractivas y eficaces, que permitan invertir la tendencia e incorporar nuevo capital humano al sector.
Con este objetivo, la Junta de Castilla y León viene considerando como una de sus actuaciones prioritarias para garantizar el desarrollo demográfico y la cohesión económica y social de nuestro territorio la ejecución de infraestructuras agrarias y, muy especialmente el regadío, elemento clave para el desarrollo rural de esta Comunidad. Los efectos socioeconómicos del regadío son indudables puesto que también alcanzan a la población, cuya densidad se triplica en las zonas regadío con respecto a las zonas de secano, afectando también a la incorporación de jóvenes agricultores, que es 6,5 veces superior.
Los riegos modernizados optimizan el uso del agua para producir alimentos, incrementan la eficiencia energética y tienen efectos reductores de la contaminación difusa, haciendo de la agricultura y del regadío una actividad mucho más respetuosa con el medio ambiente.
Esto pone de manifiesto la importancia que para Castilla y León supone las inversiones aprobadas en materia de regadíos y la conclusión de todas las actuaciones planificadas, garantizando el futuro y la competitividad de las explotaciones agrarias con el impulso a las estructuras productivas adecuadas y de la moderna tecnología para el riego.
Ello ha justificado que en la última Legislatura el Gobierno de la Junta de Castilla y León haya comprometido el inicio de actuaciones en materia de transformación o nuevos regadíos en más de 30.000 hectáreas; objetivo que a día de hoy ya está cumplido, con una inversión que superará los 350 millones de euros.
En cuanto a las modernizaciones de regadíos, el Gobierno autonómico ha impulsado en las dos últimas décadas la modernización de más de 125.000 hectáreas en Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha sido pionera en realizar la mayor parte de estas modernizaciones trabajando con la empresa SEIASA, empresa pública que tiene como misión modernizar los regadíos en toda España.
Sin embargo, para continuar con estas actuaciones se necesita que el Gobierno de España agilice los procedimientos de evaluación ambiental, a los que este tipo de proyectos están sometidos. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está provocando que caduquen los convenios firmados con SEIASA para ejecutar estas modernizaciones debido a los continuos retrasos en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.
En todo el año 2024, únicamente se han publicado dos resoluciones de evaluación de impacto ambiental: la del sector G del Canal del Pisuerga (Palencia), y la del sector I del Canal de San José (Zamora). En el primer caso, tras más de tres años de trámites, el procedimiento ambiental resultante fue desfavorable a la modernización, en una zona regable en la cual ya se han modernizado otros 6 sectores. En el segundo caso, la declaración de impacto ambiental se emitió transcurridos casi tres años desde el inicio de su tramitación.
Por tanto, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe agilizar al máximo los procedimientos, y no puede continuar obstaculizando y poner trabas, como lo está haciendo, al desarrollo de unas inversiones que son cruciales para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello, resulta de la máxima urgencia, en aras a no obstaculizar proyectos clave para el desarrollo demográfico, socioeconómico y territorial de Castilla y León, que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico agilice la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que están aún pendientes.
El artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone que el Consejo de Ministros, a propuesta del órgano sustantivo, en este caso el Ministerio de Agricultura, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. También, el artículo 8.4 establece que el acuerdo del Consejo de Ministros podrá determinar «someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley, que realizará el órgano sustantivo».
Así, en virtud de estas disposiciones, se permitió la tramitación ambiental de determinados proyectos sufragados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de manera mucho más breve y simplificada.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos que dicha tramitación debería preverse con carácter general para las infraestructuras de regadío, en aquellos territorios en los que la densidad de población y otras circunstancias de carácter socioeconómico debidamente motivadas así lo aconsejen.
Como conclusión de todo ello, y para poder resolver el grave problema generado en Castilla y León con la paralización de actuaciones de modernización de regadíos, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que tome cuantas medidas sean necesarias a fin de desbloquear la tramitación de los proyectos de modernización de regadíos promovidos por la Junta de Castilla y León, y en todo caso:
- Agilice los procedimientos de evaluación ambiental actualmente en tramitación, que afectan a 12.500 hectáreas.
- Promueva la exclusión de determinados proyectos de modernización de regadío de Castilla y León de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto o, subsidiariamente, se aplique otra forma alternativa de evaluación, a realizar por el Ministerio de Agricultura como órgano sustantivo".
Valladolid, 14 de octubre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares
PNL/001625-01
CVE="BOCCL-11-014928"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 43544-43547
BOCCL nº 475/11 del 23/10/2025
CVE: BOCCL-11-014928
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001625-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que tome cuantas medidas sean necesarias a fin de desbloquear la tramitación de los proyectos de modernización de regadíos promovidos por la Junta de Castilla y León; y, en todo caso, agilice los procedimientos de evaluación ambiental actualmente en tramitación, que afectan a 12.500 hectáreas, y promueva la exclusión de determinados proyectos de modernización de regadío de Castilla y León de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto, o, subsidiariamente, se aplique otra forma alternativa de evaluación, a realizar por el Ministerio de Agricultura como órgano sustantivo, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001623 a PNL/001625.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
El Comité de las Regiones ha señalado recientemente que el cambio demográfico está poniendo a prueba la resiliencia del tejido socioeconómico de la UE, y que las regiones europeas se enfrentan al reto de atraer y retener talento. Por ello, ha destacado la necesidad de impulsar la competitividad y la prosperidad de la Unión Europea, haciendo hincapié en la subsidiariedad activa y la plena participación de los entes locales y regionales para mejorar el marco regulador de la Unión Europea.
Actualmente nos enfrentamos a retos de la máxima trascendencia para el pleno desarrollo económico, demográfico y social de las regiones europeas. En este contexto, la próxima Política Agrícola Común va a desempeñar un papel fundamental.
El denominado segundo pilar de la Política Agrícola Común, dotado con fondos FEADER, ha supuesto para Castilla y León la ejecución de políticas de desarrollo rural esenciales para nuestro territorio que ahora se ven peligrar, al desparecer dicho pilar en la propuesta presentada por la Comisión.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos, en línea con la Declaración Institucional firmada por la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias el pasado 21 de mayo, que deben articularse políticas que promuevan el relevo generacional, recompensen a los agricultores y ganaderos por preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, y fortalezcan la competitividad de las explotaciones agrarias. Y para ello, ha de prestarse una especial atención a la investigación sobre cultivos resistentes a la sequía y, también, a las tecnologías de riego eficientes.
La incorporación de jóvenes al sector agrario es uno de los principales retos a los que se enfrentan las regiones europeas. Por ello es necesario apostar por medidas atractivas y eficaces, que permitan invertir la tendencia e incorporar nuevo capital humano al sector.
Con este objetivo, la Junta de Castilla y León viene considerando como una de sus actuaciones prioritarias para garantizar el desarrollo demográfico y la cohesión económica y social de nuestro territorio la ejecución de infraestructuras agrarias y, muy especialmente el regadío, elemento clave para el desarrollo rural de esta Comunidad. Los efectos socioeconómicos del regadío son indudables puesto que también alcanzan a la población, cuya densidad se triplica en las zonas regadío con respecto a las zonas de secano, afectando también a la incorporación de jóvenes agricultores, que es 6,5 veces superior.
Los riegos modernizados optimizan el uso del agua para producir alimentos, incrementan la eficiencia energética y tienen efectos reductores de la contaminación difusa, haciendo de la agricultura y del regadío una actividad mucho más respetuosa con el medio ambiente.
Esto pone de manifiesto la importancia que para Castilla y León supone las inversiones aprobadas en materia de regadíos y la conclusión de todas las actuaciones planificadas, garantizando el futuro y la competitividad de las explotaciones agrarias con el impulso a las estructuras productivas adecuadas y de la moderna tecnología para el riego.
Ello ha justificado que en la última Legislatura el Gobierno de la Junta de Castilla y León haya comprometido el inicio de actuaciones en materia de transformación o nuevos regadíos en más de 30.000 hectáreas; objetivo que a día de hoy ya está cumplido, con una inversión que superará los 350 millones de euros.
En cuanto a las modernizaciones de regadíos, el Gobierno autonómico ha impulsado en las dos últimas décadas la modernización de más de 125.000 hectáreas en Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha sido pionera en realizar la mayor parte de estas modernizaciones trabajando con la empresa SEIASA, empresa pública que tiene como misión modernizar los regadíos en toda España.
Sin embargo, para continuar con estas actuaciones se necesita que el Gobierno de España agilice los procedimientos de evaluación ambiental, a los que este tipo de proyectos están sometidos. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está provocando que caduquen los convenios firmados con SEIASA para ejecutar estas modernizaciones debido a los continuos retrasos en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.
En todo el año 2024, únicamente se han publicado dos resoluciones de evaluación de impacto ambiental: la del sector G del Canal del Pisuerga (Palencia), y la del sector I del Canal de San José (Zamora). En el primer caso, tras más de tres años de trámites, el procedimiento ambiental resultante fue desfavorable a la modernización, en una zona regable en la cual ya se han modernizado otros 6 sectores. En el segundo caso, la declaración de impacto ambiental se emitió transcurridos casi tres años desde el inicio de su tramitación.
Por tanto, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe agilizar al máximo los procedimientos, y no puede continuar obstaculizando y poner trabas, como lo está haciendo, al desarrollo de unas inversiones que son cruciales para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello, resulta de la máxima urgencia, en aras a no obstaculizar proyectos clave para el desarrollo demográfico, socioeconómico y territorial de Castilla y León, que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico agilice la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que están aún pendientes.
El artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone que el Consejo de Ministros, a propuesta del órgano sustantivo, en este caso el Ministerio de Agricultura, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. También, el artículo 8.4 establece que el acuerdo del Consejo de Ministros podrá determinar «someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley, que realizará el órgano sustantivo».
Así, en virtud de estas disposiciones, se permitió la tramitación ambiental de determinados proyectos sufragados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de manera mucho más breve y simplificada.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos que dicha tramitación debería preverse con carácter general para las infraestructuras de regadío, en aquellos territorios en los que la densidad de población y otras circunstancias de carácter socioeconómico debidamente motivadas así lo aconsejen.
Como conclusión de todo ello, y para poder resolver el grave problema generado en Castilla y León con la paralización de actuaciones de modernización de regadíos, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que tome cuantas medidas sean necesarias a fin de desbloquear la tramitación de los proyectos de modernización de regadíos promovidos por la Junta de Castilla y León, y en todo caso:
- Agilice los procedimientos de evaluación ambiental actualmente en tramitación, que afectan a 12.500 hectáreas.
- Promueva la exclusión de determinados proyectos de modernización de regadío de Castilla y León de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto o, subsidiariamente, se aplique otra forma alternativa de evaluación, a realizar por el Ministerio de Agricultura como órgano sustantivo".
Valladolid, 14 de octubre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares
PNL/001625-01
CVE="BOCCL-11-014928"
