PNL/001654-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2025, ha admitido a trámite la proposición no de ley PNL/001654.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha proposición no de ley haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector primario nos da de comer a todos los españoles. Nuestros agricultores y ganaderos son los que llevan la comida a nuestra mesa y, a pesar de todas las trabas impuestas desde las distintas Administraciones gobernadas por el bipartidismo, son los que garantizan nuestra soberanía alimentaria. Hombres y mujeres esforzados que, a pesar de la persecución y el maltrato sistemático, dan vida al mundo rural y trabajan cada día sin descanso para sacar adelante sus explotaciones, muchas de las cuales han ido pasando de padres a hijos manteniendo una tradición que es el alma y el ser de nuestra Nación.

La encomiable labor que durante generaciones vienen desempeñando nuestros agricultores y ganaderos han permitido forjar un sector esencial y estratégico para nuestra Nación, con un papel fundamental en términos culturales, demográficos, sociales, forestales y económicos especialmente relevantes para la España rural y vaciada. La importancia económica del sector primario, en el contexto de la economía nacional, se valora mediante las cifras publicadas por el INE en la Contabilidad Nacional. Según datos de la Contabilidad Nacional (INE), el Valor Añadido Bruto del sector primario alcanzó los 40.412 millones de euros en 2024, representando el 2,5 % del PIB. Le superan en importancia económica los sectores de la construcción (5,3 % del PIB), industria (14,2 %) y servicios (69,1 %). Asimismo, el sector primario generó 680.200 puestos de empleo equivalentes a tiempo completo, un 1,8 % menos con respecto a 2023, suponiendo el 3,4 % de los ocupados equivalentes a tiempo completo de España.

Según los Indicadores Territoriales 2024 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Producción de la Rama Agraria (PRA) de Castilla y León alcanzó en 2024 un valor total de 8.091 millones de euros, lo que representa el 12,83 % del conjunto nacional, consolidando a la Comunidad como la primera región española en aportación al sector primario.

En términos laborales, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA, INE-JCyL) indican que en 2024 el empleo en la rama agraria (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) experimentó un descenso interanual, en línea con la tendencia nacional, con una pérdida estimada de unos 7.000 empleos agrarios en el conjunto regional.

La industria agroalimentaria mantiene su posición como motor industrial esencial de Castilla y León. Según datos del Clúster Vitartis y del Consejo Económico y Social (CES CyL), en 2024 la cifra de negocio del conjunto del sector se situó entre 14.300 y 16.280 millones de euros. El sector agroalimentario regional emplea a más de 50.000 trabajadores directos, distribuidos en más de 3.000 empresas, que abarcan desde el procesado cárnico y lácteo hasta la elaboración de vinos, harinas y conservas vegetales.

Junto a la fijación de la población en las zonas rurales, así como el desarrollo económico de la España rural, destaca el enorme impacto que el sector primario también tiene en términos geoestratégicos y de salud pública, siendo sector clave a la hora de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, cuestiones trascendentales si atendemos al convulso escenario internacional actual, así como al incremento de las alertas sanitarias detectadas en los últimos años por la entrada masiva de productos extracomunitarios que no cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias exigidas a nuestros agricultores y ganaderos.

Además, no podemos olvidar el importantísimo papel que tienen nuestros agricultores y ganaderos -así como los profesionales del sector cinegético y silvícola- en la prevención y extinción de incendios pese al arrinconamiento institucional que llevan padeciendo durante décadas. A modo de ejemplo, en nuestras explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo permite reducir considerablemente la carga de material combustible y, por su parte, nuestras explotaciones agrícolas, con sus respectivas tareas de limpieza, labranza y cortafuegos tras las siegas, contribuyen activamente a detener la propagación de llamas. Se intuye fácilmente la relevancia de estas funciones tras los devastadores incendios que han arrasado nuestra Nación durante el pasado verano.

Sin embargo, si bien el sector continúa manteniendo un peso considerable para nuestra economía, vemos como en apenas una década decenas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto abocadas al cierre. Según datos oficiales, sólo en una década -de 2013 a 2023- España ha perdido más de 180.000 explotaciones. Está claro que esta lacra no es más que el resultado directo de políticas que anteponen el fanatismo climático sobre la rentabilidad económica de nuestro campo, la cual, unida al marcado envejecimiento de nuestro sector primario y a la falta de promoción institucional del relevo generacional, ponen en serio riesgo la propia supervivencia del sector tal y como lo entendemos en un futuro no muy lejano.

El tiempo ha demostrado cómo la agenda climática que comparten populares y socialistas -tanto en Bruselas como en nuestras instituciones nacionales- es una sentencia de muerte para nuestro campo. Durante décadas, el bipartidismo ha dicho una cosa aquí en España, pero luego ha votado la contraria en Bruselas, que es donde se toman las decisiones. Populares y socialistas han sido implacables con el campo aquí en España, imponiendo toda clase de regulaciones e impuestos a los productores, pero luego eran sumisos y asumían todo lo que les imponían desde Bruselas.

Prueba paradigmática de este fanatismo medioambiental y climático es el Pacto Verde Europeo (PVE) y toda la normativa desarrollada bajo su paraguas. Este instrumento, unido a los continuos recortes presupuestarios de la PAC y al aumento exponencial de requisitos medioambientales representan una sentencia de muerte a un sector primario nacional y europeo ya agonizante desde hace años.

El futuro de nuestro sector primario dejará de estar en jaque sólo cuando el consenso progre ponga fin al fanatismo climático, palie el aumento exponencial de los costes de producción, acabe con la losa burocrática y la hiperregulación, garantice el principio de preferencia comunitaria, reciprocidad, mercado único y solidaridad financiera para acabar con la competencia desleal y promueva políticas que fomenten realmente el relevo generacional haciendo atractivo el sector para nuestros jóvenes.

Lejos de ir en esta dirección, muy recientemente hemos podido comprobar cómo el consenso progre vuelve a usar como moneda de cambio a nuestro sector primario: primero con la propuesta de futura PAC, segundo con la culminación de Mercosur y, por último, con la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos.

En primer lugar, la futura reforma de la PAC que plantea la Comisión no sólo supone un recorte adicional del 22 % del presupuesto hasta ahora asignado a la PAC, sino que, de igual modo, pretende acabar con la autonomía presupuestaria que, hasta ahora, y tras más de sesenta años, ha respaldado a esta política singular. Esto supone menos apoyo directo para los agricultores, menos inversión en modernización y, en definitiva, menos futuro para el campo y para nuestra soberanía alimentaria.

En segundo lugar, vemos cómo la culminación de Mercosur representa un ejemplo más de cómo Bruselas utiliza a nuestro sector primario como moneda de cambio en acuerdos comerciales con terceros países, hecho que, en la práctica, solo se ha traducido en un aumento exponencial de la competencia desleal de productos agroalimentarios extracomunitarios que, en este caso concreto, afectarán especialmente a nuestros productores de vacuno y aves de corral, del azúcar y el arroz, de los cítricos, de la miel, de los tomates -sector ya de por sí sumamente afectado por las importaciones de tomate marroquí- y de la remolacha, entre otros muchos.

Por último, la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos es un auténtico ataque a la inteligencia y un despropósito legal y moral de la Comisión de populares y socialistas. Estamos, de hecho, ante un ejemplo claro de cómo el consenso progre hace una cosa en Bruselas y dice exactamente lo contrario a nivel nacional, tal y como los españoles pudieron apreciar el pasado jueves 16 de octubre en el Congreso de los Diputados, cuando, gracias a una moción de VOX, la Cámara Baja rechazaba la maniobra de la Comisión para esquivar el cumplimiento de la sentencia del TJUE. Todo ello, pese a la firmeza que arroja en la sentencia el propio Tribunal: el acuerdo al que llegaron la UE y Marruecos para extender las preferencias arancelarias al Sahara Occidental era ilegal. Es demoledor comprobar cómo, después de casi 10 años de calvario judicial, la Comisión de Úrsula von der Leyen se pliega una vez más a los intereses de Marruecos. Los afectados, los de siempre, nuestros agricultores que tendrán que seguir soportando la competencia desleal de miles de toneladas de productos agrícolas que no han sido producidos con los mismos estándares de producción.

Recordemos que Marruecos ya ha superado a España en exportaciones de tomate dentro de la UE, algo absolutamente inaceptable. Está claro que las élites de Bruselas quieren convertir a Marruecos en "la nueva huerta de Europa", desmantelando para ello a nuestro sector primario, nuestro mundo rural, así como acabando con nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentarias.

La combinación de factores -recortes presupuestarios, desaparición de la PAC como política diferenciada, mantenimiento del Pacto Verde, tratados comerciales lesivos como el de Mercosur y el de Marruecos, y el aumento imparable de los costes de producción- constituye una auténtica bomba de relojería para el campo europeo. Esto no es una casualidad, sino el resultado de décadas de políticas dictadas por populares y socialistas en Bruselas, con el aplauso de los partidos que en España han abandonado a nuestros agricultores.

El campo español no puede seguir siendo víctima de las decisiones que toman unos cuantos burócratas que jamás han pisado el campo. Es hora de señalar a los responsables de que nuestra soberanía alimentaria y la supervivencia del campo español estén en peligro. Urge que PP y PSOE pongan fin, desde todas las instituciones sin distinción, a un fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar a nuestro campo mientras prioriza los intereses de países extracomunitarios.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

A) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación, conforme a los trámites legalmente oportunos, proceda a:

1. Reconocer la gran labor que desempeñan nuestros agricultores y ganaderos garantizando la fijación de la población y el crecimiento económico en la España rural y abandonada, la seguridad alimentaria a través de la producción de productos agroalimentarios de máxima calidad, la soberanía alimentaria de nuestra Nación y la prevención de incendios en nuestros montes.

2. Condenar el borrador de propuesta para la futura PAC presentado por la Comisión impulsando, de acuerdo con las previsiones legales aplicables, una nueva propuesta que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre la rentabilidad económica de las explotaciones agrícolas y que no dilapide la autonomía presupuestaria y política que hasta ahora ha tenido la PAC como política diferenciada al incluirla en el Fondo Común.

3. Rechazar frontalmente el Pacto Verde Europeo ante las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial para nuestro sector primario. De igual modo, promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad, así como realizar un estudio para analizar el negativo impacto económico y social que las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 han tenido en España.

4. Favorecer una verdadera conservación del medio natural y del paisaje que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. De igual modo, promover un marco normativo que proteja nuestros suelos agrícolas y patrimonio natural de la proliferación indiscriminada de energías renovables.

5. Impulsar ante las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales siempre a favor de los intereses del sector primario español con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. A tal fin, se deberá garantizar el principio de reciprocidad a través de la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros importados a la UE que deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos medioambientales, climáticos, burocráticos, fitosanitarios y laborales que cumplen los productores españoles.

6. Aumentar los controles en frontera, para asegurar que el 100 % de los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y el pago de todo arancel establecido para las operaciones fuera de contingente establecidas en los respectivos acuerdos comerciales. En este sentido, promover el aumento de la dotación de personal, material y centros de análisis de productos agroalimentarios de los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, especialmente en aquellos puntos con altas importaciones agropecuarias. En ningún caso se aceptará una declaración responsable de conformidad del producto por parte del Estado extracomunitario exportador o cualquier otro sujeto que intervenga en la cadena de compraventa del producto.

7. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para implementar estándares de etiquetados claros al respecto del origen y procedencia de los productos que llegan a los consumidores y castigar de forma contundente la comercialización fraudulenta de productos como "origen España" que no son de origen español.

8. Paralizar, de acuerdo con las previsiones legales aplicables, las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola.

9. Adoptar todas las medidas necesarias para la inmediata suspensión, de acuerdo con los trámites legales aplicables, del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE, debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. De igual modo, exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.

10. Mientras no sea efectiva la suspensión de los acuerdos comerciales entre la UE-Marruecos, rechazar la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024.

11. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario, al mundo rural y a sus formas tradicionales de vida. De igual modo, exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.

12. Denunciar ante las instituciones de la UE la opacidad con la que la Comisión Europea ha llevado a cabo la negociación y tramitación del acuerdo Mercosur. Una negociación realizada a espaldas a las naciones europeas, al Parlamento Europeo y a las asociaciones y organizaciones agrarias.

13. Exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en el territorio de la UE.

14. Promover una revisión del Sistema Español de Seguros Agrarios para reforzarlo ante las necesidades del campo español.

15. Garantizar una correcta aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que garantice la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos españoles.

16. Impulsar una verdadera simplificación burocrática y administrativa que tenga como finalidad la reducción sustancial del volumen y complejidad de la tramitación administrativa que soporta nuestro sector primario.

17. Aplazar más allá del 1 de enero de 2027 la puesta en marcha del cuaderno de campo digital hasta que se garantice la completa accesibilidad y seguridad de los sistemas digitales.

18. Favorecer el relevo generacional en el mundo rural apoyando la incorporación de los jóvenes a la actividad agroganadera con medidas que garanticen su permanencia y profesionalización, así como fomentando su incorporación a las cooperativas agroalimentarias.

19. Impulsar medidas para dignificar la actividad agraria y consagrar su contribución decisiva a la generación de riqueza y empleo, así como reconocer expresamente el papel del cooperativismo agroalimentario en el medio rural español.

20. Promover un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos -aguas pluviales, subterráneas, desaladas, desalobradas y regeneradas- en todo el territorio nacional y que, sobre la base de los principios de solidaridad y bien común, incluya la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.

21. Promover un Plan Nacional de Regadíos que contribuya a la modernización de superficies favoreciendo un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.

22. Reconocer a la caza como patrimonio cultural común y una actividad esencial para la gestión de las especies y la conservación de nuestro entorno natural, así como el desarrollo socioeconómico de la España rural. Así como reconocer el pastoreo como actividad necesaria para la preservación del campo, el monte y la prevención contra incendios.

23. Poner en marcha una verdadera y nueva estrategia nacional de prevención y gestión de incendios en la que tengan un papel primordial nuestros profesionales de los sectores ganadero, agrícola, cinegético y silvícola.

24. Elaborar un Convenio con todas las regiones de España con el objeto de establecer una licencia única nacional de caza y pesca en aguas continentales, así como la puesta en marcha de medias legislativas necesarias para permitir la actividad cinegética en los Parques Nacionales.

25. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda un adecuado control cinegético, así como un censo actualizado y un sistema de compensaciones proporcional al perjuicio causado a los ganaderos, así como excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todos aquellos territorios, sin distinción -especialmente aquellas poblaciones situadas al sur del río Duero-, donde la proliferación del lobo sea descontrolada y ocasione continuos perjuicios a nuestros ganaderos. De igual modo, se debe facilitar el control de las poblaciones de jabalíes a través de la actividad cinegética.

26. Promover, de acuerdo con las previsiones legales aplicables, en la Comisión Europea el uso de fitosanitarios de utilización excepcional para el control y la erradicación de plagas importadas introducidas en productos procedentes de países extracomunitarios que afectan a la sanidad animal y vegetal. De igual modo, no prohibir el uso de sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas eficaces que garanticen la sanidad vegetal y animal.

27. Avanzar en el uso de la ciencia y la tecnología, especialmente en las nuevas técnicas de edición genómica como herramienta necesaria para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la agricultura y la ganadería.

28. Creación de un fondo de contingencia para los damnificados por plagas que afectan a la sanidad animal y vegetal cuando las herramientas y los medios utilizados -generalmente los que están autorizados- que han sido recomendados por las autoridades no sirven para la prevención, el control o la erradicación de la plaga.

29. Impulsar la elaboración de planes específicos en escuelas y colegios con el objeto de dar a conocer el papel fundamental que desempeña la agricultura y los agricultores en la producción de alimentos, el cuidado del entorno natural y la conservación del territorio.

B) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, conforme a los trámites legalmente oportunos, proceda a:

1. La declaración como sector estratégico de la actividad de la ganadería intensiva e industria cárnica de Castilla y León, con elaboración del correspondiente Plan de acción para su desarrollo.

2. Establecer medidas de simplificación administrativa, unificando procedimientos y garantizando la seguridad en los plazos, reforzando las plantillas de funcionarios para la agilización en la concesión de licencias de apertura y ampliación de explotaciones relacionadas con la industria agroalimentaria.

3. Establecer una línea de ayudas para paliar la situación de distorsión de la competencia o pérdida de competitividad y el costo de la adaptación de las explotaciones del sector cárnico-ganadero a la legislación de bienestar animal.

4. Reorientar las ayudas autonómicas hacia la rentabilidad y no hacia la condicionalidad climática, estableciendo o ampliando las líneas dedicadas a modernización y optimización productiva, a través de inversiones en maquinaria, regadío eficiente, digitalización o bioseguridad ganadera.

5. Implementar ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, priorizando las explotaciones familiares y de zonas rurales en declive demográfico.

6. Apoyar a la integración cooperativa, comercialización conjunta y digitalización del sector primario de Castilla y León.

7. Establecer Incentivos al autoconsumo energético agropecuario y agroindustrial.

En Valladolid, a 29 de octubre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos