PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001655 a PNL/001687.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Isabel Pérez Martín, Miguel Suárez Arca, José Antonio Palomo Martín e Ignacio Sicilia Doménech, procuradores del Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector remolachero ha sido históricamente uno de los pilares de la agricultura de Castilla y León. Generaciones de agricultores han sustentado con su trabajo no solo un cultivo estratégico, sino también un tejido industrial y social que ha dado empleo y riqueza a numerosas comarcas de nuestra Comunidad. Sin embargo, en los últimos años se ha visto sometido a una presión creciente que amenaza seriamente su viabilidad.
Los elevados costes energéticos y de insumos, unidos a la creciente burocracia y a la competencia desleal de terceros países, han provocado una situación crítica para los agricultores y para las industrias asociadas al cultivo de la remolacha. La desaparición de la factoría de La Bañeza es solo un ejemplo del deterioro progresivo de un sector que, de no adoptarse medidas urgentes, corre el riesgo de perderse en Castilla y León, con el consiguiente impacto económico, social y demográfico.
El cultivo de la remolacha no solo aporta un producto de primera calidad, sino que además contribuye al sostenimiento del regadío, al equilibrio medioambiental y a la diversificación de la actividad agrícola. Abandonar este cultivo supondría dejar sin alternativas a cientos de agricultores y trabajadores, comprometiendo el futuro de zonas rurales que ya sufren con intensidad los problemas de despoblación.
A esta situación se ha llegado por una causa más profunda, que es la falta de rentabilidad económica estructural del sector remolachero, asfixiado por décadas de políticas europeas de liberalización comercial que han obligado a nuestros productores a competir en condiciones de absoluta desigualdad frente a productos importados.
Desde la Unión Europea se ha elaborado una normativa que ha supuesto la eliminación de cuotas, el recorte de ayudas directas a los agricultores, la apertura a países extracomunitarios para permitir la entrada masiva del azúcar a precios que están arruinando el sector y el veto a productos fitosanitarios que sí están permitidos para sus competidores fuera de las fronteras comunitarias.
Con las actuales condiciones las plantas azucareras no son viables económicamente, porque el precio del azúcar que se paga en los mercados internacionales, en los que nuestros productores sufren una competencia desleal, es insuficiente para mantener abiertos todos los centros de producción. Y por eso las empresas optan por centralizar, por reducir costes, por cerrar instalaciones, abandonando, en definitiva, nuestros pueblos y también a sus trabajadores.
A título de ejemplo, la Cooperativa vallisoletana ACOR ha cerrado el ejercicio 2024/2025 con un resultado final después de impuestos de unas pérdidas cifradas en torno a los 2,5 millones de euros, como consecuencia de la caída del precio del azúcar. Los precios se han hundido hasta un 50 % en los mercados respecto a la campaña anterior.
En la fábrica de Miranda de Ebro se ha transformado casi totalmente su actividad a refinado de caña de azúcar para el norte de España.
Por ello, resulta necesario que se impulse una estrategia clara y decidida de apoyo al sector remolachero, que combine ayudas directas a los agricultores, medidas de defensa frente a la competencia exterior, alternativas industriales y una hoja de ruta pactada. Se trata de garantizar que este cultivo siga siendo una opción viable y rentable, asegurando empleo, actividad económica y cohesión territorial en nuestra Comunidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que conforme a los trámites legales pertinentes se proceda a:
1.- Establecer un programa de ayudas directas para compensar la subida de costes energéticos y de insumos en el cultivo de la remolacha, vinculando dichas ayudas al mantenimiento de hectáreas sembradas en la Región.
2.- Impulsar las negociaciones con el Gobierno de España y la Unión Europea para la aplicación de cláusulas espejo en las importaciones de azúcar y derivados, garantizando que los productos de terceros países cumplan las mismas exigencias que se imponen a los agricultores de Castilla y León.
3.- Derogar las políticas del Pacto Verde y la Agenda 2030.
4.- Abaratar costes de producción con fitosanitarios que sean efectivos de manera que esto suponga también entrar menos a las parcelas.
5.- Impulsar una ayuda que permita bonificar el precio del gasóleo en base al elevado precio del petróleo, para los regadíos de pozos y sondeos.
6.- Trabajar en la simplificación administrativa para reducir normativa que complica el trabajo de los agricultores en nuestra Comunidad.
7.- No permitir que se vendan productos por debajo del precio de coste, según la ley de la cadena alimentaria, lo que se traduce en unas pérdidas importantes para el sector.
8.- Instar a la confederación hidrográfica del Duero para permitir el cambio de parcelas de una concesión de aguas para hacer una rotación en parcelas de regadío más larga y así optimizar las explotaciones agrícolas.
Valladolid, 16 de octubre de 2025.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Isabel Pérez Martín, Miguel Suárez Arca, José Antonio Palomo Martín e Ignacio Sicilia Doménech
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001674-01
CVE="BOCCL-11-015372"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001655 a PNL/001687.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Isabel Pérez Martín, Miguel Suárez Arca, José Antonio Palomo Martín e Ignacio Sicilia Doménech, procuradores del Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector remolachero ha sido históricamente uno de los pilares de la agricultura de Castilla y León. Generaciones de agricultores han sustentado con su trabajo no solo un cultivo estratégico, sino también un tejido industrial y social que ha dado empleo y riqueza a numerosas comarcas de nuestra Comunidad. Sin embargo, en los últimos años se ha visto sometido a una presión creciente que amenaza seriamente su viabilidad.
Los elevados costes energéticos y de insumos, unidos a la creciente burocracia y a la competencia desleal de terceros países, han provocado una situación crítica para los agricultores y para las industrias asociadas al cultivo de la remolacha. La desaparición de la factoría de La Bañeza es solo un ejemplo del deterioro progresivo de un sector que, de no adoptarse medidas urgentes, corre el riesgo de perderse en Castilla y León, con el consiguiente impacto económico, social y demográfico.
El cultivo de la remolacha no solo aporta un producto de primera calidad, sino que además contribuye al sostenimiento del regadío, al equilibrio medioambiental y a la diversificación de la actividad agrícola. Abandonar este cultivo supondría dejar sin alternativas a cientos de agricultores y trabajadores, comprometiendo el futuro de zonas rurales que ya sufren con intensidad los problemas de despoblación.
A esta situación se ha llegado por una causa más profunda, que es la falta de rentabilidad económica estructural del sector remolachero, asfixiado por décadas de políticas europeas de liberalización comercial que han obligado a nuestros productores a competir en condiciones de absoluta desigualdad frente a productos importados.
Desde la Unión Europea se ha elaborado una normativa que ha supuesto la eliminación de cuotas, el recorte de ayudas directas a los agricultores, la apertura a países extracomunitarios para permitir la entrada masiva del azúcar a precios que están arruinando el sector y el veto a productos fitosanitarios que sí están permitidos para sus competidores fuera de las fronteras comunitarias.
Con las actuales condiciones las plantas azucareras no son viables económicamente, porque el precio del azúcar que se paga en los mercados internacionales, en los que nuestros productores sufren una competencia desleal, es insuficiente para mantener abiertos todos los centros de producción. Y por eso las empresas optan por centralizar, por reducir costes, por cerrar instalaciones, abandonando, en definitiva, nuestros pueblos y también a sus trabajadores.
A título de ejemplo, la Cooperativa vallisoletana ACOR ha cerrado el ejercicio 2024/2025 con un resultado final después de impuestos de unas pérdidas cifradas en torno a los 2,5 millones de euros, como consecuencia de la caída del precio del azúcar. Los precios se han hundido hasta un 50 % en los mercados respecto a la campaña anterior.
En la fábrica de Miranda de Ebro se ha transformado casi totalmente su actividad a refinado de caña de azúcar para el norte de España.
Por ello, resulta necesario que se impulse una estrategia clara y decidida de apoyo al sector remolachero, que combine ayudas directas a los agricultores, medidas de defensa frente a la competencia exterior, alternativas industriales y una hoja de ruta pactada. Se trata de garantizar que este cultivo siga siendo una opción viable y rentable, asegurando empleo, actividad económica y cohesión territorial en nuestra Comunidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que conforme a los trámites legales pertinentes se proceda a:
1.- Establecer un programa de ayudas directas para compensar la subida de costes energéticos y de insumos en el cultivo de la remolacha, vinculando dichas ayudas al mantenimiento de hectáreas sembradas en la Región.
2.- Impulsar las negociaciones con el Gobierno de España y la Unión Europea para la aplicación de cláusulas espejo en las importaciones de azúcar y derivados, garantizando que los productos de terceros países cumplan las mismas exigencias que se imponen a los agricultores de Castilla y León.
3.- Derogar las políticas del Pacto Verde y la Agenda 2030.
4.- Abaratar costes de producción con fitosanitarios que sean efectivos de manera que esto suponga también entrar menos a las parcelas.
5.- Impulsar una ayuda que permita bonificar el precio del gasóleo en base al elevado precio del petróleo, para los regadíos de pozos y sondeos.
6.- Trabajar en la simplificación administrativa para reducir normativa que complica el trabajo de los agricultores en nuestra Comunidad.
7.- No permitir que se vendan productos por debajo del precio de coste, según la ley de la cadena alimentaria, lo que se traduce en unas pérdidas importantes para el sector.
8.- Instar a la confederación hidrográfica del Duero para permitir el cambio de parcelas de una concesión de aguas para hacer una rotación en parcelas de regadío más larga y así optimizar las explotaciones agrícolas.
Valladolid, 16 de octubre de 2025.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Isabel Pérez Martín, Miguel Suárez Arca, José Antonio Palomo Martín e Ignacio Sicilia Doménech
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001674-01
CVE="BOCCL-11-015372"