PNL/001691-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de noviembre de 2025, ha admitido a trámite la proposición no de ley PNL/001691.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha proposición no de ley haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de noviembre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La situación de emergencia habitacional que atraviesa España es ya una realidad incuestionable. Tras más de siete años en el Gobierno de España, los resultados de la política de vivienda del Gobierno socialista son tan evidentes como alarmantes: inseguridad jurídica, oferta de vivienda en retroceso, precios cada vez más altos, y miles de jóvenes y familias condenadas a no poder alquilar una vivienda y, mucho menos, a plantearse la compra de una.

Según datos del INE, el precio de la vivienda en España se ha incrementado un 12,7 % en el segundo trimestre de 2025, la mayor subida en dieciocho años. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, los precios del alquiler y de la compraventa se han incrementado en más de un 50 %, haciendo prácticamente imposible el acceso a una vivienda digna para millones de españoles. Hoy una simple habitación cuesta lo mismo que un piso entero cuando el actual Gobierno llegó al poder. Este es el fracaso de una política sectaria, intervencionista y alejada de la realidad del país.

El impacto de la Ley de Vivienda aprobada en 2023 ha sido profundamente negativo. Lejos de contener los precios, ha generado el efecto contrario, provocando una caída de la oferta, inseguridad jurídica y la retirada masiva de viviendas del mercado. Desde su aprobación, más de 120.000 pisos han salido del alquiler residencial. Muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal. El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos.

En Cataluña, la primera Comunidad Autónoma en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda, los precios siguen subiendo, con un incremento del 8,7 % en el último año, según Idealista. De cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. Asimismo, en Barcelona, por cada piso anunciado, hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.

Por otro lado, los jóvenes, especialmente, son los grandes perjudicados. España es el cuarto país de la Unión Europea con peor tasa de emancipación. La edad media de emancipación se sitúa en 30,4 años, cuatro años más que la media europea. Esta no es una cuestión de azar, sino de fracaso político. El sectarismo ideológico y la ausencia de medidas eficaces están condenando a toda una generación a resignarse ante un sistema que no les ofrece soluciones.

A ello se suma el fenómeno creciente de la ocupación ilegal. Según el Instituto de Estudios Económicos, hoy hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30 % de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta dieciocho meses. Mientras tanto, el Gobierno mantiene bloqueada en el Congreso la Proposición de Ley del Partido Popular contra la ocupación ilegal para desalojar a los okupas en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

El Ejecutivo presume de multiplicar por ocho el presupuesto de vivienda, sin embargo, la realidad es que en 2024 apenas se ejecutó una tercera parte de dicho presupuesto y, en el primer semestre de 2025, la ejecución apenas supera el 5 %. Con los fondos no utilizados en estos dos ejercicios podrían haberse promovido hasta 18.000 viviendas.

Frente a ello, en Castilla y León la vivienda constituye uno de los pilares del bienestar para el Ejecutivo autonómico, y una prioridad de Gobierno en esta Legislatura, como se evidencia en el presupuesto que se destina a ello: más de 530 millones de euros para construir, comprar o rehabilitar 3.000 viviendas protegidas o para ayudar a más de 131.000 familias a pagar el alquiler de su vivienda con unas ayudas que llegan a todos los castellanos y leoneses que cumplen requisitos. En esta Legislatura se han entregado ya 695 viviendas de promoción pública, se ha ayudado a más 40.000 de familias en el acceso a la vivienda de alquiler gracias a los programas de ayudas al alquiler, o se ha facilitado a más de 1.358 jóvenes el acceder a una hipoteca para la compra de su vivienda entre otras acciones.

Igualmente, en Castilla y León se han adoptado medidas de apoyo al mercado de la vivienda como la eliminación de trámites burocráticos, la acomodación de los previos máximo de venta y alquiler de viviendas protegidas al coste de la construcción o la puesta en marcha de oficinas antiocupación.

Frente a ello, tenemos la incompetencia del Gobierno de Sánchez, que, en lugar de aportar soluciones eficaces, ha contribuido a agravar los problemas del acceso a la vivienda, dejando a miles de ciudadanos atrapados en un mercado cada vez más inaccesible.

Por ello, el Partido Popular presentó en estas Cortes una Proposición No de Ley, que fue aprobada, reclamando la derogación de la ley estatal de vivienda del Gobierno socialista. También, el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados numerosas propuestas, como la bajada del IVA al 4 % en la primera vivienda, desgravaciones fiscales para incentivar el alquiler, medidas para acelerar la transformación de suelo y un plan de vivienda asequible. Todas ellas han sido ignoradas.

Incomprensiblemente también que Castilla y León y el resto de Comunidades Autónomas -al menos, y con seguridad, las gobernadas por el Partido Popular- hayan sido ignoradas en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Hemos conocido el texto apenas unas horas antes de que se abriera el plazo de su exposición pública, lo cual no es más que un reflejo de un modo autoritario e intervencionista de ejercer las competencias que desconoce las más elementales reglas de la lealtad institucional.

Un Plan que ha de ejecutarse, gestionarse y cofinanciarse por las Comunidades Autónomas, ¿es razonable que no sea elaborado con el mayor consenso posible entre el Gobierno central, titular de competencias de planificación económica, y las Comunidades Autónomas, titulares de la competencia exclusiva de vivienda? Se nos sitúa al mismo plano que el resto de interesados, cuando somos actores directos y titulares de la competencia. Es, sencillamente, un atropello. Una aberración.

Pero es que, además de elaborar el documento del plan de esta manera, pretenden incorporarse a él contenidos y determinaciones que no solo escapan al ámbito de la competencia estatal, sino que también burlan el principio de reserva de ley: se pretende por la vía reglamentaria, la del Real Decreto, imponer obligaciones que solo pueden ser exigidas con normas de rango legal. Una aberración más.

Un ejemplo de ello es imponer el régimen de protección permanente a todas las viviendas protegidas. Es contrario a la mayoría de las leyes autonómicas de vivienda.

O premiar a las Comunidades Autónomas que decidieron implantar las zonas de mercado residencial tensionado. Es contrario a cualquier lógica equitativa de asignación de los recursos públicos.

Así mismo no contempla programas para financiar y fomentar actuaciones que son muy urgentes, como la necesidad de urbanizar más suelo para atender las necesidades de futuras viviendas.

Ante el evidente fracaso de la política de vivienda del Gobierno de España, es urgente que éste asuma su responsabilidad y adopte medidas eficaces que garanticen el derecho a una vivienda digna.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que, de forma urgente, adopte medidas realistas y eficaces con el fin de solucionar el problema del acceso a la vivienda, entre ellas las siguientes:

1. Iniciar los trámites legales oportunos para que se proceda a derogar la Ley de Vivienda de 2023, que está provocando inseguridad jurídica, reducción de la oferta de vivienda de alquiler y subida de precios a máximos históricos.

2. Respetar las competencias de las Comunidades Autónomas en la redacción del Plan Estatal de Vivienda actualmente en elaboración, consensuar con las Comunidades Autónomas su contenido y eliminar previsiones que incentivan la declaración de zonas tensionadas o que son contrarias a la legislación autonómica.

3. Impulsar las reformas legislativas necesarias para acabar con la ocupación ilegal e inquiocupación de viviendas, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de veinticuatro-cuarenta y ocho horas.

4. Establecer medidas que reduzcan la fiscalidad de la vivienda, especialmente para facilitar a los jóvenes el acceso a una primera vivienda a precios más asequibles, reduciendo así la edad media de emancipación.

5. Adoptar medidas urgentes para disponer de más suelo urbanizado para la construcción de vivienda asequible ante la escasez de suelo finalista.

6. Adoptar medidas que fomentan la vivienda protegida o de precio tasado en propiedad y no solo en alquiler.

7. Facilitar actuaciones de regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas con la incorporación de fondos específicos distintos de los destinados a la generación de más vivienda protegida".

Valladolid, 18 de noviembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares