M/000174-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de diciembre de 2025, ha admitido a trámite la moción, M/000174, presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, relativa a política general en materia fiscal y tributaria, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 9 de diciembre de 2025.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de diciembre de 2025.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000174 relativa a "Política general en materia fiscal y tributaria".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos comparativos, los españoles son cada día más pobres. El PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96 % del PIB per cápita medio de la Unión Europea, sin embargo, en 2023 representa menos de un 81 %. Del mismo modo, el PIB per cápita de España en 2008 representaba el 73 % del estadounidense; y en 2023 esta cifra ha caído hasta el 40 %. Décadas de empobrecimiento constante con la firma del bipartidismo. PP y PSOE se han revelado como dos caras de una misma moneda que empuja a España en una única dirección: la de la ruina. Es la España del decrecimiento, la España periférica de los desplazados por la agenda globalista y la España de los desposeídos, material y simbólicamente. En definitiva, una España irreconocible.

Los salarios reales de los españoles llevan estancados tres décadas y cada día la distancia con los países de nuestro entorno es mayor: en 1993, la distancia entre el salario de España y el de Francia era del 8,3 %; en 2023, fue del 33,7 %. Y en comparación con Alemania, el salario medio real alemán en 1993 era un 25,75 % superior al español y en 2023 fue un 48,14 % superior. La consecuencia necesaria es que la certeza social heredada de la progresión material en base al esfuerzo, la formación y el buen desempeño es hoy una quimera. De este modo, arrasadas las garantías y las expectativas, los jóvenes españoles están abocados al caos itinerante, sin capacidad para orientar su vida hacia objetivos alcanzables.

En Castilla y León, esta degradación tiene rostro muy concreto: una tierra convertida en laboratorio de la España vacía por culpa de décadas de abandono del bipartidismo. La Comunidad ha perdido cerca de 190.000 habitantes desde 2010, expulsando a generaciones enteras de jóvenes que se ven obligados a hacer la maleta porque aquí no hay futuro. El PIB per cápita de Castilla y León ronda los 29.700 euros, por debajo de la media nacional a pesar de su enorme riqueza agraria, ganadera e industrial, lo que demuestra que la prosperidad se la quedan siempre los mismos. Al mismo tiempo, es una de las regiones más envejecidas de España y de Europa, con más de 220 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, mientras uno de cada cuatro habitantes vive en riesgo de pobreza o exclusión social y los precios de la vivienda han subido en torno a un tercio en apenas seis años. Esta es la realidad de la España interior: una tierra saqueada fiscalmente, despoblada demográficamente y despreciada políticamente por quienes han gobernado España y Castilla y León durante décadas.

Con los salarios por los suelos y el coste de la vida en crecimiento perpetuo a los españoles se les obliga a tomar una decisión imposible: llenar la despensa o el depósito, pagar la mensualidad del alquiler o hipotecar la Navidad de sus hijos. El precio de los alimentos se ha duplicado desde 2002 y la mitad de esta subida se ha producido desde finales de 2021. Sólo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, alimentos básicos de nuestra dieta han sufrido subidas récord: los huevos han subido un 70 %, la leche un 53 %, las patatas un 52 %, el arroz un 43 % y el pescado un 43 %, entre otros.

En consecuencia, los hábitos de consumo de los españoles están cambiando forzosamente y lo que han sido secularmente un básico de nuestra alimentación son hoy un lujo inaccesible. En términos generales, a pesar de haber aumentado la población 2,5 millones de personas en la última década, el consumo se ha hundido; además, a pesar de que se consume menos cantidad, el gasto es muy superior, pasando de 66.437,8 millones de euros en 2015 a 84.247,27 millones de euros en 2025. Esta caída del consumo se ha producido especialmente en los productos frescos: el consumo de pescado fresco ha caído un 35 %, las hortalizas frescas un 16 % y las frutas frescas un 19 %. Inversamente, el consumo de los alimentos más asequibles sube: el consumo de huevos y patatas ha subido un 11 %.

En materia energética, la situación no es mejor. El precio de la luz en España ha subido un 146 % en 15 años. En 2010, el precio medio anual de la electricidad era de 45,83 euros por megavatio hora (€/MWh), mientras que en 2025 alcanza los 112,1 €/MWh. Y con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha disparado la pobreza energética: sube un 185 % el total de población que no puede calentar su casa, hasta los 10 millones de personas, liderando este vergonzoso ranking en la Unión Europea. Cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hablaba de que "la resiliencia climática necesita arraigarse en la sociedad", en el fondo, nos estaba diciendo que los españoles tienen que acostumbrarse a pasar frío. La España del reto digital pasa más frío que la analógica y hemos sobrepasado la frontera de lo soportable, ya no hay filigrana retórica capaz de opacar ni un ápice las miserias que padecen los españoles mientras se les dice "que todo va bien", "que España es la que más crece" y que "los españoles viven mejor que nunca".

Recorriendo este sendero de ruina y escasez, la vivienda -más bien su ausencia e inaccesibilidad- es hoy la madre de todas las precariedades. Hemos pasado de ser un país de propietarios a uno de precarios sin casa. De las segundas viviendas a las viviendas de segunda. De la vivienda de protección oficial a la protección oficial de la ocupación. De las grúas a los solares. De la estabilidad de las familias a una generación caracol que va con la casa a cuestas sin poder echar raíces en ningún lado. En 2002, el 65 % de los jóvenes entre 23 y 28 años eran propietarios; hoy ese dato ha caído más de 40 puntos; en 2011, el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas, hoy solo el 31 %. En los 90 comprar una casa suponía 3 años y medio de salario bruto anual; hoy, en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga exige más de 10 años. Y si los españoles ya no pueden comprar, son otros los que lo aprovechan y compran: 6 de cada 10 operaciones de compraventa se hacen sin hipoteca y se ha triplicado el stock de vivienda en manos de fortunas extranjeras y fondos.

Dado que la puerta de la propiedad está cerrada para los españoles de a pie, no tienen más remedio que pelear en el mercado del alquiler. Si en 2002 el esfuerzo que suponía a una familia humilde pagar el alquiler era un 25 % de sus ingresos, hoy más del 40 % de los españoles dedica más del 40 % de su renta mensual a pagar una vivienda que nunca será suya, y en las principales ciudades supera el 60 %. La mitad de los inquilinos españoles está en riesgo de exclusión social, el doble que la media de la Unión Europea. Y mientras tanto, la respuesta del Gobierno sigue siendo inmigración, inmigración y más inmigración. Casi tres millones de inmigrantes en siete años.

En los demás sectores, más de lo mismo: el precio de los coches en España ha subido cuatro veces más que los salarios desde 2019, el gasto medio anual en combustible sigue en ascenso, también los seguros se superan año tras año, y así ocurre con la práctica totalidad de todo el abanico de bienes y servicios esenciales. Y, por si fuese poco, la inflación les ha robado el ocio a los españoles. Mientras tanto, desde que gobierna Pedro Sánchez, la carga fiscal de cada español se ha disparado en 2.416 euros, desde los 4.157 euros en 2017 hasta los 6.573 euros en 2025, siendo la recaudación prevista para finales de 2025 superior a los 325.000 millones de euros. El resultado es la nula capacidad de ahorro y la imposibilidad de articular una vida parecida a la de nuestros padres. Los españoles han dejado de vivir para tratar de sobrevivir.

Este es el legado de décadas de bipartidismo: hambre, frío y pre-chabolismo. Según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2025, el indicador básico de riesgo de pobreza alcanzó en España un 20,2 % en 2023. Esto supone que una de cada cinco personas vive en hogares cuyos ingresos son inferiores al 60 % del ingreso mediano; siendo este dato superior en 4 puntos al promedio de la UE-27 (16,2 %) y estando muy por encima del que registran las principales economías europeas.

Este empobrecimiento radical se traduce en una ruptura, que es en realidad una promesa incumplida: las nuevas generaciones de españoles ya no viven mejor que sus padres. Cada nueva generación conoce un nuevo sótano de escasez y precariedad; las certezas materiales que han vertebrado la vida en común han desaparecido; y el horizonte de expectativas de los jóvenes españoles se ha desplomado por completo. Esta nueva geografía social de desposeídos no tiene casa, tampoco ahorros y encadena trabajos mal remunerados. Es un hecho: la clase media, otrora espina dorsal de la sociedad española, ha quedado reducida a la categoría de figura mitológica.

Castilla y León simboliza mejor que ningún otro territorio el fracaso del modelo del bipartidismo, la agenda globalista y el autonomismo: impuestos altos, servicios menguantes, pueblos vacíos y miles de jóvenes condenados a elegir entre irse o resignarse a la precariedad.

VOX es la única garantía de que las necesidades de los españoles se conviertan en prioridades políticas y el aval de que los españoles siempre vayan primero. En este contexto de emergencia económica y social, el Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Castilla y León entiende urgente proponer un plan para hacer frente a la subida de precios.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

A) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación para que, conforme a los trámites legalmente oportunos y procedimientos de reforma previstos normativamente, proceda a:

1. Impulsar en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, la reducción del tipo general del 21 % al 18 % y el reducido del 10 % al 8 %.

• Promover de forma permanente un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.

• Reducir al tipo superreducido del IVA los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de fórmula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.

• Establecer de forma permanente el tipo del IVA al 4 % en las facturas de luz, de gas y agua para hogares.

2. Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000 €, un primer tramo hasta los 70.000 € que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 € que tributará a un tipo del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.

• Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.

• Hasta la consecución de la reforma fiscal, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.

3. Establecer una bonificación del 100 % de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.

4. Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos en las facturas de luz y gas para los hogares.

5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida y los programas de vivienda. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar que ningún español sufra hambre debido a dificultades económicas.

6. En un contexto de emergencia habitacional, proceder a la exhaustiva revisión de todas las tasas e impuestos con el objeto de suprimir y/o bonificar las tasas o impuestos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento del precio final de los inmuebles, así como el pago en diferido de los impuestos que gravan la compra de inmuebles.

7. Promover las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos, con el fin de corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria, en la que el sector primario ocupa el eslabón más débil.

• Incentivar fiscalmente la producción nacional frente a la competencia desleal extranjera, así como adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la distribución de los productos alimentarios por todo el territorio nacional, logrando así una reducción de costes para las empresas del sector.

8. Eliminar el gasto superfluo e improductivo para conseguir reducir la deuda pública en el menor tiempo posible sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.

B) Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que conforme a los trámites legalmente oportunos y procedimientos de reforma previstos normativamente proceda a:

1. Impulsar las medidas legales para extender al tramo autonómico del IRPF nuestra propuesta de simplificación y reducción de los tipos. Se establecerá un mínimo exento de 22.000 €, un primer tramo hasta los 70.000 € que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 € que tributará a un tipo del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.

a. Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.

b. Hasta la consecución de la reforma fiscal, ampliar y simplificar las deducciones ya existentes en el tramo autonómico del IRPF por compra, alquiler y rehabilitación de vivienda habitual, eliminando trabas burocráticas innecesarias y actualizando los límites de renta a la realidad socioeconómica de los contribuyentes en Castilla y León; y, adicionalmente, establecer nuevas deducciones específicas que prioricen el acceso a la propiedad y a la vivienda habitual de los jóvenes, de las familias numerosas y de las personas con discapacidad.

2. Presionar para la bajada de todos los impuestos que repercuten sobre la factura de la luz y provocan el encarecimiento de los suministros.

3. Impulsar las medidas legales para acabar con todos los tributos propios de la Comunidad, en especial el impuesto sobre la afección medioambiental, y a reducir de manera drástica el conjunto de tasas autonómicas previstas en la Ley 12/2001, de tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de avanzar hacia su eliminación progresiva y aliviar la presión fiscal que sufren las familias, los jóvenes, el campo, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

4. Establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida y los programas de vivienda. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar que ningún español sufra hambre debido a dificultades económicas.

5. En un contexto de emergencia habitacional, impulsar las medidas legales para proceder a la exhaustiva revisión de todas las tasas e impuestos autonómicos con el objeto de suprimir y/o bonificar las tasas e impuestos autonómicos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento del precio final de los inmuebles, así como el pago en diferido de los impuestos que gravan la compra de inmuebles.

6. Incentivar fiscalmente la producción nacional frente a la competencia desleal extranjera, así como adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la distribución de los productos alimentarios por todo el territorio nacional, logrando así una reducción de costes para las empresas del sector.

7. Eliminar el gasto superfluo e improductivo para conseguir reducir la deuda pública en el menor tiempo posible sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.

En Valladolid, a 10 de diciembre de 2025.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos