4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001716-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de diciembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001716 a PNL/001718.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de diciembre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual artículo 12 de la LOEx establece que los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria. Con el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.
En Castilla y León se dictó una Resolución por parte de la Gerencia Regional de Salud de fecha 12 de junio de 2018, por la que se establecía un "Programa asistencial de carácter social para la población extranjera en situación administrativa irregular residente en la comunidad de Castilla y León y con recursos económicos insuficientes". Así se facilita un documento específico para el acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España. Consecuentemente el SACyL presta dichos servicios sanitarios en el ámbito territorial de Castilla y León y la Consejería de Sanidad cuenta con los datos de los inmigrantes que residiendo ilegalmente en España han obtenido dicha "tarjeta" sanitaria.
En virtud del deber de colaboración entre Administraciones públicas entendemos que es legalmente posible que los datos relativos a estas personas que residen ilegalmente en España se pongan en manos de las autoridades competentes en materia de extranjería.
En efecto, la LOEX en su Disposición adicional quinta. Acceso a la información, colaboración entre Administraciones públicas y gestión informática de los procedimientos, establece que:
"1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo".
La inmigración irregular o descontrolada ejerce una presión notable sobre el Estado del Bienestar y los servicios públicos, además de producir un efecto llamada que perpetúa el problema de la llegada ilegal de nuevos inmigrantes. La prestación de asistencia sanitaria gratuita y universal a personas extranjeras en situación ilegal genera una presión adicional significativa sobre un sistema sanitario ya sobrecargado. Los ciudadanos españoles y los residentes legales en Castilla y León sufren las consecuencias de esta política en forma de listas de espera más largas, saturación de los servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias, y una creciente dificultad para acceder a servicios especializados. Esta situación es especialmente grave en el medio rural de nuestra Comunidad, donde la escasez de profesionales sanitarios y la dispersión geográfica ya dificultan el acceso a servicios de salud de calidad. La incorporación de decenas de miles de usuarios adicionales al sistema, sin una planificación adecuada ni recursos proporcionales, compromete la sostenibilidad del modelo y perjudica directamente a quienes han contribuido durante toda su vida al sostenimiento de la sanidad pública mediante sus impuestos.
Por otro lado, la tutela de MENAs supone un coste significativo para las Comunidades Autónomas. Se estima que el mantenimiento mensual de un menor no acompañado en centros especializados supera los 4.000 euros al mes, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia médica, educación, personal y seguridad. A esto se suma el reciente reparto estatal de MENAs entre Comunidades. Castilla y León ha sido instada a proveer de 763 plazas para nuevos menores extranjeros no acompañados. Esta cifra supone duplicar el número actual de menores tutelados y generará, como desde VOX venimos denunciado, un gasto anual cercano a los 27 millones de euros para la Comunidad, sin contar las prestaciones complementarias.
Aunque las competencias sobre inmigración son estatales, las Comunidades Autónomas tienen margen de actuación en materias como servicios sociales, sanidad, educación y seguridad ciudadana. Algunas Comunidades, como Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, han aplicado recientemente políticas de contención y priorización en el marco de sus competencias.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Establecer un marco colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional a los efectos de la cesión de datos de personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente expedido por el SACYL.
2.- Poner en marcha, tras los trámites legales oportunos, un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores.
3.- Elaborar, de acuerdo con la legislación vigente, planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen mediante la colaboración para su reintegración con los servicios de protección del menor de dichos países de origen.
4.- Elaborar un informe detallado sobre el impacto económico, directo e indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido sobre por todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León.
En Valladolid, a 5 de diciembre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001716-01
CVE="BOCCL-11-015808"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 46630-46632
BOCCL nº 499/11 del 16/12/2025
CVE: BOCCL-11-015808
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001716-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional a los efectos de la cesión de datos de personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentren registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente expedido por el SACYL; a poner en marcha, tras los trámites legales oportunos, un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores; a elaborar, de acuerdo con la legislación vigente, planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen mediante la colaboración para su reintegración con los servicios de protección del menor de dichos países de origen; y a elaborar un informe detallado sobre el impacto económico, directo e indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido sobre todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de diciembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001716 a PNL/001718.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de diciembre de 2025.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual artículo 12 de la LOEx establece que los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria. Con el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.
En Castilla y León se dictó una Resolución por parte de la Gerencia Regional de Salud de fecha 12 de junio de 2018, por la que se establecía un "Programa asistencial de carácter social para la población extranjera en situación administrativa irregular residente en la comunidad de Castilla y León y con recursos económicos insuficientes". Así se facilita un documento específico para el acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España. Consecuentemente el SACyL presta dichos servicios sanitarios en el ámbito territorial de Castilla y León y la Consejería de Sanidad cuenta con los datos de los inmigrantes que residiendo ilegalmente en España han obtenido dicha "tarjeta" sanitaria.
En virtud del deber de colaboración entre Administraciones públicas entendemos que es legalmente posible que los datos relativos a estas personas que residen ilegalmente en España se pongan en manos de las autoridades competentes en materia de extranjería.
En efecto, la LOEX en su Disposición adicional quinta. Acceso a la información, colaboración entre Administraciones públicas y gestión informática de los procedimientos, establece que:
"1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo".
La inmigración irregular o descontrolada ejerce una presión notable sobre el Estado del Bienestar y los servicios públicos, además de producir un efecto llamada que perpetúa el problema de la llegada ilegal de nuevos inmigrantes. La prestación de asistencia sanitaria gratuita y universal a personas extranjeras en situación ilegal genera una presión adicional significativa sobre un sistema sanitario ya sobrecargado. Los ciudadanos españoles y los residentes legales en Castilla y León sufren las consecuencias de esta política en forma de listas de espera más largas, saturación de los servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias, y una creciente dificultad para acceder a servicios especializados. Esta situación es especialmente grave en el medio rural de nuestra Comunidad, donde la escasez de profesionales sanitarios y la dispersión geográfica ya dificultan el acceso a servicios de salud de calidad. La incorporación de decenas de miles de usuarios adicionales al sistema, sin una planificación adecuada ni recursos proporcionales, compromete la sostenibilidad del modelo y perjudica directamente a quienes han contribuido durante toda su vida al sostenimiento de la sanidad pública mediante sus impuestos.
Por otro lado, la tutela de MENAs supone un coste significativo para las Comunidades Autónomas. Se estima que el mantenimiento mensual de un menor no acompañado en centros especializados supera los 4.000 euros al mes, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia médica, educación, personal y seguridad. A esto se suma el reciente reparto estatal de MENAs entre Comunidades. Castilla y León ha sido instada a proveer de 763 plazas para nuevos menores extranjeros no acompañados. Esta cifra supone duplicar el número actual de menores tutelados y generará, como desde VOX venimos denunciado, un gasto anual cercano a los 27 millones de euros para la Comunidad, sin contar las prestaciones complementarias.
Aunque las competencias sobre inmigración son estatales, las Comunidades Autónomas tienen margen de actuación en materias como servicios sociales, sanidad, educación y seguridad ciudadana. Algunas Comunidades, como Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, han aplicado recientemente políticas de contención y priorización en el marco de sus competencias.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Establecer un marco colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional a los efectos de la cesión de datos de personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente expedido por el SACYL.
2.- Poner en marcha, tras los trámites legales oportunos, un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores.
3.- Elaborar, de acuerdo con la legislación vigente, planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen mediante la colaboración para su reintegración con los servicios de protección del menor de dichos países de origen.
4.- Elaborar un informe detallado sobre el impacto económico, directo e indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido sobre por todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León.
En Valladolid, a 5 de diciembre de 2025.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/001716-01
CVE="BOCCL-11-015808"
