4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000167-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de junio de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000103 a PE/000217.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de junio de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero, M.ª Carmen Iglesias Parra, Daniel de la Rosa Villahoz, Nuria Rubio García, Miguel Ángel Blanco Pastor, Francisco Díaz Muñoz, Sergio Iglesias Herrera, Esther Pérez Pérez y Jesús lñaki Gómez Domínguez, Procuradores y Procuradoras, pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Las entidades que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en las tareas de extinción a partir de este jueves, una decisión que afecta a cerca de 950 bomberos forestales en vísperas del inicio de la época de alto riesgo. La medida se justifica por un conflicto relacionado con las condiciones de trabajo y la aplicación de la normativa laboral durante las emergencias.
Según los responsables del operativo, existe una incompatibilidad entre las exigencias propias de la extinción de incendios -como la disponibilidad inmediata, la prolongación de jornadas o la actuación continuada en situaciones extremas- y los criterios aplicados por la Inspección de Trabajo en materia de jornadas, descansos y prevención de riesgos. Denuncian que esta situación genera inseguridad jurídica y dificulta la prestación del servicio.
El conflicto, que lleva más de un año sin resolverse, vuelve a poner el foco en las condiciones laborales de los bomberos forestales y coincide con un periodo de especial riesgo por altas temperaturas, sequía y abandono del medio rural. Los afectados advierten de que la falta de una solución puede comprometer tanto la seguridad de los trabajadores como la eficacia del dispositivo de extinción de incendios.
Preguntas
1. ¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que el operativo pueda quedarse sin cerca de 950 efectivos justo antes de la campaña de máximo riesgo de incendios?
2. ¿Por qué no actuó la Junta de Castilla y León antes de llegar a este escenario límite?
3. ¿Existe una contradicción entre lo que exige la Junta de Castilla y León y lo que sanciona la Inspección de Trabajo?
4. ¿Reconoce la Junta de Castilla y León que el modelo actual de extinción no tiene un encaje legal claro?
5. Si la extinción de incendios se considera legalmente trabajo ordinario y no una emergencia excepcional, ¿cómo pretende garantizar la Junta una respuesta inmediata ante grandes fuegos?
6. ¿Cuántas reuniones ha mantenido la Junta de Castilla y León con las empresas afectadas y qué medidas concretas se han planteado para evitar esta ruptura del operativo?
7. ¿Puede asegurar la Junta de Castilla y León que los bomberos forestales estaban trabajando hasta ahora en condiciones plenamente legales y seguras?
8. ¿La Administración autonómica estaba exigiendo a las empresas asumir riesgos jurídicos para sostener el servicio?
9. ¿Está acelerando la Junta de Castilla y León la salida de las empresas privadas sin tener todavía preparada una estructura pública capaz de sustituirlas?
10. ¿Puede garantizar hoy la Junta de Castilla y León que no habrá reducción de medios ni problemas de coordinación durante la campaña de incendios?
11. ¿Está minimizando la Junta de Castilla y León la gravedad real del conflicto?
12. Si finalmente las empresas dejan de intervenir y este verano se produce un gran incendio con falta de efectivos o problemas operativos, ¿quién asumirá la responsabilidad política y jurídica de las consecuencias?
13. Después de años de advertencias sobre precariedad, inseguridad jurídica y falta de adaptación normativa a la realidad de los incendios forestales, ¿estamos ante un conflicto puntual o ante el reconocimiento de que el modelo de lucha contra incendios en Castilla y León está estructuralmente agotado?
Valladolid a 1 de junio de 2026.
PE/000167-01
CVE="BOCCL-12-000240"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 1239-1242
BOCCL nº 16/12 del 29/6/2026
CVE: BOCCL-12-000240
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, D. Daniel de la Rosa Villahoz, Dña. Nuria Rubio García, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Francisco Díaz Muñoz, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Esther Pérez Pérez y D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, relativa al anuncio de las entidades que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León de que dejarán de intervenir en tareas de extinción a partir de este jueves cerca de 950 bomberos forestales, el conflicto relacionado con las condiciones de trabajo y la aplicación de la normativa laboral durante las emergencias.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de junio de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000103 a PE/000217.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de junio de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero, M.ª Carmen Iglesias Parra, Daniel de la Rosa Villahoz, Nuria Rubio García, Miguel Ángel Blanco Pastor, Francisco Díaz Muñoz, Sergio Iglesias Herrera, Esther Pérez Pérez y Jesús lñaki Gómez Domínguez, Procuradores y Procuradoras, pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Las entidades que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en las tareas de extinción a partir de este jueves, una decisión que afecta a cerca de 950 bomberos forestales en vísperas del inicio de la época de alto riesgo. La medida se justifica por un conflicto relacionado con las condiciones de trabajo y la aplicación de la normativa laboral durante las emergencias.
Según los responsables del operativo, existe una incompatibilidad entre las exigencias propias de la extinción de incendios -como la disponibilidad inmediata, la prolongación de jornadas o la actuación continuada en situaciones extremas- y los criterios aplicados por la Inspección de Trabajo en materia de jornadas, descansos y prevención de riesgos. Denuncian que esta situación genera inseguridad jurídica y dificulta la prestación del servicio.
El conflicto, que lleva más de un año sin resolverse, vuelve a poner el foco en las condiciones laborales de los bomberos forestales y coincide con un periodo de especial riesgo por altas temperaturas, sequía y abandono del medio rural. Los afectados advierten de que la falta de una solución puede comprometer tanto la seguridad de los trabajadores como la eficacia del dispositivo de extinción de incendios.
Preguntas
1. ¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que el operativo pueda quedarse sin cerca de 950 efectivos justo antes de la campaña de máximo riesgo de incendios?
2. ¿Por qué no actuó la Junta de Castilla y León antes de llegar a este escenario límite?
3. ¿Existe una contradicción entre lo que exige la Junta de Castilla y León y lo que sanciona la Inspección de Trabajo?
4. ¿Reconoce la Junta de Castilla y León que el modelo actual de extinción no tiene un encaje legal claro?
5. Si la extinción de incendios se considera legalmente trabajo ordinario y no una emergencia excepcional, ¿cómo pretende garantizar la Junta una respuesta inmediata ante grandes fuegos?
6. ¿Cuántas reuniones ha mantenido la Junta de Castilla y León con las empresas afectadas y qué medidas concretas se han planteado para evitar esta ruptura del operativo?
7. ¿Puede asegurar la Junta de Castilla y León que los bomberos forestales estaban trabajando hasta ahora en condiciones plenamente legales y seguras?
8. ¿La Administración autonómica estaba exigiendo a las empresas asumir riesgos jurídicos para sostener el servicio?
9. ¿Está acelerando la Junta de Castilla y León la salida de las empresas privadas sin tener todavía preparada una estructura pública capaz de sustituirlas?
10. ¿Puede garantizar hoy la Junta de Castilla y León que no habrá reducción de medios ni problemas de coordinación durante la campaña de incendios?
11. ¿Está minimizando la Junta de Castilla y León la gravedad real del conflicto?
12. Si finalmente las empresas dejan de intervenir y este verano se produce un gran incendio con falta de efectivos o problemas operativos, ¿quién asumirá la responsabilidad política y jurídica de las consecuencias?
13. Después de años de advertencias sobre precariedad, inseguridad jurídica y falta de adaptación normativa a la realidad de los incendios forestales, ¿estamos ante un conflicto puntual o ante el reconocimiento de que el modelo de lucha contra incendios en Castilla y León está estructuralmente agotado?
Valladolid a 1 de junio de 2026.
PE/000167-01
CVE="BOCCL-12-000240"
